Tras una prolongada audiencia inicial y el uso de la duplicidad del término constitucional por parte de la defensa, un juez federal vinculó a proceso a ocho personas, entre ellas el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red de delincuencia organizada dedicada al contrabando de hidrocarburos.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó datos de prueba contundentes que permitieron al juez decretar la vinculación a proceso por los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
Ernesto “N” Ernesto Ruffo Appel, Ricardo “N” y José “N” enfrentan cargos por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos; Juan “N” y Luis “N” por delincuencia organizada y contrabando, y José María “N”, Guillermo “N” y Adriana “N” por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
Además, el juez ratificó la prisión preventiva oficiosa para Ernesto “N”, José “N”, Ricardo “N”, Juan “N” y Luis “N”, quienes deberán cumplirla en el Cefereso 1 Altiplano; José María “N” y Guillermo “N” permanecerán en prisión domiciliaria por motivos de salud, mientras que Adriana “N” lo hará en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
Las detenciones ocurrieron el pasado 16 de julio en una operación coordinada entre la FGR y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado de una investigación de alta complejidad sobre operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.
Los presuntos implicados están acusados de operar un esquema conocido como “huachicol fiscal” que consistía en introducir combustible desde Estados Unidos, principalmente de refinerías en Texas, mediante declaraciones falsas o incompletas en las aduanas.
Ruffo Appel, señalado como presunto líder de la organización
Presuntamente, la red utilizaba la red ferroviaria binacional, ferrotanques y una estructura empresarial para mover millones de litros de combustible de contrabando.
Ruffo Appel es señalado como presunto líder de esta organización y las autoridades destacan que estas conductas no sólo generan una afectación económica significativa al erario público, sino que también representan una importante fuente de financiamiento para organizaciones criminales.
Etapas inmediatas
– Preparación de la Investigación Complementaria. La Fiscalía tiene un plazo, generalmente dos a seis meses, dependiendo de la complejidad y si hay prisión preventiva, para reunir y presentar todas las pruebas adicionales, periciales, testimoniales, documentales. La defensa también puede aportar pruebas y solicitar diligencias.
– Audiencia de Control de la Investigación o Audiencia Intermedia. Una vez cerrada la investigación complementaria, se realiza una audiencia donde la Fiscalía presenta su acusación formal, la defensa puede oponerse, pedir exclusión de pruebas o el sobreseimiento del caso.
– El juez decide si el caso pasa a juicio oral o si desecha algunos delitos o pruebas.
– Juicio Oral. Si se abre, se realiza el debate público de pruebas ante un tribunal de juicio. Puede durar semanas o meses por la complejidad del caso por delincuencia organizada + contrabando internacional.
Sentencia
– El Tribunal emite una sentencia condenatoria o absolutoria. En caso de condena, hay posibilidad de apelación.
¿Habrá más investigados e imputados?
En este caso concreto, los imputados con prisión preventiva en el Altiplano permanecerán detenidos durante todo el proceso, salvo que obtengan alguna suspensión o cambio de medida. Los que tienen prisión domiciliaria o en otro centro seguirán en esas condiciones, salvo modificación judicial.
La FGR libró órdenes de aprehensión contra 25 objetivos en total. Hasta ahora se han detenido y vinculado a ocho personas, pero aún hay alrededor de 17 sospechosos más que no han sido detenidos.
Presuntamente, la red operaba en ocho estados de la República y utilizaba una estructura empresarial y ferroviaria para el contrabando. La Fiscalía asegura que sigue investigando a operadores, funcionarios aduanales, agentes y otros empresarios relacionados.
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