El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), actualmente en consulta pública abierta hasta el 22 de noviembre de 2026, no incrementa ni modifica directamente las tasas del impuesto predial.
Sin embargo, la propuesta promueve la actualización de las bases catastrales a valores de mercado inmobiliario y el uso de tecnología de drones, lo que elevaría de manera indirecta el cobro final en las demarcaciones que adopten estas recomendaciones técnicas.
Cambios técnicos en el mapa metropolitano
El proyecto fija un piso de coordinación metropolitana mediante una estrategia unificada de ordenamiento territorial entre la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos, alcanzando un total de 84 demarcaciones territoriales (16 alcaldías capitalinas y 68 municipios conurbados).
Para lograrlo, plantea una actualización catastral tecnológica que transita a levantamientos cartográficos con tecnología de drones y geolocalización para detectar metros cuadrados no declarados o cambios en el uso de suelo.
Asimismo, la propuesta sugiere homologar el valor catastral con el valor comercial o de mercado de los inmuebles e incorpora nuevos mecanismos urbanísticos, tales como el gravamen al desperdicio urbano o polígonos de desarrollo prioritario para predios subutilizados o baldíos.
Poblaciones y sectores impactados
La medida alcanza directamente a propietarios de inmuebles y contribuyentes, específicamente a familias y dueños de bienes raíces cuyo valor catastral presente rezagos frente al valor de mercado.
De igual manera, incide en los gobiernos municipales y de la Ciudad de México, al dotar a las tesorerías locales de lineamientos para elevar su recaudación local.
Por último, impacta al sector inmobiliario y desarrolladores, cuyas firmas quedan sujetas a nuevas reglas de aprovechamiento del suelo y polígonos de edificación.
Implicaciones fiscales, administrativas y políticas
En el ámbito fiscal y económico, aunque el plan no altera los códigos financieros locales, homologar el valor catastral con el valor de mercado incrementa automáticamente la base gravable, derivando en un pago efectivo mayor para la ciudadanía.
Sobre la materia administrativa, obliga a las tesorerías a modernizar sus padrones con herramientas digitales.
En el plano político, genera fricción entre autoridades metropolitanas y los congresos locales, únicas instancias constitucionalmente facultadas para aprobar incrementos a impuestos locales o modificaciones hacendarias.
Datos clave de la aprobación y consulta pública
El programa se encuentra en etapa de consulta pública, con plazo abierto para la ciudadanía y sectores interesados hasta el 22 de noviembre de 2026.
Las autoridades impulsoras son la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en coordinación con la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis de CDMX) y los gobiernos del Estado de México, Hidalgo y Morelos.
El argumento central de las dependencias subraya que el instrumento vigente data de 1998, acumula 28 años de rezago y requiere una planeación actualizada para regular el crecimiento urbano, proteger recursos naturales y ordenar el suelo de más de 22 millones de habitantes.
Controversias y límites legales del programa
Especialistas y sectores de oposición advierten sobre la incertidumbre en el cobro real, señalando que actualizar los valores a precios comerciales incrementará el impuesto predial aunque la tasa porcentual no sufra cambios.
Ante los cuestionamientos, la Secretaría de Planeación aclaró que el POZMVM posee un carácter estrictamente orientativo y carece de facultades vinculantes o constitucionales para subir cobros fiscales de forma directa.
Paralelamente, persisten dudas ciudadanas sobre los esquemas de venta o aprovechamiento prioritario en predios baldíos.
Beneficios y oportunidades en equidad fiscal
Las autoridades prevén que la modernización fortalezca la justicia y equidad fiscal al reducir la evasión en inmuebles subvaluados o construcciones no reportadas.
Además, impulsará la planeación sustentable al frenar la expansión desordenada en zonas de conservación acuífera y proveerá a los municipios de mecanismos directos para captar ingresos propios y reducir la dependencia de participaciones federales.
