Tribunales contra la libertad
En México se está consolidando una forma de censura que opera mediante denuncias, expedientes voluminosos, sanciones administrativas y litigios que buscan acallar a las personas críticas. Los casos de María Emma Zermeño, Miguel Alfonso Meza e Ignacio Gómez Villaseñor son los ejemplos más recientes, pero no únicos ni últimos, de este fenómeno. Los tres enfrentan procesos legales por ejercer el derecho a opinar, investigar o denunciar.
En distintos países este fenómeno se conoce como lawfare: el uso estratégico del derecho para presionar o silenciar adversarios. En materia de libertad de expresión, procesos judiciales destinados a elevar el costo de hablar.
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Tres personas bajo presión
María Emma Zermeño, en Sinaloa, fue sancionada por comentarios críticos expresados en un chat privado de WhatsApp sobre la diputada morenista Almendra Negrete Sánchez. Las capturas de pantalla de esa conversación fueron entregadas por un tercero y terminaron convertidas en prueba en un procedimiento por violencia política en razón de género. La resolución de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que esos mensajes constituyen violencia política de género simbólica. Entre las medidas consideradas están disculpas públicas, posibles sanciones económicas y la inscripción en un registro de personas sancionadas.
Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs, enfrenta sanciones tras publicar un análisis crítico sobre la candidatura judicial de Silvia Rocío Delgado García, quien fue abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán. El trabajo de Meza planteaba cuestionamientos sobre la idoneidad de la candidata para ocupar un cargo judicial. La respuesta fue una denuncia por violencia política de género. Las autoridades electorales confirmaron sanciones que incluyen multas, disculpas públicas y la inscripción temporal en el padrón nacional de personas sancionadas.
Ignacio Gómez Villaseñor, periodista que ha investigado durante años temas de corrupción y justicia, enfrenta ahora una demanda civil por daño moral presentada por un hombre sentenciado por homicidio en el caso Kevin Miranda. El demandante sostiene que las publicaciones del periodista dañaron su honor y estabilidad emocional. El proceso judicial continúa.
Tres historias distintas, tres trayectorias profesionales diferentes y una constante: los procedimientos legales por ejercer la crítica o la investigación periodística.
El derecho se vuelve arma contra los ciudadanos
El problema no es sólo el abuso en la aplicación de ciertas leyes. El problema está en el propio diseño de algunas figuras jurídicas que en los últimos años se incorporaron al sistema electoral mexicano, especialmente la llamada violencia política en razón de género, una categoría tan amplia y ambigua que permite convertir casi cualquier crítica dirigida a una mujer con cargo público en materia de sanción.
Esto no significa negar que exista violencia real contra mujeres en la vida política. Significa reconocer que el instrumento creado para combatirla terminó abriendo una puerta peligrosa: la posibilidad de judicializar la crítica política y el periodismo crítico.
En ese contexto aparecen casos como los de Zermeño, Meza y otros que anteceden. No son simples excesos judiciales. Son la expresión de un mecanismo que permite transformar opiniones, investigaciones o denuncias en expedientes legales.
No hace falta encarcelar a nadie. Basta con litigios largos, multas, disculpas públicas obligadas o la amenaza constante de sanciones. La amenaza es el mensaje: criticar al poder puede tener consecuencias legales.
El precedente de los chats privados
El caso de Zermeño introduce un elemento particularmente inquietante para la vida democrática. La sanción se basa en una conversación privada de WhatsApp. Un intercambio personal entre individuos que no estaba destinado a difusión pública. Esa conversación fue filtrada por un tercero y posteriormente utilizada como prueba en un procedimiento electoral.
Si ese criterio se consolida, la consecuencia es gravísima: la frontera entre lo público y lo privado se debilita, se diluye de manera peligrosa para cualquiera.
Millones de personas utilizan aplicaciones de mensajería para discutir asuntos políticos, comentar decisiones de gobierno o expresar opiniones sobre figuras públicas. Si esas conversaciones pueden convertirse en base de sanciones legales cuando alguien decide filtrarlas, la privacidad digital simplemente desaparece.
La discusión ha dejado de ser exclusivamente sobre libertad de expresión, ahora también es una discusión sobre la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, un principio protegido por la Constitución.
La violencia política de género
La controversia también toca un tema extremadamente sensible: la figura de violencia política en razón de género.
Esa herramienta legal nació para enfrentar una realidad documentada: las mujeres que participan en la vida pública han sido objeto de agresiones, amenazas y discriminación sistemática. Su existencia responde a una necesidad real de protección.
Sin embargo, diversos especialistas han advertido que su aplicación se ha transformado en un mecanismo para sancionar críticas políticas que no están basadas en el género.
Cuando una investigación periodística, un análisis o una opinión sobre la trayectoria de una funcionaria se considera violencia política de género, termina generando tensiones con otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la información.
El efecto no aparece en las sentencias
Más allá de cada expediente, existe un impacto crucial para la vida democrática: el efecto inhibidor. Cuando periodistas, activistas o ciudadanos observan que opinar, investigar o denunciar puede derivar en procesos judiciales complejos, muchos optan por limitar sus intervenciones públicas. No porque estén equivocados, sino porque el costo de defenderse legalmente puede resultar demasiado alto.
Así, no se necesita sancionar a miles de personas para controlar la conversación pública. Basta con algunos casos visibles para que el mensaje del costo de pensar y opinar distinto se extienda. La libertad de expresión no desaparece y se puede mantener la narrativa de un régimen supuestamente democrático, pero se va reduciendo gradualmente, a medida que el miedo al litigio sustituye al debate público.
Un clima político cada vez más hostil
Los tres casos también deben leerse dentro de un contexto político más amplio. En los últimos años el discurso oficial ha endurecido su tono contra periodistas, analistas y organizaciones civiles. La crítica pública se descalifica con frecuencia como conspiración, campaña o traición.
Ese clima genera condiciones propicias para que las disputas políticas se trasladen al terreno judicial. En lugar de responder con argumentos, algunos actores recurren a denuncias. En lugar de debatir investigaciones periodísticas, se presentan demandas.
Este desplazamiento del conflicto hacia tribunales termina afectando el espacio público donde debería desarrollarse la discusión democrática.
Los riesgos para la ciudadanía
La expansión de la censura judicializada no afecta únicamente a periodistas o activistas. Tiene implicaciones directas para la ciudadanía.
Mientras el costo legal de opinar aumenta, la participación pública disminuye. Si investigar irregularidades puede derivar en litigios, la vigilancia social sobre el poder se debilita. Si una conversación privada puede convertirse en material de sanción, la libertad cotidiana de discutir asuntos públicos se agota.
En democracia, el derecho a cuestionar a quienes ejercen el poder no es un privilegio del periodismo. Es una facultad de toda la sociedad. Limitar ese derecho mediante procesos legales tiene efectos que trascienden a los individuos involucrados.
Lo que está en juego
Los casos de Zermeño, Meza y Gómez Villaseñor deben entenderse como parte de un debate mayor sobre libertad de expresión.
Cuando el derecho se utiliza para resolver desacuerdos políticos o periodísticos, la democracia pierde una de sus herramientas más importantes: el debate público abierto.
Por eso estos casos merecen atención pública y solidaridad con quienes hoy enfrentan procesos legales por ejercer su voz. Porque si el precio de hablar sigue aumentando, el silencio terminará siendo la opción más segura. Y una democracia que empuja a sus ciudadanos al silencio es una democracia vacía.
