Ciudad de México, 29 jun. (AMEXI).- La consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Erika Estrada Ruiz, reconoció que las noticias falsas han permeado en la sociedad mexicana y esto no ha sido por un tema meramente informativo.
Agregó que esas noticias apelan a las emociones y al sentimiento del público receptor, con el objetivo de manchar la imagen de algún personaje o institución.
Recordó que en 2018, el Instituto de Tecnología de Massachussetts (MIT), reveló que la información errónea se mueve seis veces más rápido que la verdadera.
Durante la conferencia virtual Red Flag: Fake News en Tiempos Post Electorales, organizada por el IECM, advirtió que ese es un dato contundente.
“Este dato es contundente y fundamental para darnos cuenta por qué la información falsa, la desinformación y las fake news, tienen la posibilidad de replicarse tan rápido en las redes sociales, y me atrevería a decir que esto es porque somos muy proclives a no ir a la fuente original”, señaló.
Durante su participación, la politóloga Alejandra Tello Mendoza, investigadora en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), subrayó que esas noticias falsas, en ocasiones buscan desprestigiar procesos electorales poniendo en duda sus resultados y asumiéndolos como fraude.
Paralelamente ponen en cuestión la ardua labor y experiencia de instituciones organizadoras de comicios, así como también pretenden desprestigiar a candidatos, más con el objetivo de hacer daño a su imagen que el informar un hecho trascedente.
“Me parece que hay un gran vacío normativo, se tendría que pensar en un marco jurídico, obviamente no desde un enfoque punitivo, sino de política pública, pensando cuáles son las causas reales de la desinformación y, a partir de ahí, buscar una regulación adecuada con base en estándares internacionales”, puntualizó la académica.
Precisó que la divulgación de información falsa sí está regulada en México, en los artículos séptimo y octavo del Catálogo de Delitos Electorales, en donde se contemplan desde multas, hasta prisión para funcionarios electorales y partidos políticos que, de manera dolosa, difundan y divulguen información falsa sobre el resultado de las elecciones.
Sin embargo, la académica añadió que el castigo no es la solución, pues de acuerdo con al Instituto de Investigaciones Bibliotecnológicas de la Información, los partidos políticos y las compañías privadas son los principales actores que se dedican a la fabricación artificial de estas noticias falsas.
La consejera electoral y la politóloga coincidieron en que la solución a la proliferación de información falsa en las redes sociales es estudiar el problema desde una perspectiva psicológica, entender que hay alguien que paga por difundir esa información falsa, invertir en tecnología y seguridad cibernética.
Además de delimitar qué es el derecho a la información y en dónde se entra a los terrenos de la calumnia.
Ambas reconocieron que los organismos electorales deben fomentar la educación cívica e impulsar un periodismo de calidad, en donde las fuentes de consulta siempre sean medios de comunicación serios y no páginas anónimas cuyo objetivo es solamente hacer daño al de enfrente.
