Los consejeros del INE Norma de la Cruz, Arturo Chávez y Uuc-Kib Espada, identificados dentro del “bloque Taddei”, integrarán la comisión antinarco, encargada de revisar los perfiles de las candidaturas con posibles nexos con la delincuencia rumbo al proceso electoral 2026-2027, previsto a iniciar el próximo 10 de septiembre.
De acuerdo con la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), publicada el pasado 2 de junio, los partidos políticos deberán entregar voluntariamente a la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas la lista de sus aspirantes a los diversos cargos que se disputarán el próximo año.
Posteriormente, el INE consultará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Ello, a fin de que estas instancias analicen y determinen que “no exista riesgo” o que “exista riesgo razonable”, con lo cual se busca “blindar” todo el proceso federal y locales de posibles vínculos ilícitos en que pudieran incurrir las candidaturas.
Con base en esa información, los partidos políticos serán responsables de determinar sobre la procedencia o no del registro de sus candidaturas.
Algunas tareas de la Comisión
1.- “La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas tiene por objeto recibir de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente, los listados de personas que pretendan postular como candidatas a un cargo de elección popular, ya sea federal o local, previo a su registro ante la autoridad electoral”.
Lo anterior, “para que, en coordinación con las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, se realice un análisis de riesgo sobre sus perfiles”, indica el Artículo 200 Bis de la LEGIPE.
2.- La entrega de la información a que se refiere el párrafo anterior podrá ser total o parcial, y se realizará de manera voluntaria por parte de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente.
3.- Los partidos políticos establecerán mecanismos para que las personas que pretendan ser postuladas manifiesten su conformidad de que su perfil sea objeto de un análisis de riesgo, en los términos previstos en la ley.
4.- Los partidos políticos, con base en la información que les sea proporcionada por la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, determinarán sobre la procedencia o no del registro de las personas evaluadas como candidatas por ese instituto político.
¿Qué se elige el próximo año?
El próximo año se renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, así como mil 98 diputaciones locales en 31 de los 32 congresos locales, con excepción de Coahuila, y 2 mil 227 ayuntamientos, excepto en Durango y Veracruz.
Según previsiones del INE, se podría recibir, ordenar, generar el archivo y enviar la respuesta de un universo de entre 700 mil y 800 mil consultas que harían los partidos políticos de sus candidaturas.
La propuesta que implicó varias horas de deliberación «a puerta cerrada» de parte de la llamada “mesa de consejeros” del Instituto y que concluyó la noche de este martes, deberá aprobarse por el pleno en su sesión extraordinaria programada para este jueves 30 de julio.
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