La bancada del PAN en San Lázaro presentó una iniciativa para cancelar el registro de los partidos políticos que tengan vínculos con el narcotráfico o reciban financiamiento ilícito en campañas, a fin de evitar que impulsen perfiles como los gobernadores Marina del Pilar, Américo Villarreal, Alfredo Ramírez Bedolla y Alfonso Durazo.
“No queremos más gobernadoras como Marina del Pilar, como Américo Villarreal, como Ramírez Bedolla, como Alfonso Durazo, de los que se van a meter a la cama con el narco para ganar elecciones y después le entregan al crimen organizado la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos”, sentenció.
Prácticas que distorsionan la competencia
Desde la máxima tribuna, el vocero de la bancada panista, Federico Döring, detalló que se trata de una reforma constitucional en materia electoral para corregir prácticas que hoy distorsionan la competencia democrática.
Ello, con la infiltración de dinero ilícito en la política, el uso electoral de programas sociales y la sobrerrepresentación legislativa.
Subrayó que esta iniciativa busca cerrar la puerta a la intervención del crimen en la política, evitar el uso faccioso de los recursos públicos y garantizar que los programas sociales cumplan su verdadero propósito: apoyar a las personas, no condicionar su voto.
Con esta propuesta, dijo, Acción Nacional reafirma su compromiso con elecciones limpias, reglas justas y una democracia donde la voluntad ciudadana se respete sin presiones ni distorsiones.
Partidos políticos ante la infiltración del crimen
Advirtió que cuando entra dinero ilícito, se debilita la democracia; cuando el gobierno interviene en elecciones, se rompe el piso parejo; y cuando se altera la representación, se traiciona el voto.
Recordó que está el testimonio del Rey Zambada en la Corte de Brooklyn, de que le dieron seis millones de dólares a López Obrador para su campaña en 2006.
Además, el diputado Mario Zamora conoce perfectamente cómo le robaron en Sinaloa en la campaña cuando el Chapo Isidro llevaba las maletas en presencia de Jocelyn Hernández para la campaña de Rubén Rocha, siendo el delegado de Morena, Américo Villarreal.
“No más de eso y queremos democracia sin narcopolítica electoral, no más narcos del bienestar emboscados como demócratas en Morena”.
Advirtió que tampoco se quiere que haya diezmos electorales, como la sentencia de la Sala Superior en el caso de Texcoco y la hoy gobernadora del Estado de México.
Blindaje a la democracia
Bajo la premisa “Blindemos la democracia”, la propuesta busca garantizar equidad, legalidad y respeto pleno a la voluntad ciudadana.
La iniciativa, impulsada por el coordinador parlamentario José Elías Lixa Abimerhi y el propio Döring, plantea reformas a los artículos 41, 54, 56 y 134 de la Constitución, con el objetivo de cerrar el paso al financiamiento ilegal, incluido el de origen criminal, evitar el uso del aparato gubernamental con fines electorales y asegurar una representación auténtica en el Congreso.
Al respecto, Elías Lixa Abimerhi afirmó que hoy la democracia mexicana enfrenta riesgos reales: dinero de origen ilícito que busca influir en la política, programas sociales que se utilizan para presionar el voto y reglas que permiten mayorías que no corresponden a lo que la gente decide en las urnas.
“Esta reforma plantea cerrar esas puertas de manera definitiva. Partido que se financie con dinero ilegal, pierde el derecho de representar a la ciudadanía. Y ningún apoyo social puede volver a utilizarse como mecanismo de control político. Blindar la democracia es ponerle límites claros al poder para que el voto sea el único que decida.”
Sanciones y protección a programas sociales
Entre los principales puntos de la iniciativa se encuentra la prohibición expresa para que los partidos políticos reciban o realicen operaciones con recursos de procedencia ilícita, estableciendo como sanción la cancelación de su registro.
Asimismo, se prohíbe el uso de recursos públicos en campañas, así como cualquier mecanismo de compra, coacción o inducción del voto, incluyendo esquemas como los “diezmos” o aportaciones forzadas.
La propuesta también plantea blindar los programas sociales, estableciendo que su operación y difusión deberán tener carácter estrictamente institucional, sin elementos de promoción personalizada ni referencias partidistas.
Se prohíbe el uso de colores, símbolos o estructuras políticas en la entrega de apoyos, así como cualquier intento de condicionarlos con fines electorales.
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