Ciudad de México, 31 mar. (AMEXI).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, pidió a los tres niveles de gobierno y a las autoridades electorales asumir su responsabilidad política y social para garantizar seguridad en este proceso electoral.
“Es obligación de las autoridades de gobierno de los tres niveles otorgar garantías a electores y candidatos, no polarizar el ambiente y dejar que la gente decida en libertad, y del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) fungir como árbitros sin sesgo”, expuso.
Aclaró que no se trata solo de la seguridad, sino también de respetar la legalidad, pues los funcionarios deben de mantenerse al margen de participar activamente en la elección.
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Consideró que debe preocupar que de septiembre de 2023 a la fecha se hayan contabilizado 44 agresiones contra aspirantes o candidatos a cargos de elección popular, según informó Integralia; que haya un aspirante agredido cada cuatro días y que los aspirantes a cargos municipales sean los más atacados.
Estados como Guerrero, Michoacán y Chiapas registran mayor cantidad de víctimas, y los “gobiernos estatales deben ofrecer mayores condiciones de seguridad y no pretender se normalice la violencia hacia candidatos, dirigentes partidistas y la sociedad en conjunto”, señaló.
Dijo que también debe llamar la atención el grado de vulnerabilidad que enfrentan las autoridades electorales.
Consideró preocupante que las juntas locales de los OPLES de Chiapas, Campeche, Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Tamaulipas solicitaran medidas de seguridad para protección a capacitadores electorales y resguardo de material electoral, lo que, apuntó, obliga a una mayor coordinación entre autoridades.
“Uno de los principios de la democracia es la imparcialidad para que la cancha sea pareja para todos”, puntualizó.
