Red de huachicol fiscal operaba con más de 40 empresas
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México desmanteló una red dedicada al mercado ilícito de hidrocarburos con operaciones en Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Chihuahua, vinculada a empresas fachada, prestanombres y estructuras financieras utilizadas para el llamado huachicol fiscal, con presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El operativo dejó 14 personas detenidas, entre ellas presuntos operadores financieros, empresarios y el supuesto líder del grupo, identificado como Mauricio “N”. Las autoridades aseguraron hidrocarburos, vehículos, infraestructura industrial y documentación contable vinculada al esquema de lavado de dinero.
La red de huachicol fiscal simulaba operaciones por 23 MMDP
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la organización operaba mediante una estructura de más de 40 empresas de los sectores logístico, energético, transporte y construcción, sin infraestructura real para dichas actividades.
Al menos 10 empresas gaseras funcionaban como fachada para el almacenamiento y comercialización de combustible. El esquema habría generado operaciones simuladas superiores a 23 mil millones de pesos, mediante facturación apócrifa, triangulación financiera y documentación falsa.
Las autoridades identificaron a este entramado como una red de “petrofactureros”, dedicada a simular operaciones comerciales para introducir hidrocarburos al mercado formal.
Importación simulada y evasión aduanera mediante la red de huachicol fiscal
El esquema no se limitaba al robo de ductos. Según la FGR, el combustible ingresaba al país mediante declaraciones falsas en aduanas, donde lo registraban como aditivos, lubricantes o aceites para evadir impuestos y controles regulatorios.
Posteriormente, el producto entraba al mercado formal a través de gaseras y centros de carburación, donde se vendía como combustible legal.
La estructura operativa de la red de huachicol fiscal
La investigación, desarrollada durante siete meses, permitió reconstruir tres fases del esquema:
Extracción
El hidrocarburo era sustraído mediante tomas clandestinas en ductos de Pemex en municipios del Estado de México e Hidalgo, como Tula de Allende, Tepeji del Río y Atotonilco de Tula. La capacidad estimada alcanzaba hasta 1.5 millones de litros semanales.
Almacenamiento
El combustible era trasladado a bodegas, predios y gaseras utilizadas como fachada. Se aseguraron al menos 20 tanques de almacenamiento y múltiples centros de resguardo.
Distribución
Se utilizaba transporte multimodal —terrestre, ferroviario y marítimo— para fragmentar la trazabilidad del combustible. Fueron asegurados 61 pipas, 55 autotanques y 11 tractocamiones, además de vehículos adicionales y equipo logístico.
Operativos simultáneos y detenciones
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se realizaron operativos simultáneos en Hidalgo y Estado de México con 20 cateos a inmuebles, de los cuales aproximadamente la mitad eran gaseras.
En estas acciones fueron detenidas 14 personas, incluyendo operadores financieros, administradores y presuntos empresarios vinculados a la red.
Entre los aseguramientos destacan:
- Más de 150 mil litros de gas LP e hidrocarburos
- 61 pipas y 55 autotanques
- 20 tanques de almacenamiento
- 11 tractocamiones
- Armas de fuego, cartuchos y drogas
- Vehículos de alta gama y equipos de cómputo
El papel de las empresas fachada en la red de huachicol fiscal
La FGR detalló que la red utilizaba empresas sin infraestructura ni permisos para operar en el sector energético, las cuales emitían facturas apócrifas para simular operaciones legales.
Entre los detenidos se encuentran responsables de gaseras, operadores financieros y abogados vinculados a la estructura, quienes habrían facilitado la dispersión de recursos y el encubrimiento de flujos ilícitos.
Caso detonante: aseguramiento en Altamira
Las investigaciones se derivaron parcialmente del aseguramiento del buque Challenge Procyon en Altamira, Tamaulipas, donde fueron decomisados aproximadamente 10 millones de litros de diésel ilegal, lo que abrió una línea de investigación sobre redes de importación irregular.
Impacto económico y judicial
Las autoridades estiman una afectación económica superior a 126 millones de pesos en bienes asegurados, incluyendo inmuebles, vehículos de lujo y activos financieros.
La FGR informó además que existen sentencias previas por delitos relacionados con hidrocarburos, con penas de hasta ocho años de prisión, así como decomisos de combustible y equipo especializado.
Una economía criminal híbrida
De acuerdo con análisis de seguridad, el caso evidencia la operación de una economía criminal híbrida, que combina estructuras ilegales con herramientas legales aparentes para simular actividad económica formal.
Este modelo integra:
- logística industrial
- redes financieras
- estructuras empresariales simuladas
- mecanismos de evasión fiscal y aduanera
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