Por Saúl Santana
La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve colaboradores por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y sostuvo que deben presentar pruebas claras.
“Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía”, indicó Sheinbaum.
Comunicado sobre la solicitud de extradición
En la Mañanera del Pueblo, la presidenta leyó un comunicado sobre las órdenes de extradición de Rocha Moya que ayer publicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El documento detalló que el 28 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió 10 solicitudes de detención provisional con fines de extradición para 10 ciudadanos mexicanos, entre los que se encuentran, además de Rocha Moya, el senador por Sinaloa y el alcalde de Culiacán.
Al día siguiente, el 29 de abril, la SRE turnó la información a la Fiscalía General de la República (FGR); sin embargo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York hizo público el levantamiento de cargos contra esos 10 ciudadanos mexicanos.
Ello provocó que la SRE enviara un extrañamiento del jurídico debido a que estos procesos son confidenciales, de acuerdo con los Tratados en la materia.
La FGR llevará la investigación
Sheinbaum señaló que la FGR investigará si existe el fundamento para cumplir con las órdenes de detención y si, conforme a las leyes mexicanas, encuentra elementos de un delito, debe actuar conforme a la Constitución.
“Si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”.
Afirmó que no se cubrirá a nadie que haya cometido un delito, pero que sin pruebas claras, las imputaciones tienen un objetivo político.
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, puntualizó.
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