México ya no puede seguir hablando de sus desaparecidos como si se tratara de una suma de tragedias aisladas, de expedientes mal integrados o de una larga cadena de omisiones administrativas. Lo que tiene enfrente es algo mucho más severo: un sistema de desaparición sostenido por impunidad, captura criminal del territorio, degradación democrática y un Estado que, según el lugar del mapa, falla, tolera, encubre o participa. El país fue degradado por el Instituto V-Dem a la categoría de autocracia electoral, una clasificación que muchos quieren leer sólo como debate político sobre elecciones y contrapesos, pero que en realidad tiene consecuencias mucho más densas y mucho más sangrientas. Un país donde se erosionan la independencia institucional, el Estado de derecho y los límites al poder es también un país donde desaparecer personas es cada día más fácil, investigar más difícil y mentir desde el poder más rentable.
El país donde se puede borrar a una persona
Más de 130 mil personas registradas como desaparecidas o no localizadas desde 2006, decenas de miles de restos sin identificar, fosas clandestinas repartidas por el territorio, familias convertidas en brigadas de búsqueda porque el Estado no lo hace o lo hace tarde, mal o apenas para cumplir con el protocolo de imagen. México dejó atrás hace tiempo la idea de una “crisis de seguridad” convencional. El problema tampoco cabe ya en la fórmula burocrática de “deuda de derechos humanos”. Lo que existe es un país donde desaparecer dejó de ser una anomalía y empezó a ser una condición estructural.
El propio gobierno, al presentar la maquillada revisión del registro nacional a finales de marzo, reconoció que una parte enorme de los expedientes carece de datos suficientes y que sólo una fracción de los casos que siguen activos tiene carpeta de investigación. Al hacerlo, reconoce también el aparato formal del Estado investiga de manera sistemática la ausencia de miles de personas.
El lenguaje del gobierno también delata mucho. Habla de “depurar”, “reclasificar”, “cruzar bases de datos”, “mejorar trazabilidad”, “actualizar registros”. Todo eso puede ser técnicamente necesario. El problema es político. En México, la obsesión por la depuración de la cifra se ha vuelto demasiado visible como para no sospechar que hay algo más que pulcritud estadística. Su prioridad parece ser ordenar el número antes que explicar el fenómeno, no su responsabilidad pública, sino su ansiedad por controlar el costo político del horror.
La ONU ya dejó de hablar en voz baja
Por eso la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU no puede tratarse como una exageración de organismos internacionales “mal informados”. El 2 de abril, el Comité activó el artículo 34 de la Convención y pidió al Secretario General de Naciones Unidas que remita con urgencia la situación mexicana a la Asamblea General. No se trata de una reprimenda rutinaria ni de un pronunciamiento, sino de un mecanismo excepcional reservado para escenarios donde existen indicios bien fundados de desapariciones generalizadas o sistemáticas. El propio Comité recordó que la Convención no sólo cubre casos ejecutados directamente por agentes del Estado, sino también aquellos cometidos por grupos no estatales cuando actúan con autorización, apoyo o aquiescencia estatal. Ahí se rompe de golpe la coartada favorita del poder mexicano: la de fingir que basta con decir “no fue el Estado” para exonerar al propio Estado.
La discusión ya no puede reducirse a si todos y cada uno de los casos encajan en la definición clásica de desaparición forzada. La discusión real es cuántas desapariciones ocurren en México porque el Estado local está coludido, infiltrado, paralizado o le es funcional al crimen; cuántas porque una autoridad vio y no actuó; cuántas porque alguien denunció y nadie lo atendió; cuántas porque el expediente quedó dormido a propósito; cuántas porque el silencio se volvió política pública no escrita. Allí aparece la expresión que el gobierno quería evitar a toda costa: Lesa Humanidad. No como hipérbole militante, sino como la forma jurídica y moral de nombrar una maquinaria que dejó de explicarse por hechos aislados.
La respuesta oficial: primero el relato, después las víctimas
La reacción del nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, junto con Gobernación, siguió el libreto de la negación elegante: el pronunciamiento de la ONU fue calificado como “tendencioso”, “parcial” y falto de rigor jurídico. La respuesta no empezó por el reconocimiento de la tragedia ni por el gesto elemental de admitir la magnitud del desastre, sino por la defensa política del gobierno. No cuidaron de las familias, cuidaron costo reputacional del régimen. Y esa forma de reaccionar no es la de un Estado que se asume rebasado abre archivos, admite incapacidades, recibe cooperación y se deja examinar. Es la de un Estado que se siente políticamente amenazado, se ofende por el diagnóstico y cierra filas en torno a su narrativa.
Ese reflejo tampoco nació con Claudia Sheinbaum. Tiene un antecedente directo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en la forma en que su gobierno intentó domesticar el tamaño de la tragedia. Habría que recordar a Karla Quintana, quien encabezó la Comisión Nacional de Búsqueda hasta agosto de 2023. Su salida no fue un trámite burocrático ni una simple “conclusión de ciclo”, como quiso vender López Obrador. Ocurrió en medio de la creciente presión oficial para revisar, recortar y reordenar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Diversas organizaciones y medios documentaron entonces un conflicto abierto por el intento gubernamental de “actualizar” cifras en pleno contexto preelectoral. Quintana salió de la comisión en “las circunstancias actuales”, dijo ella misma, mientras alrededor suyo crecía la sospecha de que el poder no quería verdad estadística, sino control político de los datos.
Ese antecedente importa mucho porque revela continuidad. Se trata de un mismo proyecto político tratando de administrar la crisis a través del lenguaje, la cifra y el relato. López Obrador minimizó, relativizó y descalificó cuando el tema le resultó estorbaba. Sheinbaum, con otra estética y otra voz, ha mantenido el impulso de contener el impacto político antes que reconocer la dimensión estructural. Cambió el tono; persiste la lógica.
Una autocracia no sólo sesga elecciones; también pudre territorios
El informe de V-Dem es una herramienta para leer parte la violencia real. México no fue reclasificado como autocracia electoral sólo porque el árbitro electoral esté bajo presión o porque los contrapesos estén en retroceso. Fue degradado porque su Estado se volvió más concentrado, más opaco, menos controlable y más tolerante con la erosión de la legalidad. Ese deterioro no se queda en el Congreso ni en las conferencias mañaneras. Baja al municipio, a la fiscalía local, a la policía de proximidad, al ministerio público, al retén, al predio, al rancho, a la brecha. Allí es donde la autocracia se encuentra con el crimen organizado. La estructura de daño.
Las desapariciones prosperan en un sistema así. Prosperan donde la fiscalía investiga según conveniencia política. Prosperan donde la policía municipal trabaja para quien manda de verdad. Prosperan donde alcaldes, mandos locales, agentes ministeriales y operadores criminales comparten territorio, favores, silencios y negocio. Prosperan donde el gobierno federal prefiere gestionar la percepción antes que romper el pacto de impunidad. En una democracia sólida, el crimen enfrenta al Estado; en un régimen degradado, con demasiada frecuencia se le incrusta.
Teuchitlán: una ventana a la normalización del espanto
El rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, debería seguir ocupando un lugar central en la memoria pública. No lo ocupa. Ya fue triturado por la velocidad de los escándalos mexicanos, esa máquina de olvido que devora incluso lo monstruoso. Y sin embargo, allí quedó expuesto un retrato insoportable del país: ropa, calzado, mochilas, restos, indicios de cremación, señales de entrenamiento, rastros de vidas trituradas. Colectivos de búsqueda denunciaron desde el inicio que el sitio había operado como centro de reclutamiento, adiestramiento y posible exterminio. Un año después, la propia autoridad federal terminó reconociendo que el rancho era utilizado para entrenamiento criminal.
Lo insoportable no es sólo el sitio, sino la secuencia. Primero llegan las familias antes que el Estado. Después, el Estado procesa mal. Más tarde, el poder discute si la palabra “exterminio” es exagerada. Luego, la conversación se desgasta. Finalmente, el país sigue adelante como si lo ocurrido fuera una pesadilla ajena. Teuchitlán no fue una ventana a un país donde pueden operar espacios de reclutamiento y desaparición con niveles de tolerancia institucional incompatibles con cualquier idea seria de Estado democrático.
Reclutamiento: el crimen organizado ya no espera en la esquina
Teuchitlán también exhibió una mutación decisiva del horror. El crimen organizado no sólo secuestra o mata: recluta. Y recluta como recluta hoy el mercado depredador: con anuncios, mensajes, ofertas de trabajo falsas, promesas de pago, hospedaje, transporte, seguridad, pertenencia o ascenso. Del otro lado no hay empleo, hay captura. Hay jóvenes que responden a una vacante y terminan en una red de trabajo forzado, adiestramiento armado, halconeo o desaparición. Hay adolescentes enganchados por chats, videojuegos, grupos de redes y conversaciones aparentemente inocuas que desembocan en explotación criminal. Hay migrantes interceptados, vendidos, utilizados como mercancía o mano de obra desechable. La precariedad económica, la erosión institucional y el control territorial del crimen ya se juntaron en un mismo mecanismo de reclutamiento y borrado.
Ésa es una de las caras más feroces de la crisis mexicana: a necesidad se convirtió en emboscada. Y el Estado, en lugar de desarticular ese sistema con inteligencia, investigación y control territorial, sigue llegando tarde o respondiendo con protocolos burocráticos. El resultado es una maquinaria de desaparición que ya no depende únicamente del levantón clásico. También se alimenta del engaño, de la promesa, de la pantalla y del abandono.
El país donde las madres buscan mientras el Estado se explica
Hay una imagen que resume mejor que cualquier informe esta tragedia: las madres buscadoras cavando con sus propias manos. Basta verla para entender el tamaño del colapso. Un país donde las familias localizan fosas, reciben llamadas anónimas, recorren ranchos, brechas y basureros o son asesinadas mientras las autoridades llegan tarde, descoordinadas o a veces estorbando, no tiene un simple problema de gestión. Tiene una ruptura moral y operativa del Estado.
México necesita dejar de hablar de sus desaparecidos como si fueran una estadística dolorosa colocada al margen de la vida pública. Son la prueba más trágica de un país que perdió la República mientras conserva la propaganda. Son el signo más nítido de un Estado degradado que todavía administra elecciones, conferencias, spots y narrativa, pero que en demasiados territorios ya no garantiza lo más elemental: que una persona pueda salir de casa sin entrar en una zona donde puede ser borrada.
¿Cuánto de una democracia sigue vivo cuando desaparecer se vuelve una posibilidad normal y encontrar la verdad depende más de las familias que del Estado?
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