El pleno de la Cámara de Diputados de Oaxaca aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal estatal para que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen bajo el protocolo de feminicidio. La propuesta, impulsada por la diputada Concepción Rueda y presentada por la Comisión de Equidad de Género, recibió 39 votos a favor de los 42 posibles, con tres legisladores ausentes.
La modificación obliga al fiscal general a garantizar que las investigaciones se realicen con perspectiva de género, debida diligencia y enfoque de derechos humanos.
La reforma establece que únicamente después de una investigación exhaustiva, técnica y libre de estereotipos se podrá determinar si los hechos no constituyen feminicidio. Además, busca fortalecer las acciones institucionales para combatir la impunidad y garantizar justicia, verdad y reparación integral a las víctimas indirectas.

La diputada Rueda destacó durante su intervención que investigar sin perspectiva de género perpetúa la impunidad y recordó casos emblemáticos como el de Mariana Lima.
La iniciativa responde a criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La legisladora afirmó: “Las mujeres de Oaxaca merecen un sistema de justicia que las proteja, no que las abandone. Ni un paso atrás en la lucha contra la violencia feminicida”.
Son miles los crímenes violentos contra mujeres
De acuerdo con reportes estadísticos de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, en 2022 se registraron mil 16 crímenes violentos contra mujeres y feminicidios. En 2023, la cifra se redujo apenas a mil 15 casos, y en 2024 bajó a mil 4.
Los datos reportados en 2025 indican 894 crímenes de mujeres. Sin embargo, solo el 30 por ciento de estos casos tuvo avances al investigarse mediante el protocolo de feminicidio.
La diputada Rueda recordó hechos ocurridos en Oaxaca donde se reprodujeron narrativas de suicidio sin una investigación adecuada.
Reforma eliminará estereotipos y garantizará justicia
La modificación al Código Penal estatal obliga a la Fiscalía a aplicar estándares internacionales en materia de derechos humanos y perspectiva de género. Esto implica que los ministerios públicos y peritos deberán capacitarse para evitar sesgos y estereotipos durante las investigaciones. Además, se fortalecerán los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el seguimiento de los casos.
Finalmente, se espera que la implementación efectiva de la medida contribuya a reducir los altos índices de impunidad que históricamente han caracterizado estos delitos.






