En 2025 la fortuna conjunta de los 22 millonarios mexicanos alcanzó los 3.9 billones de pesos, la cifra más alta desde que se tiene registro, de acuerdo con la organización Oxfam México.
La organización expuso que, desde 1996, esta riqueza se ha multiplicado 4.2 veces, mientras los ingresos públicos permanecen entre los más bajos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y de América Latina.
La concentración de capital en manos de unos pocos contrasta con la precariedad de millones, añadió en su informe “Oligarquía o democracia. Nueve propuestas contra la acumulación extrema de poder”.
Comparó que 1% de la población mexicana percibe 35% del ingreso total y posee 40% de la riqueza privada nacional, mientras 38.5 millones de personas viven con carencias sociales o ingresos por debajo de la línea de bienestar.
Así, Carlos Slim, el hombre más rico de América Latina, incrementó su fortuna 66% desde 2020, acumulando 107 mil 100 millones de dólares, el mayor monto de su historia.
Su riqueza crece a un ritmo de 273 dólares por segundo, lo que un trabajador con salario mínimo tardaría 19 días en ganar.
Millonarios mexicanos tienen poder de veto: Oxfam
En su informe, la organización advirtió que este poder económico otorga a los ultrarricos un “poder de veto” sobre el modelo de desarrollo nacional, debilitando la democracia y fortaleciendo una oligarquía.
La economía mexicana, que apenas crece 2% anual desde 1981, se traduce en pobreza de ingresos, falta de acceso a recursos básicos y sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerados, especialmente en mujeres de los sectores más pobres, añadió.
Oxfam México planteó nueve propuestas para revertir esta concentración, entre ellas una fiscalidad justa, infraestructura pública de cuidados y transporte sustentable, y mayor participación social en las decisiones de inversión pública.
“Transformar, reparar y redistribuir no es solo una agenda técnica sino una decisión política urgente”, subrayó Alexandra Haas, directora ejecutiva de la organización.
Sostuvo que sin democracia económica no hay democracia plena. Recuperar la economía para el interés público es indispensable para garantizar derechos, representación y bienestar colectivo.
