Su lucha trascendió la prisión y llegó al ámbito internacional
Alberto Patishtán Gómez, maestro tzotzil y defensor de derechos humanos, murió el viernes 2 de octubre a los 55 años en la Ciudad de México. Su vida estuvo marcada por 13 años de prisión, pero también por una lucha que convirtió el encierro en defensa de otros presos y de los derechos de las comunidades indígenas.
El activista había sido trasladado a la capital del país debido a una enfermedad. Hasta ahora no se ha informado públicamente la causa de su muerte. Sus restos fueron trasladados a Chiapas, donde este sábado fueron recibidos en su municipio de origen, El Bosque.
Alberto Patishtán: un maestro y un defensor de derechos humanos
Patishtán nació el 19 de abril de 1971 en El Bosque, Chiapas. Fue maestro bilingüe de educación primaria y director de un albergue escolar en Huitiupán. También participó en la organización de comunidades indígenas para gestionar vivienda, servicios y el reconocimiento oficial de poblados.
Ese camino cambió en junio de 2000, cuando fue detenido y acusado de participar en una emboscada contra una patrulla en la que murieron siete policías. Patishtán negó haber participado en los hechos y sostuvo que se encontraba trabajando.
El 18 de marzo de 2002, un juez lo condenó a 60 años de prisión. Años después, el Estado mexicano reconocería que en el caso existieron violaciones graves a los derechos humanos, particularmente al debido proceso.
Del encierro nació La Voz del Amate
Durante su permanencia en el penal de El Amate, Patishtán no limitó su lucha a la defensa de su propio caso. En 2006 participó en la creación de La Voz del Amate, colectivo del que fue vocero y que denunció abusos, corrupción y discriminación contra presos indígenas.
Así, el hombre que había llegado a prisión acusado de un crimen que siempre negó terminó convirtiéndose en una de las voces más visibles contra las irregularidades de la justicia y las condiciones de reclusión de indígenas en Chiapas.
Su historia tampoco quedó confinada a las cárceles. El 3 de agosto de 2010, Patishtán y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar violaciones al debido proceso y otras afectaciones a sus derechos.
El indulto y el reconocimiento del Estado
El 31 de octubre de 2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto le concedió el indulto, después de una reforma al Código Penal Federal que permitió utilizar esa figura en casos excepcionales. El análisis oficial encontró indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos, particularmente al debido proceso.
Patishtán recuperó la libertad el 1 de noviembre de 2013, después de 13 años de prisión. El indulto extinguió la responsabilidad penal, pero no constituyó una sentencia judicial de inocencia. Esa distinción resulta importante para entender la dimensión jurídica de su historia.
La batalla jurídica continuó. El 1 de diciembre de 2017, la CIDH declaró admisible la petición presentada siete años antes. En septiembre de 2018, Patishtán y el Estado mexicano suscribieron un acuerdo de solución amistosa.
En ese acuerdo, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional por violaciones a los derechos de Patishtán y sus familiares. Entre las medidas de reparación estuvieron la atención médica especializada, la restitución de su plaza docente, una compensación económica y medidas de reconocimiento público.
En 2019, la CIDH aprobó el acuerdo y declaró su cumplimiento total. Con ello quedó documentado, en el ámbito internacional, el reconocimiento estatal de las violaciones relacionadas con el proceso que llevó a Patishtán a prisión.
Alberto Patishtán dedicó su vida a las causas colectivas
Después de recuperar la libertad, Patishtán continuó acompañando a personas privadas de la libertad y denunciando abusos contra indígenas. Su historia dejó de ser solamente la de un hombre encarcelado durante 13 años y se convirtió en parte de una lucha más amplia contra la discriminación y por el acceso efectivo a la justicia.
Al conocer su muerte, autoridades y organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron sus condolencias y recordaron su trayectoria de lucha. Compañeros que compartieron con él los años de prisión también acudieron a recibir sus restos en El Bosque.
En el municipio donde comenzó su vida regresó también la memoria de aquel maestro que pasó de las aulas a una celda y, desde allí, encontró una manera de seguir enseñando: que la dignidad puede sobrevivir al encierro y que una injusticia individual puede convertirse en una causa colectiva.
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