Por Yemeli Ortega, corresponsal en Houston.
La mitad del cuerpo de Wilber Garcés prácticamente no se mueve; desde hace cinco días tiene una bala incrustada cerca del cuello. El disparo le llegó por la espalda -mientras trabajaba- desde el arma de un agente migratorio de Estados Unidos.
A pesar de su delicada condición médica, este venezolano que reside y trabaja de forma legal en Texas, no está hospitalizado, sino encarcelado.
No se trata de un caso aislado de abuso de fuerza, es el pan de cada día desde que el presidente Donald Trump inició su segundo mandato en 2025 y, con la promesa de recrudecer las políticas antiinmigrantes, mandó comandos armados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) a las calles para que actuaran a discreción.
El viacrucis de Garcés, de 28 años, comenzó el domingo pasado, a plena luz del día, mientras trabajaba como repartidor de comida. Conducía su auto para entregar un pedido en el norte de Austin cuando un vehículo negro, sin sirena ni insignia, se le acercó peligrosamente.
Pensó que se trataba de un conductor agresivo, pero cuando se dio cuenta de que eran agentes migratorios, les avisó que se estacionaría fuera de los carriles y llamó a su esposa, Elizdar, para ponerla al tanto.
Pero la mujer sólo alcanzó a escuchar al menos tres disparos y los gritos del venezolano, antes de que la llamada se cortara.
Sin atención médica
Videos que circulan en redes sociales muestran a Garcés gimiendo de dolor al interior de un vehículo azul, estacionado al borde de una vía. Dos agentes sin uniforme -uno de ellos encapuchado- vistiendo gafas de sol y chalecos antibala que dicen “agente federal” lo obligan a salir para esposarlo.
Más tarde, se observa a policías uniformados recortar la camiseta ensangrentada de Garcés, dejando al descubierto la perforación que le dejó uno de los proyectiles en la espalda, cerca del cuello. Ninguna ambulancia puede observarse en los alrededores.
Garcés fue llevado en custodia al hospital, pero cuatro horas después, los agentes de ICE lo trasladaron a un centro de detención en Pearsall, a casi tres horas de Austin, donde pasó la primera noche en un cuarto frío, sin cama ni medicinas, según relató el lunes el propio Garcés a los reporteros durante una llamada telefónica en altavoz con su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch.
Desde entonces, las autoridades retiraron a Garcés el derecho a comunicarse con el exterior y su estado de salud sólo ha empeorado.
Este viernes “la bala sigue alojada en su cuerpo, su herida sigue sangrando y no ha recobrado la por completo la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo”, informó Lincoln-Goldfinch a través de su cuenta en la red social X.
Según la abogada, otro detenido en Pearsall se comunicó con ella y le aseguró que Garcés se ha desmejorado significativamente, mostrándose “pálido, extremadamente inflamado y con dolor severo”.
Próxima audiencia
El Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado en el que aseguró que Garcés “fue dado de alta del hospital” y que “goza de atención médica 24 horas al día” en el centro de detención.
“Para muchos inmigrantes ilegales esta es la mejor atención médica que han recibido en toda su vida”, añade el comunicado la dependencia, que califica al venezolano como un “inmigrante ilegal” que “no tenía permiso de trabajo válido ni estatus legal, y contaba con una orden de expulsión definitiva”.
Sin embargo, Linciln-Goldfinch aseguró que Garcés entró a Estados Unidos de forma legal en 2024, no tiene antecedentes penales, tramita su asilo y posee un permiso de trabajo legal y vigente.
Además, explicó que la orden de expulsión emitida en su contra se debió a que el venezolano no acudió a una audiencia sobre su proceso de asilo, ya que la Corte envió el citatorio a una dirección incorrecta.
La defensa del venezolano deplora que ICE se niegue a entregar las grabaciones de las cámaras de sus agentes del día de los hechos, y consiguió que un juez federal ordenara que Garcés esté presente como testigo en la primera audiencia sobre su caso, el próximo miércoles.
Cifras récord
El alcalde de Austin, el demócrata Kirk Watson, reprobó las acciones de ICE asegurando que provocan “miedo y caos”, y pidió una investigación independiente del caso.
A su vez, el Departamento de Seguridad Nacional advirtió que ICE no disminuirá sus operaciones en Austin, y llamó a los estadounidenses a “apoyar las deportaciones masivas”.
Texas, un estado gobernado por republicanos en las últimas décadas, representó casi una cuarta parte de las detenciones de ICE en julio, según cifras oficiales.
El caso de Garcés ocurre casi dos meses después del asesinato por parte de ICE del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, en Houston, Texas.
El presidente republicano Donald Trump regresó a la Casa Blanca con la promesa de expulsar a millones de inmigrantes. A través de controvertidas medidas, casi 51 mil indocumentados fueron detenidos en Estados Unidos sólo en agosto, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional.
Desde que Trump inició su segundo mandato en 2025, al menos ocho personas han muerto por disparos de agentes de ICE, mientras que más de 50 personas han muerto bajo custodia de esa misma institución, según cifras oficiales, las más altas reportadas en el país.
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