El diputado del PRI, Mario Zamora Gastélum, afirmó que ningún gobernante puede estar al servicio del crimen organizado, al referirse a las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios por presuntos delitos de narcotráfico.
En entrevista, el legislador sostuvo que en Sinaloa se observa una transición preocupante. “Lo que antes eran testimonios, hoy se convierte en acusaciones formales”, expuso en alusión al proceso abierto en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
De las denuncias electorales a las acusaciones en EU: el señalamiento que persiste
Zamora recordó que durante el proceso electoral de 2021 se registraron amenazas, intimidación y privación ilegal de la libertad contra funcionarios de casilla, así como presiones directas a candidatos. Añadió que eso derivó en la ausencia de contendientes opositores en algunos municipios.
“Pudimos documentar una intervención clara del crimen organizado en apoyo a un proyecto político”, señaló. El legislador advirtió que, cinco años después, los efectos de ese contexto se reflejan en la situación actual del estado.
Mario Zamora exigió que las autoridades mexicanas investiguen a fondo y subrayó que los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad. “Nadie puede estar por encima de la ley. Si hay responsabilidades, deben deslindarse y sancionarse”, afirmó.
En ese marco, describió la situación en Sinaloa como “un verdadero desastre”, al señalar un incremento en desapariciones, robo de vehículos, cierre de negocios y afectaciones a sectores productivos como el campo, la pesca y la ganadería.
Añadió que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 9 de cada 10 habitantes de Culiacán dicen sentirse inseguros, lo que refleja un entorno de miedo generalizado.
Exige Mario Zamora investigar posibles vínculos
Zamora recordó que en su momento se promovieron impugnaciones electorales, incluso ante la Organización de los Estados Americanos, ante lo que calificó como falta de condiciones equitativas en la contienda.
En ese sentido, pidió al gobierno federal y a la presidenta Claudia Sheinbaum investigar posibles vínculos entre autoridades y grupos criminales. En especial, precisó, ante decisiones recientes de Estados Unidos como el retiro de visas a funcionarios públicos.
“Debe ser motivo suficiente para preguntarnos qué está pasando”, advirtió. Y señaló que existen instituciones, como la Unidad de Inteligencia Financiera y las fiscalías, que deben actuar con base en la información disponible.
El caso abre presión sobre el Estado para fijar límites frente al crimen organizado
El legislador sostuvo que el momento actual representa una prueba para las instituciones mexicanas frente a señalamientos de alto impacto internacional. “Hay una línea que no se puede cruzar: ningún gobernante puede ser empleado del crimen organizado”, concluyó.
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