Vecinos de Uruapan protestan contra el teleférico de Uruapan
La construcción del teleférico en Uruapan, Michoacán, avanza pese a protestas vecinales, amparos judiciales y señalamientos de imposición por parte del gobierno estatal encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, que mantiene la fecha de inauguración para el 18 de abril de 2026.
Desde el inicio del proyecto, habitantes de zonas cercanas denunciaron afectaciones a viviendas, riesgos urbanos y falta de consulta ciudadana, lo que derivó en movilizaciones, plantones y recursos legales para intentar frenar la obra.
El teleférico de Uruapan forma parte del plan del gobierno estatal para construir sistemas similares también en Morelia. Ambos proyectos desde su anuncio generaron inconformidad entre vecinos y actores políticos.
Adjudicación y cuestionamientos
La obra fue adjudicada al consorcio integrado por Doppelmayr México y Grupo INDI, con una inversión estimada en 3 mil 200 millones de pesos.
El proyecto fue impulsado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM), encabezada por Gladys Butanda, aunque opositores señalaron falta de transparencia en el proceso de licitación y en la difusión de detalles técnicos y financieros.
Las críticas también apuntaron a que la promoción institucional del teleférico coincidió con la exposición mediática de funcionarios estatales, lo que generó señalamientos de posible uso político de la obra.
Protestas y desalojos por el teleférico de Uruapan
Vecinos de fraccionamientos cercanos a la construcción realizaron plantones y bloqueos para impedir el avance de los trabajos. En febrero de 2025, elementos de la Guardia Civil y policías municipales desalojaron a manifestantes.
De acuerdo con reportes ciudadanos, durante los operativos se registraron confrontaciones y denuncias por uso de la fuerza contra vecinos inconformes. Pese a las movilizaciones, la obra continuó sin modificaciones sustanciales.
Amparos y asesinato de abogado
La construcción del teleférico enfrentó múltiples amparos promovidos por ciudadanos. En marzo de 2025, la Fiscalía General de la República investigó la presunta violación de una suspensión judicial emitida por el Juzgado Octavo de Distrito.
El abogado Isidro Ramos, quien encabezaba la defensa legal de vecinos y había logrado suspensiones judiciales contra la obra, fue asesinado en 2025, hecho que generó preocupación entre opositores al proyecto.
Tras el homicidio, la resistencia vecinal perdió impulso mientras los trabajos continuaron.
Señalamientos de uso político
Durante el desarrollo del proyecto, actores políticos acusaron al gobierno estatal de utilizar la obra como plataforma de posicionamiento rumbo a la elección de 2027.
El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia, señaló que el gobernador Ramírez Bedolla impulsaba a posibles aspirantes mediante la promoción de proyectos de infraestructura.
Medidas del Instituto Electoral
En abril de 2026, el Instituto Electoral de Michoacán dictó medidas cautelares contra el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por declaraciones relacionadas con el proceso electoral de 2027.
El organismo determinó que dichos posicionamientos podrían vulnerar los principios de imparcialidad y equidad electoral. Por esa razón ordenó al mandatario abstenerse de emitir mensajes que pudieran favorecer aspiraciones políticas.
Gobierno mantiene inauguración del teleférico de Uruapan
El gobernador Ramírez Bedolla calificó la resolución del Instituto Electoral como censura y anunció que impugnará la medida ante el tribunal electoral.
Mientras tanto, el gobierno estatal confirmó que el teleférico de Uruapan entrará en operación el 18 de abril de 2026, y lo calificó como un sistema de transporte moderno que mejorará la movilidad urbana.
La obra llegará a su inauguración tras un proceso marcado por protestas ciudadanas, recursos judiciales, desalojos y cuestionamientos políticos, sin que las inconformidades lograran frenar el proyecto impulsado por la administración estatal.
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