Actualmente, uno de cada cuatro cigarros que se comercializan en el país es ilegal, una situación que, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), se agravó tras el incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado al tabaco.
La organización sostuvo que el aumento de la carga fiscal amplió la diferencia de precios entre los productos legales y los de contrabando, lo que incentivó el consumo de cigarros apócrifos y fortaleció las redes de comercialización ilícita.
“Mientras una cajetilla legal hoy supera los 100 pesos, en el mercado negro se pueden conseguir cajetillas de cigarros pirata desde 15 pesos. Esta enorme brecha ha creado las condiciones para que el contrabando gane terreno y atraiga cada vez más consumidores”, afirmó el presidente de Anpec, Cuauhtémoc Rivera.
De acuerdo con el organismo, la expansión del mercado ilegal también favorece prácticas como la venta de cigarros sueltos a menores de edad y la distribución de productos que evaden controles sanitarios y fiscales.
Decomisos exhiben dimensión del contrabando
Los aseguramientos realizados por autoridades federales durante los últimos meses reflejan la magnitud del problema.
En agosto fueron decomisados 52.5 millones de cigarros apócrifos procedentes de Vietnam en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Un mes después, las autoridades aseguraron otros 8.78 millones de cigarros en el mismo puerto y 13 toneladas de tabaco ilegal en operativos realizados en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.
Durante octubre, las acciones contra el contrabando continuaron con el aseguramiento de 60 toneladas de cigarros apócrifos, maquinaria e insumos para su fabricación en Huixquilucan, Estado de México. A ello se sumó el decomiso de seis toneladas adicionales en la colonia Morelos de la capital del país.
Para ANPEC, estos resultados muestran que no se trata de cargamentos aislados, sino de redes de importación, fabricación y distribución que operan a gran escala.
“Si los decomisos son de esta magnitud y, aun así, el producto ilegal sigue presente en el mercado, es evidente que el fenómeno es mucho mayor y está fuera de control”, señaló Rivera.
Pequeño comercio resiente el avance del cigarro pirata
El organismo advirtió que el pequeño comercio figura entre los sectores más afectados por el crecimiento de los productos ilegales.
Según ANPEC, la venta de cigarros representa hasta 25% de los ingresos directos e indirectos de muchos establecimientos. Sin embargo, el encarecimiento del producto formal ha provocado que parte de los consumidores migre hacia opciones de menor precio comercializadas fuera de la legalidad.
Ante este escenario, la organización lanzó este año la campaña nacional “No vale la pena”, orientada a prevenir que los comerciantes participen en la venta de cigarros pirata y alertarlos sobre riesgos como multas, clausuras e incluso sanciones penales.
Anpec cuestiona impacto del IEPS en el sistema de salud
Además de señalar el avance del mercado ilegal, ANPEC cuestionó que el incremento del IEPS haya generado mejoras visibles en el sistema de salud.
La agrupación argumentó que, pese al aumento de la recaudación por impuestos al tabaco, persisten las demandas de trabajadores del sector por mejores condiciones laborales, abastecimiento de medicamentos, equipamiento médico y personal suficiente.
Por ello, consideró necesario transparentar el destino de los recursos obtenidos mediante este gravamen y evaluar en qué medida han contribuido al fortalecimiento de los servicios públicos de salud.
“La ruta para fortalecer el sistema de salud es mucho más compleja que simplemente aumentar un impuesto. Se requiere presupuesto suficiente, administración eficiente, abasto de medicamentos, infraestructura y personal capacitado”, afirmó.
Contrabando crece mientras persisten carencias
Para ANPEC, los resultados observados hasta ahora muestran que el aumento del impuesto no redujo el consumo de tabaco, pero sí ensanchó la diferencia de precios entre el producto legal y el ilegal.
La organización concluyó que la medida favoreció el crecimiento del contrabando, afectó al pequeño comercio y no resolvió los problemas estructurales que enfrenta el sistema de salud, por lo que sostuvo que “no valió la pena” aplicar un incremento desproporcionado al gravamen sobre los cigarros.
