Informar entre los escombros y una dictadura
Los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado junio dejaron una estela de muerte, destrucción y miles de personas enfrentadas a la incertidumbre. Como ocurre después de toda gran catástrofe, la prioridad inmediata fue rescatar sobrevivientes, atender a los heridos y organizar la ayuda. En medio de ese escenario, sin embargo, comenzó otra carrera menos visible, pero igualmente decisiva: la de construir el relato de lo ocurrido.
Mientras brigadas de rescate removían escombros, periodistas venezolanos y corresponsales extranjeros intentaban abrirse paso entre controles militares, acreditaciones cambiantes, restricciones de acceso y un flujo oficial de información que avanzaba con la misma lentitud que los permisos para llegar a las zonas devastadas.
El episodio ofrece mucho más que una historia sobre las dificultades de cubrir una emergencia. Permite observar, bajo condiciones extremas, cuánto ha cambiado realmente Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro y cuánto permanece vivo de la cultura política que convirtió al control de la información en un instrumento cotidiano del poder.
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La batalla por mirar
Toda catástrofe tiene un componente inevitable de desorden. Es razonable que existan perímetros de seguridad, zonas restringidas y protocolos destinados a proteger las labores de rescate. Nadie espera que un desastre funcione con la lógica de una plaza pública abierta al tránsito de cualquiera. Pero una cosa es proteger una operación de emergencia y otra convertir el acceso a la información en una facultad administrada por el Estado.
Eso fue precisamente lo que empezó a ocurrir en La Guaira. Primero llegaron las restricciones generales de acceso. Después apareció un sistema de acreditaciones especiales para corresponsales extranjeros, brazaletes oficiales y registros previos. Poco después, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció la suspensión temporal del ingreso de corresponsales internacionales mientras insistía en que impedir el trabajo periodístico no resolvería la emergencia.
Más allá de la discusión sobre la pertinencia de cada medida concreta, el episodio revela una tensión: cuando un gobierno decide quién puede entrar, cuándo puede hacerlo y bajo qué condiciones observará una tragedia, también comienza a influir sobre la forma en que esa tragedia será conocida por el resto del país y por el mundo. No hace falta prohibir expresamente una cobertura para condicionarla. Basta con administrar el acceso al territorio.
Las catástrofes producen siempre esa doble carrera. Una consiste en salvar vidas. La otra consiste en fijar la memoria pública de lo sucedido. Ambas ocurren al mismo tiempo y ambas tienen consecuencias políticas.
La larga sombra de la dictadura
Uno de los aspectos más reveladores de la cobertura es que los propios periodistas venezolanos describen un escenario aparentemente contradictoria. Muchos afirman que hoy trabajan con libertades que habrían sido impensables durante la dictadura de Nicolás Maduro.
La presencia de corresponsales extranjeros, la posibilidad de realizar entrevistas en espacios públicos sin el temor permanente a una detención arbitraria o el desbloqueo de la red X representan cambios reales que hace apenas unos meses parecían improbables.
Pero esos mismos periodistas cuentan otra historia al describir su trabajo cotidiano. Siguen encontrando enormes dificultades para obtener información oficial. Las cifras de fallecidos y desaparecidos continúan siendo opacas. Los hospitales restringen el acceso. Algunas zonas permanecen prácticamente cerradas a la observación independiente. Decenas de medios digitales siguen bloqueados y la censura en internet no ha desaparecido, aunque haya cedido parcialmente en algunos frentes.
La caída del régimen puede modificar el clima político con relativa rapidez. Lo que no cambia con la misma velocidad son las prácticas administrativas, las inercias burocráticas y las culturas institucionales construidas durante años de ejercicio autoritario del poder.
Las dictaduras no dejan únicamente presos políticos, exiliados o instituciones debilitadas. También dejan funcionarios acostumbrados al secreto, estructuras diseñadas para controlar la circulación de la información y una lógica de gobierno según la cual informar constituye una concesión y no una obligación pública.
Los terremotos funcionaron así como una prueba de resistencia para ese aparato heredado. Lo que apareció no fue una repetición exacta del modelo impuesto por Maduro, pero tampoco una ruptura definitiva con él. La dictadura terminó. Parte importante de sus mecanismos culturales sigue respirando.
El periodismo frente a los escombros del autoritarismo
Hay otro aspecto de la historia que merece atención. Mientras buena parte de la discusión pública se concentraba en las restricciones impuestas por las autoridades, los medios independientes venezolanos se organizaban para mantener la cobertura.
Runrun.es, TalCual, El Pitazo, El Impulso y otros medios locales decidieron dividir tareas, compartir información, coordinar esfuerzos y distribuir recursos extremadamente limitados. Unos cubrieron hospitales. Otros documentaron a las personas desaparecidas. Algunos buscaron comunidades prácticamente invisibles para el resto del país. Otros privilegiaron el periodismo de servicio para orientar a las familias.
Podría parecer una simple estrategia editorial. En realidad, dice mucho más.
Durante años, la dictadura venezolana erosionó deliberadamente las capacidades materiales del periodismo independiente. El cierre de medios, la persecución judicial, la asfixia económica, la censura y el exilio de numerosos periodistas redujeron las posibilidades de realizar coberturas amplias como las que exige una tragedia nacional.
Por eso estas alianzas no representan únicamente solidaridad profesional. También evidencian el costo acumulado de años de autoritarismo. Cuando varias redacciones necesitan repartirse un país entero porque ninguna posee, por sí sola, los recursos suficientes para cubrirlo, la colaboración deja de ser una innovación y se convierte en un mecanismo de supervivencia.
Hay algo profundamente simbólico en esa escena. Mientras el aparato estatal intentaba administrar el acceso a determinadas zonas, el periodismo respondía ampliando su propia capacidad colectiva para seguir informando. Frente a un poder acostumbrado a centralizar, la prensa respondió distribuyendo esfuerzos. Frente al aislamiento, construyó redes. Frente a la precariedad heredada por la dictadura, produjo cooperación.
La reconstrucción que no aparece en las fotografías
Las imágenes de edificios derrumbados, carreteras destruidas y comunidades cubiertas por escombros terminarán formando parte de la memoria visual de esta tragedia. Con el paso de los meses llegarán las obras, los anuncios gubernamentales y los inevitables balances sobre viviendas reconstruidas, puentes rehabilitados y servicios restablecidos. Todo eso será necesario.
Pero existe otra reconstrucción necesaria. Una sociedad también necesita reconstruir la confianza en la información que circula durante las emergencias. Necesita autoridades capaces de ofrecer datos verificables y oportunos. Necesita instituciones que comprendan que el acceso a la información no obstaculiza los rescates, sino que permite a las familias tomar decisiones, localizar personas desaparecidas, coordinar ayuda y reducir la incertidumbre. Necesita periodistas que puedan recorrer el territorio sin asumir que cada punto de control constituye una negociación política. Y necesita comprender que el derecho a saber no comienza cuando termina la emergencia. Es parte de la emergencia misma.
La crisis humanitarias suelen desnudar aquello que durante los tiempos normales permanece oculto. Ponen a prueba hospitales, carreteras, sistemas de protección civil y capacidades logísticas.
También ponen a prueba la calidad democrática de los Estados. Una administración verdaderamente comprometida con la reconstrucción entiende que la información pública forma parte de la infraestructura esencial de cualquier sociedad. Las carreteras permiten llegar, la información permite saber adónde. Los hospitales atienden heridos., la información permite encontrarlos. Las brigadas rescatan sobrevivientes, la información permite que las familias no busquen a ciegas.
Ningún desastre natural suspende la historia política de un país. Al contrario, suele acelerar procesos que ya estaban en marcha y volver visibles tensiones que normalmente permanecen ocultas. La emergencia venezolana permitió observar, al mismo tiempo, la capacidad de solidaridad de la sociedad y las inercias de un aparato estatal formado durante años bajo una lógica de control. Los edificios colapsaron en cuestión de segundos; las formas de ejercer el poder demostraron ser mucho más resistentes que el concreto.
La reconstrucción del poder
Por eso la reconstrucción institucional no puede reducirse al levantamiento de edificios o al restablecimiento de servicios. También implica desmontar las prácticas heredadas de la dictadura que hicieron del secreto un instrumento de gobierno y de la sospecha hacia el periodismo una rutina administrativa.
Los terremotos pasarán. Las réplicas políticas e institucionales pueden prolongarse durante muchos años. Los terremotos remueven montañas durante unos segundos. Las instituciones pueden tardar décadas en moverse. Y, sin embargo, las catástrofes tienen la virtud de revelar aquello que normalmente permanece oculto: qué tan fuerte es un Estado, qué tan libres son sus periodistas, qué tan sólidas son sus instituciones y quién consigue contar la historia cuando el suelo deja de ser firme.
En ese sentido, el mayor signo que deja esta tragedia quizá no sea únicamente la destrucción causada por la naturaleza, sino la posibilidad de observar, en condiciones extremas, cuánto ha cambiado realmente Venezuela y cuánto de su viejo régimen de control sigue incrustado en las prácticas cotidianas del poder.
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