Un guijarro en mi bota (Sucesos, eventos, hechos, casos, cosas)
Muerte digna en un país que no puede garantizar una vida digna
Queridos lectores, escribo este guijarro con emociones que me recuerdan una atmósfera antigua y emociones presentes, por eso iniciaré con música, un tema que escribí a mis tiernos 17, en un momento difícil y quizás oscuro, que gracias a esta canción terminó luminoso: “Cerrando mis Ojos”.
Hay temas que no deberían tocarse ni con la ligereza del comentario fácil ni con la violencia del eslogan, éste es uno de ellos. Hablar de eutanasia, suicidio asistido, muerte digna, voluntad anticipada y derecho al bien morir no es abrir una discusión cualquiera, es entrar a una habitación donde ya están sentados en una mesa el dolor, la autonomía, la familia, la religión, la medicina, los gobiernos, la culpa y el miedo, todos juntos opinando sobre la vida de otro.
Conviene empezar por una precisión que no es de escritorio, sino de sentido común. No es lo mismo eutanasia que “suicidio asistido”, tampoco es lo mismo hablar de cuidados paliativos, voluntad anticipada o rechazo a tratamientos extraordinarios. En México la diferencia importa porque la “Ley General de Salud” sigue prohibiendo la “eutanasia”, entendida como “homicidio por piedad”, así como el suicidio asistido. Lo que sí reconoce legalmente son los cuidados paliativos y la voluntad anticipada. Es decir, nuestro país admite ciertas formas de dignidad para el final de la vida, pero todavía no admite que alguien pueda pedir médicamente el final de su vida, pues discernir cómo morir dignamente sigue pareciendo una insolencia.
No es un tema fácil, porque pone sobre la mesa la necesidad de decidir sobre cuándo y cómo morir sin buscar alternativas ilegales y poner en riesgo a un médico o familiar por aplicar muerte piadosa en la clandestinidad. Cómo podemos decidir si no sabemos bajo qué circunstancias se podría solicitar la eutanasia.
La Ley Trasciende, impulsada por Samara Martínez, podría ser una salida digna para muchos o un espacio de ventaja para los gobiernos perniciosos que no pueden sostener ni siquiera un sistema de salud que permita la prevención, la atención, el seguimiento y la dignidad en alguno de sus procesos. La percepción de las personas que asisten al IMSS como pacientes, mencionan que para poder pasar de la unidad médico familiar a un hospital de alta especialidad implica estar casi desahuciado, por no decir en última fase de enfermedad.
Estas personas, generalmente son maltratadas por el sistema de salud, mal atendidas, no diagnosticadas a tiempo y cuando la enfermedad se presenta son revictimizadas con prejuicios e increpadas con preguntas como: ¿por qué no se atendió antes?… Sin embargo, la gravedad de la situación se endurece cuando el propio IMSS reconoce que la oportunidad en la atención es uno de los principales motivos de insatisfacción. La ENCAL 2024 (encuesta de calidad) registró 15% de insatisfacción, y la causa principal fueron los tiempos de espera prolongados en consultas, citas y estudios, con un 34% de personas afectadas. También reporta que, en el periodo 2009-2024, el SIADE (Sistema de dictamen electrónico) acumuló 717 mil 234 quejas de servicio, y que 44.6% se relacionó con demora o negativa en la atención.
Además, ese mismo documento oficial señala que la percepción de maltrato es la principal causa de queja en el Instituto, con 30.4% de representatividad, y añade que la insatisfacción promedio se relaciona con tiempos de espera (34%), mal trato (21%) y falta de medicamentos (12.2%). También reporta que 37% de las personas encuestadas percibió los tiempos de espera en Urgencias como lentos o muy lentos, y que 25% en atención de segundo y tercer nivel expresó algún grado de insatisfacción con el tiempo para recibir consulta tras cita programada.
La precariedad del sistema de salud nos tiene en desventaja, la negligencia médica y sus procesos burocráticos sepultan toda esperanza de dignidad para el usuario del sistema público de salud. Personal que cubre turnos, pero que checa tarjeta para dejar a la gente esperando porque primero es el almuerzo, la comida, la cena, el buen chisme, la planilla electoral sindical y al último el paciente. Obvio no es el universo absoluto de las instituciones de salud, en todos los hospitales también hay gente capaz y dispuesta a hacer el trabajo, consciente de la necesidad de solucionar problemas, pero sin insumos suficientes para poder hacerlo y sin protocolos adecuados para conseguirlo.
El sistema de salud actual está colapsado, superado, sin insumos, sin posibilidades, sin médicos bien pagados, sin instrumental adecuado, sin directrices de acción, procesos o sentimiento de urgencia adecuado, ni hablar de sentido común, atención pronta o calidad humana.
El debate universal sobre el derecho a poner fin de manera digna a una vida por decisión propia y legal, se abre por dos noticias que atraviesan el mundo, la lucha personal de Noelia y la necesidad de dejar para muchos más una salida digna de Samara.
Dos batallas distintas, una pregunta común
Para pensar este dilema quiero poner frente a frente dos historias que no son iguales y que, precisamente por eso, obligan a pensar mejor. La de Noelia Castillo, en España, y la de Samara Martínez, en México. No porque sean equivalentes, sino precisamente porque no lo son y hay que diferenciar. Una ejerció un derecho ya reconocido por la ley, la otra se esfuerza en garantizar que ese derecho exista en el marco legal mexicano. Una quedó atrapada entre tribunales, objeciones y exposición pública, aunque al final logró su objetivo, la otra intenta abrir paso a una discusión que en México todavía incomoda.
Noelia pidió la eutanasia en abril de 2024, ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña. Su solicitud fue aprobada por unanimidad en julio de ese mismo año, pero la oposición de su padre, los recursos y la prolongación del litigio, hicieron que no se concretara hasta el 26 de marzo de 2026. Fueron 601 días de espera, más de año y medio para alguien que ya había dicho con claridad que no quería seguir viviendo.
Samara, en cambio, no está intentando ejercer un derecho vigente. Está tratando de abrir una puerta cerrada con miles de candados. La llamada Ley Trasciende busca legalizar la eutanasia en México bajo requisitos estrictos como mayoría de edad, capacidad mental acreditada, diagnósticos médicos coincidentes, voluntad libre, informada y reiterada, además de controles dirigidos a evitar presiones, abusos o decisiones precipitadas. La propuesta no nace del culto a la muerte, sino de una defensa radical de la autonomía en contextos de sufrimiento extremo.
Noelia representa a quien, incluso con una ley que permite la eutanasia, tuvo que atravesar un viacrucis para poder decidir sobre su muerte. Samara representa a quien ni siquiera cuenta todavía con el derecho que reclama. Entre ambas queda expuesta una verdad bastante incómoda: Nuestras sociedades aceptan mejor prolongar el sufrimiento que pensar seriamente cómo acompañar el final.
Samara es una mujer que quiere vivir con calidad mientras sea digno su proceso de muerte, es acompañada por sus padres y valorada por su esfuerzo. Noelia no contaba con el apoyo familiar, desde mucho antes de decidir poner fin a sus días.
La familia a veces es un altar donde también se administra el daño
En el caso de Noelia me viene a la cabeza una vieja frase de Crónica de un desayuno, de Benjamín Cann: “Para romperte la madre, nadie como tu familia”. Hay frases que uno no olvida porque tienen la grosería exacta de la verdad. La familia puede ser refugio, sí, pero también tribunal, jaula, herencia de violencia, administración de culpas y confusión constante entre amor y dominio.
Traigo esa frase porque alrededor del debate sobre el bien morir hay algo que suele tratarse con demasiada pulcritud; el papel de la familia. Y no toda familia es cobijo, hay familias que acompañan, que se imponen, que aman sin entender. Y hay otras que convierten el sufrimiento ajeno en un territorio de intervención, vigilancia y control. Decirlo no es odiar a la familia; es haber vivido lo suficiente como para no canonizarla.
Y ahí hay una zona especialmente espinosa, porque cuando se habla del derecho a morir dignamente casi siempre se piensa en el médico, en la ley, en la religión o en el Estado. Pero no se piensa en lo que ocurre puertas adentro; el miedo a convertirse en carga, el cansancio de los cuidadores, la culpa de los hijos, la intromisión de quienes deciden “por amor”, la vieja costumbre de apropiarse del cuerpo ajeno en nombre del vínculo. Hay familias capaces de sostener una vida rota y otras capaces de convertir el padecimiento en un largo interrogatorio moral.
En el caso de Noelia, la intervención del padre y la prolongación de los recursos reabrieron precisamente esa pregunta: ¿hasta dónde llega el amor familiar y dónde empieza la captura del destino ajeno? El asunto no es menor. España misma está viendo cómo su “Supremo Tribunal” diserta sobre si un padre puede o no solicitar la eutanasia de un hijo adulto en casos similares. El hecho de que esa discusión siga abierta deja ver que el problema jurídico es también un problema afectivo. La ley puede reconocer la autonomía, pero la familia sigue empeñada en sentirse propietaria de la biografía del otro.
Hay heridas que no se explican, sólo se arrastran. Escuchemos de Álvaro Carrillo “Un poco más”, en la voz de Café Tacvba.
En España: Una ley, un procedimiento argumentado que se ha caricaturizado
No se trata aquí de idealizar el modelo legal español ni de fingir que la ley resuelve todo, pero sí de reconocer algo elemental. España no improvisó sobre el asunto de Noelia. Su Ley Orgánica 3/2021 regula la prestación de “ayuda para morir bajo la lógica de la dignidad, la libertad y la autonomía de la voluntad”. Además, el Manual de Buenas Prácticas prevé un proceso deliberativo con el médico responsable, en el que se expliquen alternativas, incluido el acceso a cuidados paliativos integrales.
El informe anual del Ministerio de Sanidad muestra que el sistema no opera como caricatura apocalíptica, pues en 2024 hubo 929 procesos finalizados, de los cuales 426 concluyeron en la prestación del servicio de “eutanasia”, 141 en denegación, 54 en revocación y 308 en fallecimientos durante la tramitación. Es decir, ni puerta abierta sin filtros, ni fantasía de exterminio, sino procedimiento, revisión, límites y una burocracia que tampoco es inocua cuando el tiempo ya se volvió sufrimiento.
Los críticos del tema suelen reducir todo a una frase histérica: “Si legalizas, matarás”. Pero el caso español demuestra algo más complejo y bastante menos cómodo para la simplificación. Legalizar no elimina el drama; lo regula, no evapora las dudas; las somete a proceso, no borra el conflicto ético; obliga a enfrentarlo con formularios, comités, tiempos, evaluaciones y responsabilidades. Y quizá por eso irrita tanto, porque una ley le quita a la “moralina” el privilegio de gritar y la obliga a argumentar.
En México: El problema no es sólo bioético, es brutalmente estructural
El asunto deja de ser sólo bioético y se vuelve brutalmente mexicano, es decir se tropicaliza culturalmente y deja espacio a la doble moral, la permisión y posible conveniencia a un sistema devastado.
En un país como el nuestro, donde la atención médica pública está marcada por carencias, negligencia, saturación, maltrato, burocracia y desabasto, cualquier discusión sobre eutanasia queda atravesada por una sospecha feroz; que el Estado, incapaz de garantizar una vida digna, quiera eventualmente simplificar también la administración de la muerte. Esa sospecha no es un delirio. Es memoria social.
Hace poco hice una ironía en internet, la cual suelto en este guijarro. “México está más avanzado que Suiza en tema de eutanasia, allá se tiene que solicitar y pagar, aquí te la dan gratis y sin pedirla”. En México cuesta trabajo conseguir alivio del dolor, seguimiento, rehabilitación, especialistas, estudios, trato digno. A veces hasta una cama parece privilegio y una referencia clínica, un milagro. De modo que cuando alguien plantea la legalización del bien morir, no faltan quienes se preguntan si este país tan hábil para incumplir no terminaría viendo en ello una manera bastante económica de no aplicar la eutanasia adecuadamente. Es una pregunta brutal, pero no una pregunta ilegítima.
Pensar en las personas que atraviesan por enfermedades como cáncer, cuyos tratamientos son excesivamente caros y devastadores, pocas veces sin acceso a un seguro médico para poder pagar estos tratamientos. Fundaciones como FUCAM A.C. han sido mermadas presupuestalmente y se les ha copado la posibilidad de recibir donativos. Pero lo cierto es que el mismo gobierno no tiene medicamentos e históricamente estamos viendo cómo las madres de los niños con cáncer ya rebasaron un sexenio denunciando y manifestándose por la falta de medicamentos y el problema no ha sido resuelto. No se trata de perjudicar o evidenciar a ninguna administración, simplemente el sistema de salud se ha destruido con el paso del tiempo, que lejos de solucionarse se deteriora, hasta pareciera consigna la desaparición de ese derecho universal a la salud.
Diversos especialistas han advertido que México debería priorizar antes una infraestructura sólida de cuidados paliativos, personal capacitado y cobertura suficiente. Han señalado que muchos pacientes que piden la eutanasia, en realidad piden que se les quite el dolor, la depresión o la sensación de abandono y no necesariamente la vida misma.
Esa es justamente, la parte más seria del debate mexicano. No el escándalo clerical, no el tuit indignado, no la sobreactuación conservadora, no la pose modernísima del “que cada quien haga lo que quiera”, sino esto: ¿cómo discutir el derecho a morir, en un país que aún no cumple bien con el deber de prevenir, sanar y atender dignamente?
Opiniones quiénes empujan, quiénes frenan y qué temen
Conviene recoger algunas voces estudiosas en materia de eutanasia.
Desde el activismo por el derecho a morir dignamente, Amparo Espinosa Rugarcía, presidenta de DMD México (Derecho a Morir con Dignidad A.C.), ha insistido en que la aceptación social del tema es mucho mayor de lo que se admite, y ha subrayado que elegir una muerte digna también forma parte de vivir con dignidad. En un evento acompañado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se citó que alrededor de 70% de las personas consideran necesario contar con un marco normativo para garantizar la muerte digna; además en ese mismo contexto se reportó que 68.3% de las personas participantes estaban a favor de la muerte médicamente asistida y de su legalización.
En ese foro, José Ramón Cossío Díaz, catedrático e historiador de Derecho, exministro de la Suprema Corte de Justicia, también introdujo una advertencia fundamental; “las formalidades jurídicas, por secas o grises que parezcan, son necesarias para que las buenas intenciones no se tuerzan”. La frase importa porque devuelve el debate a su dificultad real, aquí no basta con la compasión; se necesitan mecanismos precisos. No basta con la empatía; hace falta arquitectura institucional. No basta con decir “pobrecito, que elija”; hay que saber cómo, bajo qué controles, con qué revisiones y con qué garantías.
Desde la academia favorable a la legalización, en el artículo “Morir dignamente, un derecho a debate”, de Ilse Valencia / Erik Hubbard, publicado en octubre del 2025, en el portal UNAM Global, se ha planteado que prohibir la ayuda médica para morir no elimina el problema, sino que puede empujarlo a la clandestinidad o a suicidios no asistidos, con mayor sufrimiento para la persona y su entorno. Es un argumento incómodo y muy relevante; las prohibiciones morales suelen presumirse nobles mientras dejan que la violencia ocurra en silencio.
La oposición más visible ha venido de sectores religiosos y conservadores. La Arquidiócesis ha recordado que la Asociación Médica Mundial se opone fuertemente a la eutanasia y al suicidio asistido, bajo el argumento de que “la ética médica debe respetar la dignidad humana en todo momento y de que el dolor no elimina la dignidad de la vida”. Esa postura, que muchos compartirán, parte de una premisa importante pero discutible; se basa en que la dignidad subsiste intacta aun cuando la persona que padece ya no experimenta su vida como digna. Y ahí es donde el conflicto se vuelve filosófico, no sólo doctrinal. Porque una cosa es sostener que toda vida tiene valor; otra, asumir que toda vida debe ser prolongada contra la voluntad de quien la habita.
“Discernir”, la palabra más difícil
Lo que no sería legítimo es usar la desconfianza hacia el Estado como coartada para condenar a todo mundo a soportar hasta el último centímetro del sufrimiento. Ahí está el nudo, porque defender la vida en abstracto es facilísimo cuando no eres tú quien habita el cuerpo roto, el dolor irreductible, la dependencia humillante o el desgaste sin horizonte. Hay una moral muy cómoda en exigir resistencia siempre y cuando la resistencia la ponga otro.
No toda oscuridad quiere morir, pero tampoco todo sufrimiento quiere seguir siendo administrado desde afuera. Aquí ya no hay argumento, hay muro. Algo parecido a “De cara a la pared”, de la compositora mexicano-estadunidense Lhasa de Sela, fallecida el 1 de enero de 2010, tras una batalla de casi dos años contra el cáncer de mama.
Esa es quizá la dificultad más delicada de todas: Discernir. Distinguir entre una voluntad lúcida, sostenida e informada, y una petición atravesada por abandono, depresión, violencia, miedo, soledad o un servicio médico que no ha ofrecido alivio suficiente. Ésa es la pregunta que debería volvernos sobrios a todos.
Discernir no significa impedir siempre, tampoco significa conceder siempre. Significa hacerse cargo de la complejidad sin esconderse detrás de absolutos cómodos.
México opina, pero México también teme
Los datos de opinión pública muestran, además, que México no está tan cerrado como a veces se finge.
En el seminario “Libertad para Morir: Por la legalización de la eutanasia”, convocado por Libertad para Morir, A.C., y el Colegio de Bioética, A.C., acompañado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), se citó una encuesta nacional según la cual 68.3% de las personas participantes se manifestaron a favor de la muerte médicamente asistida y de su legalización. Boletín 76/2023. Al mismo tiempo, seguimos siendo un país profundamente religioso, pues el Censo 2020 reportó que 79 de cada 100 personas profesan la religión católica.
Y sobre este tema, se sumó recientemente una figura cultural, un músico legendario, exintegrante de la banda “Caifanes”, Sabo Romo, quien ha dicho que querría tener la posibilidad de decidir sobre su propio final y no convertirse en una carga para otros, sus palabras tocan un nervio que suele ocultarse bajo la solemnidad; el miedo a depender, a ser administrado, a dejarle a los demás el peso entero de la decadencia corporal, que nace en lo más profundo de lo que cada quien teme heredarle a su familia, en la humillación anticipada del pañal, la inmovilidad, la dependencia, la carga económica, el cuerpo vuelto expediente, un número, un colgajo sin valor.
En México casi todo se moraliza, pero poco se nombra bien. Y ese es uno de los silencios más crueles, la gente no siempre teme morir; muchas veces teme cómo va a llegar a ese punto y en manos de quién…
Y hasta aquí mi guijarro querido lector, no pude evitar tocar el tema, es difícil, es muy serio y necesita ser valorado, si me preguntaran, por supuesto que yo estoy a favor de una buena regulación que nos permita decidir sin miedo, sin dolor y sin clandestinidad. Nos leemos pronto, los dejo con esta canción del Cuarteto de Liverpool “Free as a bird”
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