Un accidente registrado la tarde del jueves 5 de noviembre en la planta de proceso FCC 2 de la refinería Lázaro Cárdenas dejó un saldo de dos trabajadores petroleros sindicalizados con quemaduras en distintas partes del cuerpo.
De acuerdo a familiares, llevaron a los lesionados a una clínica particular, lo que provocó cuestionamientos sobre el procedimiento que se siguipo para brindarles atención médica.
Los trabajadores identificados como Eduardo Castro y Jair Otoniel Romero resultaron lesionados mientras realizaban maniobras para desconectar una manguera de una línea de proceso.
Se detalló que ambos los alcanzó el agua de vapor condensado, lo que les ocasionó quemaduras de consideración.
Esta por confirmse, que uno de ellos presentó afectaciones en aproximadamente el 60% de su cuerpo.
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Cuestionan el procedimiento de atención.
La controversia suege luego de que presuntamente los trabajadores los trasladados, inicialmente, a una clínica particular, en lugar de recibir atención mediante los servicios médicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), como correspondería al protocolo institucional para este tipo de emergencias.
En los señalamientos difundidos sobre el caso aparecen los nombres de los ingenieros Blanca Soto Rojas y Rodolfo Murguía Reyes, quienes presuntamente intervinieron en las decisiones relacionadas con el traslado de los lesionados, situación que deberá ser esclarecida por la administración de la empresa.
Interviene la Sección 10 del sindicato petrolero
Ante lo ocurrido, la representación sindical de la Sección 10 del STPRM, encabezada por Jorge Alberto Wade Zúñiga,gestionó una ambulancia externa para recoger a los trabajadores de la clínica particular y trasladalos al Hospital Regional de Pemex en Minatitlán.
La actuación sindical permitió que los petroleros recibieran atención en las instalaciones médicas de la empresa, donde posteriormente los reportaron como estables, de acuerdo con la información proporcionada.
Piden esclarecer posibles omisiones
Los cuestionamientos también apuntan a una posible intención de evitar que el accidente quedara registrado en los indicadores de siniestralidad laboral de la refinería, aunque hasta ahora no existen elementos públicos que permitan confirmar esa hipótesis.
Entre las preocupaciones expuestas se encuentra la posibilidad de que otros trabajadores lesionados hayan sido atendidos anteriormente en clínicas privadas, sin que los incidentes quedaran debidamente registrados como accidentes laborales.
De confirmarse alguna irregularidad, corresponderá a las instancias competentes determinar las responsabilidades administrativas o legales que pudieran derivarse.
El accidente vuelve a poner sobre la mesa las condiciones de seguridad industrial en la refinería de Minatitlán y la necesidad de garantizar que cualquier trabajador lesionado reciba atención médica oportuna, sin que intereses administrativos o estadísticos estén por encima de su integridad.
Hasta el momento, se espera una postura oficial de Pemex sobre las causas del accidente, el procedimiento de atención aplicado y la posible investigación interna relacionada con estos hechos.
