Ciudad de México, 30 Abr. (AMEXI).- La diputada del PRD, Gabriela Sodi Miranda, reiteró el llamado al Senado de la República para que antes de que cierren los trabajos del segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año legislativo se designe a las dos magistraturas vacantes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
A unas horas concluya el último período de sesiones la legislatura, aseguró que la falta de dos magistraturas afecta a la integridad democrática del país.
“Recordemos que México es un país reconocido internacionalmente por tener un sistema de justicia electoral sólido, garante, de elecciones democráticas, libres, justas y competitivas”, dijo en conferencia de prensa.
Lee: Diputados descartan periodo extraordinario para iniciativas del Ejecutivo
Lo anterior, expuso, ante las elecciones más grandes del país que se llevarán a cabo el 2 de junio próximo, toda vez que habrá elecciones concurrentes entre los 32 estados y se contará con la participación de más de 97 millones de ciudadanos.
Sodi Miranda advirtió que la falta en la designación de estas dos magistraturas por partes de las y los senadores pone en riesgo los resultados electorales, ya que las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral declararán la validez de los comicios electorales.
Explicó que los magistrados del TEPJF califican su legalidad y son quienes otorgarán la constancia de mayoría y validez a quien resulte electo o bien, la declaratoria de invalidez de la elección en el caso de la violación de los principios en materia electoral, para lo cual se requieren seis de los siete magistrados y no cinco como opera actualmente.
“Hoy terminan los trabajos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta sobre la prontitud para que los senadores conformen estas dos magistraturas”, añadió.
Asimismo, subrayó que estas dos designaciones podrían conllevar varios efectos tanto en el funcionamiento del máximo tribunal electoral como en su capacidad para cumplir con los deberes constitucionales y legales; además podría generar presiones de índole político-legal.
“Garantizar la integración completa y conforme a la Constitución de la Sala Superior del Tribunal Electoral constituye una cuestión de legitimidad democrática y asegura la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía”, destacó.
