La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, exigió que la ley se aplique sin excepción, privilegios ni cálculos políticos ante los señalamientos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La legisladora advirtió que cualquier intento de encubrir, minimizar o evadir responsabilidades implicaría una situación grave de impunidad. Además, redundaría en un deterioro en la credibilidad de las instituciones mexicanas.
Postura política ante el caso Rocha Moya
Los señalamientos contra Rocha Moya derivan de una acusación presentada en Estados Unidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante un Gran Jurado en Nueva York. Esto da al caso una dimensión internacional y coloca presión adicional sobre las instituciones mexicanas.
Frente a ello, el mandatario con licencia rechazó las imputaciones y se declaró inocente, postura que su equipo secundó. Por su parte, el gobierno federal señaló que no existen elementos suficientes para que autoridades mexicanas adopten medidas cautelares con base en el expediente estadunidense.
En este contexto, López Rabadán insistió en que el país debe garantizar justicia y transparencia. Asimismo, subrayó que cualquier servidor público que incurra en ilegalidades debe ser sancionado.
Poder Judicial, bajo escrutinio
La diputada planteó que el caso representa una prueba directa para el Poder Judicial. Explicó que la actuación de las autoridades judiciales permitirá evaluar si los jueces actúan con apego a la legalidad o bajo criterios políticos.
Afirmó que México atraviesa una etapa crítica en materia institucional, en la que la respuesta de las autoridades será determinante para sostener la confianza pública.
Caso Rocha Moya: riesgos para la credibilidad y la economía
López Rabadán advirtió que la forma en que se gestione este caso también puede tener repercusiones económicas, al incidir en la percepción de confiabilidad del país frente a socios comerciales como Estados Unidos y Canadá, en el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
Señaló que una respuesta institucional débil podría impactar negativamente en la relación bilateral y en la estabilidad económica.
Señalamientos previos y exigencia de acciones
La legisladora sostuvo que el caso se inscribe en un contexto de advertencias previas no atendidas, como el asesinato de Héctor Melesio Cuén y denuncias de actores como Mario Zamora y Paola Gárate.
En ese sentido, llamó a cerrar filas, fortalecer la seguridad, desmantelar estructuras del crimen organizado y sancionar a servidores públicos que incurran en actos ilícitos. La postura fija presión política directa sobre las instituciones, en un momento de alta sensibilidad para la credibilidad del Estado mexicano.
