El gobierno de Estados Unidos sancionó a Carlos Alberto Torres Torres y a su hermano Luis Alfonso, exesposo y excuñado de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, al incluirlos en una amplia operación financiera contra una red que Washington atribuye a Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadunidense, anunció este martes sanciones contra 21 personas y 25 empresas presuntamente relacionadas con la estructura de Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa encabezada, según las autoridades estadunidenses, por Zambada Sicairos.
El Departamento del Tesoro identificó a “El Mayito Flaco” como dirigente de la facción después de la detención, en julio de 2024, de su padre Ismael “El Mayo” Zambada García. Sostuvo que la organización mantiene actividades de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción con presencia en Sinaloa, Durango y Baja California, además de operaciones vinculadas con el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
Carlos Alberto Torres presuntamente facilitaba protección
Dentro del apartado relacionado con Baja California, el Tesoro incluyó a Carlos Alberto Torres, a quien atribuye el uso de sus relaciones e influencia política para presuntamente facilitar protección a integrantes de la organización criminal.
La información difundida sobre la acción de OFAC señala que las autoridades estadunidenses relacionan a Carlos Alberto Torres con Pedro Ariel Mendívil García, exdirector y exsecretario de Seguridad Pública de Mexicali, de quien presuntamente habría recibido recursos para favorecer operaciones de la organización en territorio bajacaliforniano.
A su hermano Luis Alfonso lo relacionan con operaciones financieras
También aparece Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos, quien ha sido relacionado en investigaciones previas en México con el presunto manejo de recursos mediante empresas y operaciones financieras.
El Departamento del Tesoro igualmente menciona dentro de la estructura bajacaliforniana a Rafael Buenrostro Marín, identificado como exfuncionario aduanal y exasesor legislativo, y establece conexiones entre integrantes de esa red y operadores ligados a Los Mayos, entre ellos Juan José Ponce Félix y José Ángel Rivera Zazueta.
Bloqueo de bienes y operaciones financieras
Las sanciones de OFAC implican que los bienes y derechos patrimoniales de las personas y empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadunidenses quedan bloqueados.
Asimismo, empresas que sean propiedad, directa o indirectamente, en 50% o más de una o varias personas sancionadas también pueden quedar sujetas a restricciones.
De manera general, ciudadanos y empresas estadunidenses tienen prohibido realizar operaciones financieras o comerciales con las personas incluidas en las listas de OFAC, salvo que exista una autorización específica de la autoridad.
Cabe resaltar que la inclusión en la lista de sanciones no representa por sí misma una sentencia penal, sino una medida administrativa y financiera adoptada por el gobierno estadunidense.
Investigación paralela de la FGR
Carlos y Luis Torres ya aparecen desde 2025 en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionada con una supuesta red de tráfico de armas, narcotráfico y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La carpeta comenzó a partir de una denuncia presentada el 11 de junio de 2025 ante el área especializada en delincuencia organizada de la FGR.
De acuerdo con información de medios de comunicación, en esa denuncia se señala que Carlos Torres presuntamente recibía 150 mil dólares mensuales de Pedro Ariel Mendívil García para permitir operaciones de Los Rusos, grupo identificado como una facción del Cártel de Sinaloa con presencia en Baja California.
En el mismo expediente, Luis Alfonso Torres es señalado como presunto operador de una estructura dedicada a administrar recursos mediante empresas y canalizar fondos hacia actividades políticas.
Carlos Alberto Torres rechaza acusaciones
Carlos Alberto Torres ha rechazado las acusaciones. En enero de 2026 aseguró que el expediente derivó de una denuncia anónima, afirmó no tener “nada que ocultar” y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer los señalamientos.
La propia gobernadora Marina del Pilar Ávila confirmó entonces que su exesposo era investigado por la FGR y señaló que confiaba en que la Fiscalía realizaría una indagatoria seria y a profundidad.
Las sanciones anunciadas este 29 de septiembre amplían ahora el caso al ámbito financiero estadunidense y colocan a varios personajes vinculados con Baja California dentro de una operación internacional dirigida contra la estructura que Estados Unidos identifica con “El Mayito Flaco”.
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