La vinculación a proceso de Ulises Bravo Molina, hermano del exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y exdirigente estatal de Morena, derivó este viernes en un intercambio de acusaciones entre el exlíder partidista y el Gobierno de Morelos.
Ello, luego de que el primero denunció una presunta persecución política, mientras la administración estatal rechazó cualquier intervención en el proceso judicial.
Bravo Molina fue vinculado a proceso por un juez de Morelos dentro de una carpeta iniciada por su exesposa, Liu León Luna, quien lo denunció por presunta violencia familiar en hechos ocurridos durante 2023.
Sin embargo, aunque enfrentará el procedimiento en libertad, deberá cumplir con las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial mientras continúa el proceso.
Acusa intervención del Gobierno estatal
En conferencia de prensa, acompañado de sus abogados, Ulises Bravo sostuvo que el proceso judicial en su contra está motivado por diferencias políticas surgidas durante el pasado proceso electoral, cuando fungía como presidente estatal de Morena.
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Afirmó que la denuncia presentada por su exesposa fue impulsada originalmente por el entonces fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, con quien —aseguró— mantenía una confrontación política tanto él como su hermano, Cuauhtémoc Blanco.
Además, acusó al actual jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez, y a la gobernadora Margarita González Saravia de intervenir para modificar una resolución judicial que inicialmente no lo vinculaba a proceso.
Según su versión, el magistrado Rafael Brito le habría comentado que debía cambiar el sentido de la resolución por instrucciones provenientes de la Oficina de la Gubernatura.
Bravo Molina aseguró que el supuesto conflicto tiene su origen en las diferencias que sostuvo con Margarita González Saravia durante la campaña por la gubernatura, particularmente por la integración de la coalición electoral y la selección de candidaturas.
Gobierno rechaza persecución política
Horas después, el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez, rechazó categóricamente los señalamientos y aseguró que el Gobierno de Morelos no interviene en los procesos judiciales.
Consideró que las declaraciones de Bravo Molina buscan construir una “cortina de humo” para desviar la atención sobre el proceso penal que enfrenta.
Sostuvo que la denuncia fue presentada por un particular y que corresponde exclusivamente a las autoridades ministeriales y judiciales determinar el curso del expediente con base en criterios técnicos y jurídicos.
“El gobierno que preside la gobernadora Margarita González Saravia, por ética, por principios, por vocación y por formación histórica, no ejerce persecución política ni politiza la justicia”, afirmó García Chávez.
El caso de Ulises Bravo escaló del ámbito judicial al político
Añadió que ningún ciudadano recibe protección especial por parte del Gobierno estatal y que toda persona debe responder ante las autoridades cuando existe un proceso legal en su contra.
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Con ello, el caso escaló del ámbito judicial al político, al enfrentar públicamente las versiones del exdirigente morenista y del Gobierno de Morelos sobre el origen y desarrollo del procedimiento penal que continúa abierto.
