El Estado mexicano reconoció en 2019 a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural del país. La reforma al artículo 2° de la Constitución marcó un hecho histórico: por primera vez, millones de personas afrodescendientes dejaron de ser invisibles para la ley.
Sin embargo, siete años después, ese reconocimiento aún no se refleja plenamente en la vida cotidiana de las mujeres afromexicanas, quienes siguen enfrentando pobreza, discriminación, rezago educativo y un acceso desigual a servicios básicos.
En el marco del Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes, Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, que se conmemora cada 25 de julio, especialistas, legisladoras y organizaciones coinciden en que el desafío ya no es el reconocimiento jurídico, sino convertir los derechos plasmados en la Constitución en políticas públicas eficaces y oportunidades reales.
La invisibilidad histórica y el racismo cotidiano
La presencia afrodescendiente en México se remonta a la época virreinal y fue fundamental para el desarrollo económico de la Nueva España. Pese a ello, durante siglos permaneció ausente de los registros oficiales, de los libros de historia y de las políticas públicas.
La doctora en antropología Briceidee Torres Cantú, egresada de El Colegio de Michoacán y de la Universidad Veracruzana, explica que esa invisibilidad histórica no desapareció con la reforma constitucional.
Muchas mujeres afrodescendientes, afirma, continúan enfrentando formas cotidianas de racismo y discriminación por el color de su piel, una realidad que limita el ejercicio pleno de sus derechos.
El rostro de la desigualdad en cifras
Ese silencio comenzó a romperse en 2015, cuando el INEGI preguntó por primera vez si las personas se reconocían como afrodescendientes. Cinco años después, el Censo de Población y Vivienda confirmó que 2.6 millones de personas, equivalentes al 2% de la población nacional, se identificaban como afromexicanas o afrodescendientes; más de la mitad eran mujeres.
Para ellas, la desigualdad tiene múltiples rostros. El racismo y la discriminación de género se entrelazan y restringen el acceso a la educación, la salud, el empleo formal, la justicia y los espacios de representación política. A ello se suman estereotipos que durante décadas han minimizado sus aportaciones a la historia y al desarrollo del país.
Torres Cantú señala que las mujeres afrodescendientes enfrentan una discriminación interseccional que mantiene abiertas brechas sociales e impide que los avances legales se traduzcan en igualdad de condiciones.
Las organizaciones civiles advierten que muchas comunidades afromexicanas siguen registrando mayores niveles de pobreza, rezago educativo y carencias en infraestructura básica, como agua potable y servicios de salud.
Estas condiciones afectan especialmente a las mujeres, quienes además asumen una parte importante de las labores de cuidado en sus hogares y comunidades.
El reto legislativo y la verdadera transformación
Desde el ámbito legislativo, la diputada federal de Morena, Andrea Navarro, considera que el principal reto es convertir los avances constitucionales en una garantía efectiva de derechos.
Destaca que el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público representó un cambio de fondo, pero reconoce que aún es necesario combatir el racismo, la discriminación y los procesos de racialización que persisten en distintos ámbitos.
La legisladora señala que este proceso deberá fortalecerse con la futura Ley General de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, cuyo propósito será consolidar un marco jurídico que garantice el ejercicio pleno de sus derechos y reduzca las brechas históricas de desigualdad.
Aunque el reconocimiento constitucional ha permitido generar estadísticas, impulsar investigaciones e incorporar gradualmente la perspectiva afromexicana en algunas políticas públicas, especialistas coinciden en que los avances siguen siendo insuficientes.
El reto es que ese reconocimiento deje de existir únicamente en la ley y se refleje en la vida de las personas.
Para Briceidee Torres Cantú, el verdadero cambio llegará cuando las mujeres afrodescendientes dejen de enfrentar actos de discriminación por el color de su piel y puedan ejercer plenamente sus derechos en condiciones de igualdad.
A siete años de la reforma constitucional, la deuda del Estado mexicano ya no es reconocer a las mujeres afromexicanas en el papel. La verdadera transformación comenzará cuando una niña afrodescendiente pueda crecer sin que el color de su piel determine las oportunidades que tendrá para estudiar, recibir atención médica, acceder a un empleo digno o participar en los espacios donde se toman las decisiones.
Solo entonces el reconocimiento constitucional dejará de ser un logro jurídico para convertirse en una realidad cotidiana.
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