El punto ciego del lector crítico
Imagina a alguien que apaga el noticiero oficial en cuanto empieza porque sabe reconocer la propaganda: el tono, el maquillaje de las cifras, la ausencia de preguntas incómodas. Esa misma persona, sin embargo, sigue con atención un canal de YouTube que le parece independiente, o un portal digital que nació hace poco y que nadie asocia con el gobierno, o una estación de radio local que transmite noticias «sin filtro». No sabe que detrás de esos espacios hay un empresario cercano al poder, un familiar de un funcionario o un socio comercial que recibió ese medio como parte de un arreglo político. Su desconfianza, entrenada durante años para detectar la propaganda evidente, no tiene herramientas para detectar la propaganda que no se anuncia como tal. Ese punto ciego, cada vez más estudiado y cada vez más explotado, es el tema de esta entrega.
Un giro en la manera de fabricar consenso
Durante mucho tiempo, el estudio de la propaganda autoritaria se concentró en los medios estatales: el noticiero del régimen, el periódico oficial, la televisora que nadie duda en calificar de gubernamental. Ese modelo sigue existiendo, pero ha dejado de ser el instrumento más eficaz. El politólogo Bardia Rahmani, investigador de la Universidad de Columbia, documentó en un artículo publicado en abril de este año en “Journal of Democracy” un giro que ya se venía intuyendo: los medios controlados por intermediarios —personas con vínculos informales, no oficiales, con el poder— han superado a los medios estatales tradicionales como la fuente de propaganda más extendida en las autocracias contemporáneas.
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La diferencia no es cosmética. Un medio estatal se identifica como tal y por eso mismo pierde credibilidad ante cualquier público mínimamente crítico. Un medio operado por un tercero conserva la apariencia de independencia, y esa apariencia es precisamente lo que lo hace funcionar.
Lo más revelador del trabajo de Rahmani no es la existencia de estos medios «prestados», que periodistas y organizaciones de derechos humanos llevan años señalando, sino a quién logran convencer. A partir de encuestas y experimentos de campo realizados en cuatro países del África subsahariana, encontró que la mayoría de la ciudadanía es incapaz de identificar qué medios privados pertenecen en realidad a operadores cercanos al régimen. Y cuando esa propiedad se mantiene oculta, el efecto no se limita a reforzar a quienes ya simpatizan con el gobierno. Se dirige, con eficacia notable, a quienes se oponen a él. Los opositores, que por norma general evitan y desconfían de cualquier fuente identificada como oficialista, terminan consumiendo y creyendo contenido progubernamental precisamente porque no saben que lo es.
Esto invierte una suposición bastante extendida sobre cómo funciona la propaganda autoritaria: que sirve, sobre todo, para mantener cohesionada a la base de apoyo. Lo que muestra esta investigación es que el objetivo se ha desplazado. Ya no se trata solamente de administrar el entusiasmo de los convencidos, sino de infiltrar, con métodos cada vez más sofisticados, a quienes se consideran inmunes.
Por qué el escepticismo deja de ser una defensa
Hay una idea que suele repetirse en los diagnósticos sobre desinformación: que la solución está en formar audiencias más críticas, capaces de identificar sesgos y detectar manipulación. Es una idea razonable y necesaria, pero incompleta frente a este fenómeno, porque el escepticismo que se enseña habitualmente opera sobre el contenido y sobre la fuente declarada, no sobre la propiedad real de esa fuente. Alguien puede leer con cuidado, contrastar datos, dudar de titulares alarmistas, y aun así no tener manera de saber quién es, en realidad, el dueño del medio que está consultando. La sofisticación crítica del lector no alcanza donde la información sobre la propiedad simplemente no existe o está deliberadamente oculta.
Esto produce una paradoja incómoda: cuanto más entrenada está una persona para desconfiar de lo que suena oficial, más vulnerable puede volverse frente a lo que no suena oficial pero lo es. El camuflaje no intenta ganarle al lector crítico en el terreno del contenido —sabe que ahí perdería—, sino en el terreno anterior, el de la identificación de la fuente. Y ese terreno rara vez se enseña, porque supone un tipo de investigación que excede lo que cualquier ciudadano puede hacer por su cuenta: rastrear estructuras societarias, actas notariales, cadenas de propiedad que a menudo se diseñan expresamente para ser difíciles de seguir.
El problema, entonces, no es solamente cultural o educativo. Es estructural: no hay manera de ejercer un escepticismo informado frente a algo cuya información básica —quién controla este medio— no está disponible. La educación mediática, por valiosa que sea, no puede sustituir lo que solo la transparencia de la propiedad puede ofrecer.
Hungría: cuando el disfraz se vuelve sistema
Hungría permite observar qué ocurre cuando esta lógica deja de operar de manera dispersa y se convierte en arquitectura. Desde el regreso de Viktor Orbán al poder en 2010, el ecosistema mediático húngaro cambió de manos de forma sostenida. Las corporaciones extranjeras que antes dominaban la prensa escrita —la alemana Axel Springer, la finlandesa Sanoma, más tarde también la suiza Ringier— fueron vendiendo sus propiedades a inversionistas locales con vínculos con el gobierno. El diario opositor más importante del país, Népszabadság, quebró en 2016 en circunstancias que muchos periodistas consideraron inducidas, y poco después empresarios afines a Orbán compraron la mayoría de los periódicos regionales que quedaban en el mercado.
El momento que mejor sintetiza esta estrategia ocurrió el 28 de noviembre de 2018, cuando 476 medios de comunicación fueron entregados, el mismo día y sin que mediara pago alguno, por sus propietarios —todos empresarios cercanos al partido gobernante Fidesz— a una fundación recién creada, la Fundación de Prensa y Medios de Europa Central, conocida por sus siglas húngaras como KESMA.
El gobierno intervino para blindar la operación de cualquier revisión antimonopolio, declarándola asunto de importancia estratégica nacional. Hoy KESMA agrupa cerca de quinientos medios entre estaciones de radio, portales digitales, periódicos regionales y publicaciones especializadas, y organizaciones como Reporteros Sin Fronteras calculan que los aliados empresariales de Fidesz controlan alrededor del ochenta por ciento del panorama mediático del país. Sobreviven algunos espacios independientes —el canal Partizán en YouTube, el semanario HVG, portales como Telex o 444.hu— pero operan como excepción dentro de un sistema que, en apariencia, sigue pareciendo plural: decenas de cabeceras distintas, con nombres distintos, que en los hechos responden a un mismo centro de decisión.
Lo notable del caso húngaro no es únicamente su escala, sino su legalidad formal. No hubo censura declarada ni periodistas encarcelados en masa. Hubo reformas legislativas, adquisiciones “voluntarias” y una arquitectura de propiedad diseñada, precisamente, para que resultara casi imposible de reconstruir desde fuera.
México: cuando ya no hace falta disfrazarse
El caso mexicano ofrece un contraste que enriquece el argumento porque desplaza el problema hacia un terreno distinto. Aquí, el mecanismo dominante no ha sido tanto ocultar la propiedad de los medios —aunque también existen episodios de eso— sino administrar su dependencia económica a través de la publicidad oficial. La frase que resume esta lógica desde hace más de cuatro décadas la pronunció el entonces presidente José López Portillo en 1982, cuando le dijo a un periodista que no le pagaba para que lo criticara. El principio sigue vigente: la publicidad oficial es, para buena parte de los medios locales y regionales del país, su fuente de ingresos más importante, y en algunos casos la única forma de sostenerse.
A diferencia de Hungría, en México no hace falta esconder quién controla a un medio, porque el control no pasa necesariamente por la propiedad, sino por el presupuesto. Informes recientes de Artículo 19 y Política Colectiva muestran que, aunque el gasto total en publicidad oficial —federal y estatal— cayó 45 por ciento entre 2018 y 2024, la concentración en unos cuantos medios beneficiados persiste, sin criterios claros de asignación. A nivel estatal, trece gobiernos gastaron en 2024 más del doble de lo que tenían aprobado, y cinco entidades —Guerrero, Estado de México, Puebla, Tamaulipas y Veracruz— superaron diez veces su presupuesto original. La Ley General de Comunicación Social, vigente desde 2018 y reformada en 2023, no ha logrado cerrar el margen de discrecionalidad que permite premiar cobertura favorable y castigar a los medios críticos retirándoles la pauta.
La diferencia con el modelo húngaro es sutil pero importante. En Hungría el objetivo es que el público no perciba el vínculo entre el medio y el poder. En México, ese vínculo suele ser un secreto a voces: se sabe, se comenta, incluso se denuncia en informes públicos, y aun así no genera una sanción social ni institucional capaz de revertirlo, porque no existe una alternativa de financiamiento que libere a los medios de esa dependencia. Es una variante de control que no necesita camuflaje porque no hay ningún otro sitio adonde ir. La opacidad, en este caso, no está en el origen del dinero sino en los criterios con los que se reparte, y esa opacidad basta para producir el mismo efecto de fondo: una prensa que se autocensura no porque no sepa a quién le debe, sino precisamente porque lo sabe con toda claridad.
Lo que el escepticismo ya no resuelve
Puestos uno junto al otro, los dos casos muestran variaciones de un mismo problema que ya no puede resolverse apelando únicamente a la responsabilidad individual de quien consume noticias. Hungría demuestra que el ocultamiento de la propiedad puede construirse como sistema legal y sostenerse durante más de una década. México demuestra que, incluso sin ese ocultamiento, la dependencia económica puede producir un resultado equivalente si no existen mecanismos que la limiten. En ambos casos, la pregunta relevante deja de ser si el público es suficientemente crítico, y pasa a ser si el público tiene, siquiera, la información necesaria para ejercer ese criterio.
Ahí está el límite real de la educación mediática cuando se le exige que funcione sola: puede enseñar a leer con cuidado un titular, a contrastar una cifra, a identificar un lenguaje cargado de adjetivos. Lo que no puede hacer es revelar una estructura de propiedad que fue diseñada para no revelarse, ni compensar un modelo de financiamiento que convierte la lealtad editorial en condición de supervivencia. La próxima vez que alguien decida qué medio merece su confianza, valdría la pena que se preguntara no solamente si lo que lee suena razonable, sino quién, exactamente, se beneficia de que lo siga leyendo.
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