En Oaxaca, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal donde se configura como violencia sexual agravada el embarazo infantil.
Con el voto de 39 de 42 diputados, la Legislatura local pretende marcar un precedente, imponer un alto y un freno a este flagelo que atenta contra la niñez oaxaqueña.
Modificaciones a la ley estatal
En Sesión Ordinaria, los legisladores locales aprobaron el dictamen con Proyecto de Decreto. Este documento adiciona un segundo párrafo a la fracción V del artículo 7 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género. Así, la normativa establece que la ley considerará el embarazo en niñas menores de 14 años de edad como una modalidad de violencia sexual.
Además, el Congreso adecuó el Código Penal para tipificar la responsabilidad de quien cause este tipo de embarazos. Las autoridades competentes aplicarán la penalidad correspondiente a una violación sexual, la cual incluye las siguientes sanciones:
- Una pena de 40 a 45 años de cárcel sin derecho a fianza.
- Una multa de 100 mil a 200 mil pesos para cubrir la reparación del daño.
Protección de los derechos de la niñez
En consecuencia, el marco legal local mandata actuar conforme a la legislación penal aplicable. Las instituciones correspondientes deberán investigar todo caso de esta naturaleza de forma inmediata con perspectiva de género e infancia, garantizando en todo momento el interés superior de la niñez y la protección integral de sus derechos.
La Comisión Permanente de Mujeres e Igualdad de Género elaboró el dictamen y argumentó que el Estado no puede catalogar el embarazo infantil como un hecho aislado o una mera problemática de salud pública. Las diputadas lo definieron como una manifestación directa de relaciones desiguales de poder, abuso y coerción. La gestación a tan temprana edad constituye un indicio objetivo de agresión sexual, debido a que las niñas en este rango etario carecen de la capacidad jurídica y las condiciones para emitir un consentimiento válido en esta materia.
Además, el documento señala que esta problemática genera impactos profundos en la vida de las menores. Estas afectaciones incluyen:
- El deterioro de su salud.
- La limitación de su acceso a la educación.
- El condicionamiento de su desarrollo personal.
- La restricción en la construcción de su proyecto de vida.
Tales efectos no solo inciden en el ámbito individual, sino que contribuyen a perpetuar condiciones de desigualdad y exclusión social.
El órgano legislativo dictaminó en sentido positivo porque la legislación estatal anterior contemplaba diversas formas de violencia contra las mujeres, pero tenía vacíos. Las leyes previas omitían reconocer de manera expresa el embarazo en niñas menores de 14 años como una modalidad específica, lo que dificultaba su adecuada identificación y atención por parte de las instituciones.
Iniciativa y casos recientes
La diputada Jimena Yamil Arroyo Juárez, integrante del grupo parlamentario de Morena, promovió esta iniciativa. El proyecto también busca facilitar el registro estadístico diferenciado y orientar el diseño de políticas públicas focalizadas para erradicar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de niñas y adolescentes en las ocho regiones de Oaxaca.
La legisladora señaló que esta reforma busca colocar el bienestar de las niñas en el centro de las decisiones, obligando a las instituciones a actuar con determinación y firmeza, evitando la revictimización y asegurando la justicia. “El embarazo infantil no debe ser normalizado, es un indicio de violencia sexual y debe ser atendido como tal”, apuntó.
En Oaxaca, en este año se han reportado siete casos de embarazos infantiles: tres en niñas menores de 12 años y el resto en mujeres adolescentes, donde los implicados son alumnos de escuela de bachillerato.
En dos casos de embarazo en menores de 16 años, donde los implicados incurrieron en ataque sexual, ambos ya están vinculados a proceso y esperan sentencia condenatoria por parte de los jueces locales.
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