La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atraer el tema de los amparos promovidos por habitantes del municipio mexiquense de Ecatepec, ante la insuficiencia y mala calidad de agua potable, podría marcar un precedente nacional en la protección del derecho humano al líquido.
Así lo expuso la diputada del Partido Verde por ese municipio, Miriam Silva Mata, quien recordó que, en sesión pública del 15 de enero, cinco ministros votaron a favor de atraer el caso de Ecatepec, por considerar su trascendencia social.
Fue la propia legisladora local quien planteó al Máximo Tribunal del país la necesidad de analizar si las medidas adoptadas por el gobierno municipal se ajustaban al marco constitucional que reconoce al agua el derecho humano, incluso para usuarios que están al corriente en sus pagos.
El debate en la Suprema Corte
Al atraer el asunto, la Suprema Corte ordenó a los Tribunales Colegiados del Estado de México suspender cualquier resolución pendiente vinculada con este conflicto para que no se emitan sentencias definitivas en tanto se realiza el análisis de fondo.
El estudio constitucional se enfocará en la asignación diaria de un volumen mínimo de agua -50 litros- por parte de la autoridad municipal, que argumenta escasez del recurso y limitaciones técnicas del sistema de distribución.
En conferencia de prensa, Silva Mata explicó que la ruta legal inició en 2020, en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19, cuando vecinas y vecinos de colonias, como Caterpillar y otras zonas del oriente de Ecatepec, enfrentaron la falta del suministro regular y la dependencia de pipas municipales.
A partir de entonces, abundó, se promovieron más de 18 amparos colectivos, sin que existiera un mecanismo efectivo para garantizar su cumplimiento.
Silva Mata detalló que, aunque en un inicio jueces de distrito concedieron suspensiones para asegurar 150 litros diarios por persona, en 2022 se homologó el criterio a 50 litros diarios, cantidad que, subrayó, no garantiza condiciones mínimas de vida ni de salud.
“Son resoluciones declarativas sin instrumentos de ejecución; por eso acudimos al máximo tribunal”, expuso.
Revive la solicitud con la nueva integración de la Corte
La diputada Verde recordó que fue hasta septiembre del año pasado, con una nueva integración de la Corte, cuando se escuchó a las comunidades afectadas.
En esa sesión pública del 15 de enero, el ministro presidente Hugo Aguilar, así como las ministras Lenia Batres y Loretta Ortiz, además de otros integrantes del pleno, votaron a favor de atraer el caso de Ecatepec por su trascendencia social.
La legisladora subrayó que la Corte no sólo puede reconocer la violación al derecho humano al agua, sino ordenar una solución estructural, con diagnóstico integral y presupuesto etiquetado multianual, a fin de garantizar el acceso continuo al servicio.
“Eso cambia el rumbo de Ecatepec, porque deja de depender del arbitrio de cada administración municipal”, sostuvo.
Los amparos abarcan 759 personas de colonias como Alborada, Aragón, Valle de Aragón, Ciudad de Oriente, Granjas de Ecatepec, Sagitarios, Sauces, Villa Cosmos, entre otras.
Aunque la atracción se refiere a esos casos, Silva Mata enfatizó que el impacto de la resolución puede extenderse a todo el municipio, donde viven alrededor de un millón 700 mil personas con severas carencias hídricas.
La legisladora local vinculó la trascendencia del fallo con hallazgos recientes del Operativo Caudal, que evidenció afectaciones al abasto en decenas de municipios del Estado de México por robo y mala gestión del agua.
“Lo que resuelva la Corte puede abrir el camino a una justicia hídrica que transforme la vida cotidiana de Ecatepec y siente bases para otros territorios del país”, puntualizó.
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