Una pequeña muestra de populismo comunicacional
Las conferencias matutinas del 25 y 26 de mayo deberían conservarse como material de estudio para cualquiera que quiera comprender cómo funciona hoy la comunicación política del régimen. No porque hayan ocurrido hechos extraordinarios ni porque la presidenta Claudia Sheinbaum haya introducido una idea nueva. Su valor radica precisamente en lo contrario: en que condensan, en apenas unos cuantos minutos, casi todos los vicios, reflejos y mecanismos que han caracterizado al modelo comunicacional construido por el obradorismo durante más de una década. Una pregunta sembrada, una organización ciudadana convertida en sospechosa, acusaciones sin pruebas, una orden presentada después como opinión, un supuesto derecho de réplica invocado por el gobierno, una televisora transformada en enemigo político y un nuevo intento de convertir al poder en árbitro oficial de la verdad. Lo que vimos durante esas dos mañaneras no fue una excepción. Fue una exhibición particularmente clara de la regla.
Todo comienza con una pregunta sembrada
La escena resulta reveladora desde el primer momento. La pregunta no provino de una investigación periodística ni de un cuestionamiento incómodo para el poder. Por el contrario, parecía diseñada para abrir la puerta exacta por la que el discurso presidencial quería entrar.
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La reportera preguntó sobre el colectivo Mexicanos al Grito de Paz, las mantas que han aparecido en distintos espacios públicos señalando a personajes vinculados con Morena y una supuesta relación de esa organización con perfiles cercanos a Ricardo Salinas Pliego. Sin embargo, entre todos los elementos de la pregunta hubo uno particularmente inquietante: la observación de que el colectivo no se encuentra registrado ante la Secretaría de Gobernación.
La afirmación encierra una idea profundamente problemática. En una democracia los ciudadanos no necesitan autorización gubernamental para criticar al gobierno. No necesitan registro oficial para organizarse políticamente. No requieren una certificación expedida por la autoridad para ejercer derechos que la propia autoridad tiene la obligación de respetar y garantizar.
Lo más preocupante es que la premisa fue aceptada con absoluta naturalidad. Como si resultara lógico que una organización ciudadana necesitara algún tipo de validación estatal para ser considerada legítima. Como si el problema no fueran los argumentos que plantea, sino la ausencia de una especie de permiso administrativo para disentir.
El detalle podría parecer menor, pero revela una forma de entender la relación entre gobierno y ciudadanía. Una lógica en la que el Estado deja de ser garante de derechos para convertirse en una instancia que valida, acredita y certifica quién puede participar legítimamente en la conversación pública.
La ciudadanía bajo sospecha
La respuesta presidencial no hizo sino profundizar esa lógica.
Ante una pregunta que sugería vínculos entre el colectivo y Ricardo Salinas Pliego, la presidenta no presentó pruebas, documentos, testimonios ni evidencia verificable. Lo que ofreció fue una sucesión de asociaciones. El colectivo apareció vinculado a ciertas cuentas de redes sociales; esas cuentas aparecieron vinculadas a Salinas Pliego; Salinas Pliego apareció asociado a TV Azteca; TV Azteca quedó presentada como parte de una campaña permanente de mentiras contra el gobierno.
Lo notable es que la propia presidenta terminó reconociendo que tales conexiones eran apenas una hipótesis. Sin embargo, para ese momento la insinuación ya había cumplido su función política. La sospecha había sido sembrada desde la tribuna más poderosa del país.
El problema no es solamente la fragilidad de la acusación. El problema es la visión del mundo que la hace posible. A lo largo de ambas mañaneras aparece una idea recurrente: la imposibilidad de aceptar que pueda existir inconformidad auténtica fuera del universo oficialista.
En el relato gubernamental, la protesta nunca parece surgir de ciudadanos que observan problemas y reaccionan ante ellos. Siempre existe alguien detrás. Un empresario. Un grupo de interés. Una red internacional. Un operador político. Un conjunto de bots. Una conspiración organizada desde algún lugar.
La ciudadanía desaparece como sujeto autónomo y es sustituida por una cadena de manipulaciones. Los ciudadanos dejan de ser actores capaces de organizarse, protestar o disentir por sí mismos y se convierten en piezas movidas por fuerzas externas.
Resulta una paradoja particularmente llamativa tratándose de un movimiento político que construyó buena parte de su fuerza precisamente apelando a la movilización social, a la organización ciudadana y a la protesta permanente.
El espejo que incomoda
Quizá por eso la reacción oficial resulta tan reveladora.
El obradorismo llegó al poder denunciando abusos, organizando movilizaciones, impulsando campañas de presión pública, construyendo narrativas de agravio y utilizando intensamente tanto medios tradicionales como plataformas digitales. Durante años defendió esas prácticas como expresiones legítimas de participación democrática.
Hoy parece incapaz de reconocer la misma legitimidad cuando esas herramientas son utilizadas contra su gobierno. La crítica se transforma en campaña. La protesta se transforma en conspiración. La organización ciudadana se transforma en manipulación. Lo que antes era participación democrática se convierte ahora en evidencia de una operación política.
En esa transformación el poder parece asumir que sus adversarios necesariamente actúan bajo las mismas lógicas mediante las cuales él construyó su propia fuerza política. Como si fuera imposible que existiera descontento genuino. Como si toda inconformidad necesitara obligatoriamente un patrocinador.
La consecuencia es una sospecha permanente hacia cualquier expresión social que escape al control narrativo del gobierno.
No fue una opinión
La frase que dominó la conversación pública durante esos días fue sencilla: “No vean TV Azteca”. Veinticuatro horas después, la presidenta intentó presentarla como una simple opinión personal. Pero las palabras tienen significado y las formas importan. No dijo que ella no veía la televisora. No dijo que consideraba poco confiable su información. No dijo que recomendaba consultar otras fuentes. Utilizó un imperativo. Dio una instrucción.
La diferencia es fundamental porque las palabras pronunciadas desde la Presidencia de la República no operan en el mismo plano que las expresadas por cualquier ciudadano. El poder modifica el peso de los mensajes. Una recomendación presidencial nunca es solamente una recomendación presidencial.
Por eso la discusión no gira alrededor de la libertad que tiene Claudia Sheinbaum para expresar sus opiniones. Como cualquier persona, la tiene. La discusión gira alrededor de la responsabilidad que acompaña al ejercicio del poder cuando esas opiniones se convierten en instrumentos para señalar públicamente a medios, periodistas, organizaciones o ciudadanos.
El gobierno que reclama derechos que no tiene
La segunda mañanera añadió otro elemento particularmente interesante cuando la presidenta justificó sus declaraciones apelando al llamado derecho de réplica. La afirmación resulta problemática porque el derecho de réplica es, precisamente, un derecho ciudadano. No una facultad gubernamental.
Los ciudadanos tienen derecho a responder información inexacta o agraviante. El Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho. Son cosas distintas.
Sin embargo, durante años el discurso oficial ha tendido a borrar esa diferencia fundamental. El gobierno aparece hablando como si fuera una parte más dentro del debate público, cuando en realidad ocupa una posición institucional completamente distinta. Posee recursos, plataformas, capacidades de difusión y niveles de influencia que ningún ciudadano puede igualar.
Confundir los derechos de los ciudadanos con las facultades del gobierno es una de las formas más sutiles mediante las cuales el poder termina justificando intervenciones cada vez más agresivas en el espacio público.
El gobierno como árbitro de la verdad
Quizá el momento más revelador de toda la secuencia fue el anuncio del nuevo “Detector de Mentiras” y la propuesta de entregar un premio al “mitómano de la semana”. La ocurrencia fue presentada en tono humorístico, pero su significado político merece atención.
Las democracias funcionan sobre la base de una disputa permanente de narrativas, interpretaciones y argumentos. Los gobiernos pueden defender sus posiciones. Los medios pueden cuestionarlas. Los ciudadanos pueden aceptar unas o rechazar otras. Lo que resulta peligroso es cuando el poder deja de participar en esa discusión para intentar arbitrarla.
El problema no es que el gobierno responda. El problema es que aspire a certificarse a sí mismo como autoridad encargada de determinar quién informa y quién miente. Porque en ese momento la discusión deja de ser un intercambio entre actores diversos y comienza a convertirse en un proceso de validación administrado desde el poder.
Los signos de una época
Las dos mañaneras dejaron algo más importante que una disputa con TV Azteca o un nuevo enfrentamiento con Ricardo Salinas Pliego. Dejaron una radiografía bastante precisa del tiempo político que vivimos.
Los signos están ahí para quien quiera observarlos: preguntas a modo que sustituyen al periodismo; ciudadanos convertidos en sospechosos; protestas reducidas a conspiraciones; acusaciones sin evidencia; gobiernos que confunden obligaciones con derechos; líderes que presentan órdenes como opiniones y aparatos institucionales que aspiran a convertirse en certificadores oficiales de la verdad.
Los sentidos son todavía más profundos. Hablan de una cultura política cada vez menos dispuesta a convivir con la crítica y cada vez más inclinada a interpretar cualquier disenso como una amenaza. Hablan de un poder que parece sentirse cómodo escuchando aplausos, pero incómodo escuchando cuestionamientos.
Lo que estas mañaneras pusieron en evidencia no es una desviación ocasional del discurso oficial. Es uno de los signos definitorios de una forma de ejercer el poder Y su sentido es inequívoco: el problema ya no es la comunicación. El problema es la democracia.
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