El libro y la lógica del poder
Hay transformaciones que anuncian su llegada con grandes debates públicos y otras que avanzan casi en silencio. La desaparición de Educal pertenece a la segunda categoría. Mientras buena parte de la conversación nacional gira en torno a los conflictos políticos cotidianos, una de las instituciones culturales más importantes construidas por el Estado mexicano durante las últimas cuatro décadas está dejando de existir sin provocar una discusión pública proporcional a la magnitud de lo que representa.
La absorción de Educal por el Fondo de Cultura Económica ha sido presentada como una medida de reorganización administrativa. El lenguaje oficial habla de eficiencia, optimización de recursos, eliminación de duplicidades y fortalecimiento institucional. Sin embargo, cuando una explicación administrativa intenta resumir un proceso histórico complejo, suele dejar fuera elementos fundamentales. En este caso, deja fuera una pregunta que debería ocupar un lugar central en la discusión: ¿qué ocurre cuando desaparece una institución creada específicamente para llevar libros a lugares donde el mercado no tenía interés en hacerlo?
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La pregunta importa porque Educal nunca fue solamente una empresa pública dedicada a vender libros. Su existencia respondía a una concepción particular de la política cultural. Una concepción que hoy parece estar llegando a su fin.
Una política cultural llamada Educal Fundada en 1982, EDUCAL, S.A. de C.V. surgió en una época en la que el acceso al libro era entendido como una responsabilidad pública. Su misión no consistía únicamente en comercializar publicaciones. Su propósito era construir una red de acceso cultural capaz de llegar a territorios donde la oferta editorial privada era insuficiente o simplemente inexistente. Una diferencia relevante.
Una librería comercial abre donde existe una expectativa razonable de rentabilidad. Educal fue concebida para operar también donde esa rentabilidad era incierta o inexistente. Por esa razón sus sucursales aparecieron en museos, casas de cultura, centros culturales, zonas arqueológicas y ciudades medianas o pequeñas donde difícilmente una cadena librera habría considerado viable establecerse.
Detrás de esa estrategia existía una decisión política explícita. El acceso a los libros no debía depender exclusivamente de las dinámicas del mercado. Había comunidades que requerían una intervención pública para garantizar la presencia de bienes culturales fundamentales. En otras palabras, el Estado asumía que la cultura no podía medirse únicamente mediante criterios de rentabilidad económica.
Durante décadas, esa red contribuyó a construir una presencia territorial de la cultura. No se trataba solamente de vender ejemplares, sino de mantener espacios permanentes de encuentro entre lectores y libros. En muchas ciudades, la librería de Educal representaba una de las pocas oportunidades de acceder físicamente a novedades editoriales, fondos especializados o publicaciones de instituciones culturales.
Por supuesto, la historia de Educal también estuvo marcada por problemas. Sería absurdo idealizarla. A lo largo de los años enfrentó dificultades financieras, rezagos administrativos, denuncias de malas prácticas y desafíos operativos que distintos gobiernos fueron incapaces de resolver plenamente. Sin embargo, reconocer esas deficiencias no obliga a concluir que la desaparición de la institución era la única salida posible.
Las instituciones públicas pueden reformarse, corregirse o transformarse sin dejar de existir. Precisamente por eso la discusión relevante no es si Educal tenía problemas. La discusión relevante es por qué la respuesta a esos problemas terminó siendo la desaparición de la institución misma.
Lo que está ocurriendo
Recién en abril comenzó formalmente el proceso de integración definitiva de Educal al Fondo de Cultura Económica.
Aunque algunas librerías continuarán operando, la institución desaparece como entidad independiente. La red que durante décadas tuvo identidad propia queda subordinada a otra estructura administrativa, editorial y operativa.
Las explicaciones oficiales sostienen que la medida permitirá un mejor aprovechamiento de recursos públicos, eliminará duplicidades y fortalecerá la presencia editorial del Estado bajo una sola coordinación. Desde esa perspectiva, la integración aparece como una decisión racional orientada a mejorar la eficiencia institucional. El problema es que las transformaciones institucionales no pueden evaluarse únicamente por los beneficios anunciados. También deben analizarse a partir de sus costos. Ahí aparecen las dudas.
La información pública disponible permite observar cierres de sucursales, remates de inventarios, cambios de identidad institucional y afectaciones laborales. Sin embargo, existe mucha menos claridad respecto al alcance preciso de esos efectos. ¿Cuántos trabajadores fueron o serán liquidados y cuántos reubicados? ¿Cuántas librerías cerrarán definitivamente? ¿Qué comunidades perderán acceso a estos espacios? ¿Cuál será la cobertura territorial de la nueva estructura? Las respuestas aparecen dispersas, fragmentadas o simplemente ausentes.
Ese déficit de información resulta especialmente significativo porque estamos hablando de una transformación que afecta directamente una infraestructura cultural construida durante más de cuarenta años. Si la desaparición de Educal constituye una decisión correcta, el gobierno tendría todos los incentivos para explicar con claridad sus razones, sus alcances y sus consecuencias. La opacidad que rodea diversos aspectos del proceso alimenta inevitablemente preguntas que hasta ahora permanecen sin respuesta.
Taibo como operador de la centralización
Paco Ignacio Taibo II ocupa un lugar central en esta historia. Durante décadas construyó su prestigio como promotor de la lectura y defensor del acceso popular a los libros. Sin embargo, los hechos obligan a mirar más allá de esa biografía.
Bajo su dirección desaparece Educal, la principal red pública de librerías del país.
Más que una contradicción personal, el episodio lo revela como un operador político. La desaparición de Educal se inscribe en una práctica ya conocida del actual régimen: absorber, concentrar o eliminar instituciones preexistentes en nombre de “el pueblo” y con la eficiencia, la austeridad o la simplificación administrativa como pretextos. El resultado suele ser el mismo: menos autonomía institucional, más centralización y una pérdida de capacidades construidas durante décadas.
Educal tenía problemas que debían corregirse. Lo que sigue sin explicarse es por qué corregirlos exigía destruir la institución. Y por qué quien durante años habló de democratizar el acceso a la lectura termina encabezando el desmantelamiento de una de las herramientas más importantes que el Estado mexicano había construido para acercar los libros al país real.
El libro y la lógica del poder
Sin embargo, el verdadero significado de este proceso no se encuentra únicamente en el ámbito cultural. La concentración institucional se ha convertido en una característica recurrente del actual ciclo político. Todo tipo de organismos, fondos, fideicomisos y estructuras especializadas han sido absorbidos, fusionados o eliminados bajo argumentos que suelen combinar eficiencia administrativa, austeridad y combate a la corrupción.
La solución recurrente consiste en concentrar atribuciones, reducir estructuras autónomas y trasladar funciones hacia organismos centrales. La cultura no ha permanecido al margen de esa lógica. Vista desde esta perspectiva, la desaparición de Educal deja de ser únicamente una decisión relacionada con librerías. Se convierte en la expresión de una determinada manera de concebir la acción del Estado. Una manera que privilegia la concentración sobre la especialización institucional, la integración sobre la autonomía relativa y el control central sobre la presencia distribuida.
El problema es que las instituciones culturales cumplen funciones que no siempre pueden medirse mediante indicadores administrativos simplificados. Una librería pública no es solamente una unidad operativa. Es una presencia, es una señal física de que el acceso al conocimiento constituye una responsabilidad colectiva, es un punto de contacto entre una comunidad y la vida cultural del país.
El efecto de la desaparición de Educal trasciende los organigramas. También modifica la forma en que el Estado se relaciona con los territorios donde la cultura ocurre cotidianamente. Por eso la discusión sobre su desaparición no debería limitarse a balances financieros o reorganizaciones administrativas. Lo que está en juego es qué tipo de infraestructura cultural necesita una sociedad democrática para garantizar el acceso efectivo al conocimiento.
Los signos y los sentidos
Quizá lo más revelador de toda esta historia no sea la desaparición de Educal, sino la normalidad con la que parece estar ocurriendo. Una red nacional de librerías desaparece como institución. Trabajadores enfrentan incertidumbre laboral. Comunidades pierden espacios culturales cuya permanencia parecía asegurada. Una política pública construida durante más de cuatro décadas llega a su fin. Y, sin embargo, la discusión pública avanza muy por detrás de la magnitud de los cambios. Ese silencio también forma parte de la historia.
Pero los hechos, por sí solos, nunca explican completamente su significado. Lo que estos revelan es una transformación en la forma de entender la relación entre Estado, cultura y territorio. Durante décadas, Educal representó la idea de que el acceso al libro justificaba una presencia pública distribuida a lo largo del país, incluso en lugares donde esa presencia no resultaba rentable. La lógica que hoy se impone es la concentración institucional, la administración centralizada y la integración de funciones bajo estructuras únicas.
La desaparición de Educal no resolverá los problemas de lectura en México. Tampoco los creó, pero los agravará.
Los signos están a la vista: librerías que cierran o cambian de identidad, trabajadores afectados por una reestructuración poco transparente, una institución que desaparece y una política cultural que modifica sus prioridades.
Los sentidos emergen cuando esos signos se leen en conjunto. Entonces dejan de hablar únicamente de libros. Empiezan a hablar de poder. De la manera en que el poder organiza instituciones, distribuye capacidades, concentra decisiones y redefine la presencia del Estado en la vida pública.
Por eso la pregunta final no es qué ocurrirá con una marca llamada Educal. La pregunta es cómo puede desaparecer casi en silencio una institución cultural cuando lo que está en juego es la capacidad de una sociedad para reconocer, discutir y defender las instituciones culturales que ayudan a sostener su vida pública.
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