La controversia por la llamada Ley Serrano dejó de ser un debate exclusivamente jurídico. Periodistas sometidos a procesos judiciales por contenidos difundidos en redes sociales. Comunicadores y ciudadanos irrumpiendo en el Congreso de San Luis Potosí para exigir la derogación de la reforma. Una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Un amicus curiae de ARTICLE 19 solicitando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar diversos artículos del Código Penal estatal. Lo que comenzó como una iniciativa para regular los riesgos asociados a la inteligencia artificial terminó convirtiéndose en uno de los casos más relevantes sobre libertad de expresión en México.
La llamada Ley Serrano abrió un debate jurídico alrededor de la inteligencia artificial. En realidad, la discusión más importante gira alrededor de otra cosa: las nuevas formas de censura que comienzan a desplegarse bajo el lenguaje de la regulación tecnológica. Ese es el verdadero signo que deja este episodio.
La inteligencia artificial fue el pretexto
La reforma impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés nació en un contexto político específico. La circulación de videos presuntamente generados mediante inteligencia artificial, en los que se vinculaba al gobernador Ricardo Gallardo Cardona con el crimen organizado, fue presentada como la evidencia de que el Estado necesitaba nuevas herramientas para enfrentar los riesgos de los deepfakes y la desinformación.
Nadie discute que esos riesgos existan. La inteligencia artificial ha reducido drásticamente el costo y la dificultad para fabricar imágenes, audios y videos con un grado de verosimilitud impensable hace apenas unos años. Las campañas de manipulación digital representan un desafío real para las instituciones, los procesos electorales, los medios de comunicación y la confianza pública. Regular ese nuevo escenario constituye una obligación ineludible para cualquier Estado.
La controversia comenzó cuando esa regulación adoptó la forma del derecho penal.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la reforma. ARTICLE 19 solicitó a la Suprema Corte declarar su invalidez por considerar que abre la puerta a la persecución de expresiones protegidas mediante tipos penales ambiguos e incompatibles con los estándares de libertad de expresión. Al mismo tiempo, periodistas, organizaciones civiles y ciudadanos iniciaron protestas, presentaron una iniciativa para derogar la reforma y denunciaron que la ley ya estaba utilizándose contra comunicadores críticos.
Las imágenes de periodistas sometidos a procesos judiciales y de ciudadanos ingresando al Congreso estatal para exigir la revisión de la ley terminaron desplazando la discusión original. La conversación dejó de concentrarse en los riesgos de la inteligencia artificial para instalar una pregunta mucho más incómoda: ¿hasta dónde puede llegar el Estado cuando pretende regular la comunicación pública?
Una discusión que recorre el mundo
Sería un error interpretar este episodio como una excentricidad local. La irrupción de la inteligencia artificial ha obligado a gobiernos de prácticamente todo el mundo a revisar sus marcos regulatorios. Europa desarrolla normas orientadas a la transparencia y la protección de derechos fundamentales. Reino Unido, Brasil, India y otros países discuten distintos modelos para enfrentar los riesgos derivados de la desinformación, los contenidos sintéticos y la creciente influencia de las plataformas digitales sobre la conversación pública.
Todos enfrentan el mismo problema histórico. La inteligencia artificial altera la manera en que producimos información, verificamos hechos, construimos confianza y deliberamos como sociedades. Ningún sistema político puede permanecer indiferente frente a esa transformación.
Las respuestas, sin embargo, son profundamente distintas. Las democracias liberales, como, Reino Unido, Alemania, Francia o Brasil, procuran construir equilibrios entre la regulación tecnológica y la protección de las libertades públicas. Sus debates son complejos, imperfectos y, muchas veces, insuficientes. Aun así, el punto de partida sigue siendo la preservación de derechos fundamentales frente al poder del Estado.
Los regímenes iliberales, como Rusia, Hungría o Venezuela, recorren otro camino. Aprovechan los mismos desafíos tecnológicos para ampliar sus capacidades de control sobre el espacio público. Bajo conceptos como desinformación, seguridad nacional, estabilidad institucional o protección del orden público, incorporan instrumentos legales que facilitan la vigilancia, inhiben la crítica o amplían la discrecionalidad para perseguir voces incómodas.
La diferencia no reside en la existencia del problema, sino en la respuesta política. Vista desde esa perspectiva, la Ley Serrano deja de ser únicamente una reforma estatal para convertirse en una expresión local de una discusión que atraviesa buena parte del mundo: cómo regular las nuevas tecnologías sin convertir esa regulación en una herramienta de control sobre la libertad de expresión.
Cuando la censura cambia de lenguaje
Cada época desarrolla formas de censura acordes con sus propias maneras de comunicar. En otros tiempos bastaba con cerrar imprentas, decomisar publicaciones o controlar frecuencias de radio y televisión. Hoy ese modelo resulta insuficiente para un espacio público descentralizado, donde millones de personas producen y difunden contenidos sin pasar por los medios tradicionales. El poder también ha tenido que adaptarse.
Ese cambio no significa que la censura haya desaparecido. Significa que aprendió un nuevo lenguaje. Ya no suele presentarse como un intento por restringir la libertad de expresión, sino como una respuesta necesaria frente a riesgos igualmente reales: la desinformación, los deepfakes, la manipulación digital o la inteligencia artificial. Ahí reside uno de los cambios políticos más significativos de nuestro tiempo: las disputas por la libertad de expresión comienzan a librarse menos alrededor del derecho a decir y cada vez más alrededor de las facultades del Estado para decidir qué expresiones pueden convertirse en un problema penal.
Las nuevas formas de censura
Durante buena parte del siglo pasado, la censura era relativamente fácil de identificar. Se clausuraban periódicos, se decomisaban publicaciones, se prohibían libros o se perseguía abiertamente a periodistas y opositores. El poder mostraba sin demasiados rodeos su intención de controlar la circulación de las ideas.
Las sociedades contemporáneas presentan escenarios mucho más complejos. La censura rara vez se anuncia como censura. Se justifica mediante objetivos socialmente legítimos: combatir la desinformación, proteger la seguridad pública, evitar fraudes tecnológicos o preservar la confianza en las instituciones. Todos esos propósitos pueden ser razonables. Precisamente por eso las nuevas formas de censura resultan más difíciles de identificar.
Los gobiernos iliberales, autocráticos y populistas no necesitan prohibir de manera explícita una opinión. Les basta con construir un entorno jurídico suficientemente incierto para que periodistas, analistas, caricaturistas, académicos o ciudadanos comiencen a preguntarse si vale la pena publicar determinada información, compartir una sátira o formular una crítica que pueda ser interpretada por la autoridad como una amenaza al orden público o a la estabilidad institucional.
Ese efecto inhibidor constituye una de las formas más eficaces de censura porque introduce el miedo como criterio de decisión dentro del debate público. La autocensura siempre resulta más barata y políticamente menos costosa que la censura abierta.
Por eso las protestas registradas en San Luis Potosí merecen leerse con atención. No expresan únicamente el desacuerdo frente a una ley estatal. Reflejan la preocupación de periodistas y organizaciones civiles ante un modelo de regulación que puede terminar ampliando las facultades del poder para decidir qué expresiones dejan de pertenecer al terreno de la crítica y comienzan a formar parte del ámbito penal.
La discusión, entonces, deja de ser tecnológica para convertirse en una discusión sobre la relación entre libertad y poder.
El signo de nuestro tiempo
La Ley Serrano probablemente será recordada por el debate jurídico que hoy mantiene ocupada a la Suprema Corte. Sin embargo, su mayor relevancia trasciende el expediente judicial. El caso constituye uno de esos signos que permiten observar transformaciones más profundas que el propio acontecimiento.
La inteligencia artificial modificará de manera irreversible la comunicación pública. Nuevos problemas exigirán nuevas respuestas. Habrá que discutir responsabilidades, transparencia, derechos digitales y mecanismos eficaces para enfrentar campañas de manipulación. Esa conversación apenas comienza y ningún país podrá eludirla.
Lo que también comienza a perfilarse es otra discusión igualmente importante: la forma en que algunos gobiernos intentan aprovechar esas incertidumbres para ampliar su capacidad de intervención sobre el espacio público.
La tecnología cambia. Las formas de censura también. Ya no siempre llegan mediante la clausura de un periódico o la prohibición de un libro. Pueden presentarse bajo el lenguaje de la protección institucional, la seguridad o la regulación de innovaciones tecnológicas. Su eficacia depende precisamente de esa apariencia de normalidad.
La Ley Serrano representa una advertencia en ese sentido. Recuerda que las libertades no suelen perderse de un solo golpe. Con frecuencia se reducen mediante decisiones que, consideradas de manera aislada, parecen razonables o incluso necesarias. El desafío consiste en distinguir el momento en que una regulación legítima deja de proteger derechos para comenzar a estrechar el espacio donde la sociedad puede debatir, disentir y criticar al poder.
Ese, más que cualquier algoritmo, es el verdadero problema que hoy tenemos enfrente.
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