La movilización frenó el mecanismo que generó temor a despidos.
La protesta y la movilización de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) consiguió que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) abrogara el acuerdo que regulaba la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial. La determinación dejó sin efecto las reglas que detonaron protestas y paros desde el 6 de noviembre, ante el temor de que las calificaciones pudieran utilizarse para sancionar o separar de sus cargos a secretarios, actuarios y oficiales judiciales.
El Pleno del OAJ aprobó la abrogación durante una sesión extraordinaria este lunes 9 de noviembre. La publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF). Se trata del acuerdo AG-POAJ-027/2026, que dejó sin efectos el instrumento anterior, identificado como AG-POAJ-025/2026 y publicado apenas el 5 de noviembre.
La decisión se produjo después de las negociaciones del sábado 7 de noviembre entre el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, el OAJ y representantes de tres organizaciones sindicales. El acuerdo respondió a la principal exigencia de los trabajadores: retirar las disposiciones que consideraban una amenaza para su estabilidad laboral.
La protesta en el Poder Judicial consiguió abrogar el acuerdo
Las movilizaciones de protesta en el Poder Judicial comenzaron el 6 de noviembre, cuando trabajadores de juzgados y tribunales federales rechazaron el mecanismo de evaluación. Su inconformidad se concentró en la posibilidad de que los resultados tuvieran consecuencias laborales. Los trabajadores cuestionaron los criterios subjetivos y las evaluaciones extraordinarias que podían solicitar los titulares de los órganos jurisdiccionales.
En las negociaciones del 7 de noviembre se planteó que las evaluaciones tuvieran como único propósito mejorar la eficiencia y calidad del servicio judicial. No tendrían que materializarse en efectos sancionatorios ni consecuencias sobre la permanencia en el empleo. También se acordó eliminar las evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares y revisar los porcentajes de calificación relacionados con factores subjetivos.
Aunque inicialmente se anticipaba modificar el acuerdo, el Pleno del OAJ decidió abrogarlo por completo. El organismo informó que, pese al compromiso sindical de reanudar las actividades el lunes 9, todavía permanecían cerrados al menos 50 juzgados y tribunales federales.
El OAJ justificó la decisión en la necesidad de garantizar la continuidad del servicio y el derecho de acceso a la justicia. La abrogación eliminó el instrumento que originó el conflicto, en lugar de conservarlo mediante ajustes parciales.
Sindicatos anuncian regreso a los tribunales
Después de conocerse la resolución, los dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de la Unión Nacional de Trabajadores del Poder Judicial anunciaron el fin del paro y la reincorporación del personal a sus actividades este martes 10 de noviembre.
Jesús Gilberto González Pimentel, dirigente del Sindicato de Trabajadores del PJF, señaló que la abrogación respondió a la principal demanda de la base laboral. También informó que se prevé construir un nuevo acuerdo mediante mesas de trabajo en las que participen trabajadores, enlaces de los circuitos judiciales, el Colegio de Secretarios y Actuarios y las representaciones sindicales.
La negociación busca que cualquier mecanismo futuro de evaluación tenga reglas claras y participación de quienes serán evaluados. La cancelación del acuerdo vigente no significa que desaparezca definitivamente la evaluación del desempeño, sino que el OAJ deberá construir otra propuesta con intervención de los trabajadores.
El paro afectó la atención judicial
El cierre de juzgados y tribunales interrumpió la recepción y tramitación ordinaria de asuntos, además de afectar la atención de personas que requieren servicios judiciales. Entre los procedimientos que pueden resentir las suspensiones están demandas, amparos, recursos y otros trámites cuya resolución depende de la actividad de los órganos jurisdiccionales.
El OAJ advirtió que la permanencia de al menos 50 instalaciones cerradas afectaba el derecho de acceso a la justicia y el mandato constitucional de impartirla de manera pronta y expedita. La reanudación de labores busca recuperar la atención y contener el rezago generado durante el paro.
La abrogación quedó formalizada con su publicación en el DOF el 9 de noviembre. El resultado inmediato de la movilización fue retirar las reglas cuestionadas y abrir una nueva negociación sobre la evaluación del personal judicial, ahora con el compromiso de incorporar a la base trabajadora en su elaboración.
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