El Gobierno de Baja California informó que se han presentado 54 denuncias penales por presuntos actos de corrupción y otras irregularidades cometidas por servidores públicos, de las cuales 28 fueron judicializadas.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló que entre los posibles delitos denunciados se encuentran el ejercicio ilícito del servicio público y la coalición de servidores públicos.
Sin embargo, la administración estatal no precisó el número de funcionarios involucrados, las dependencias a las que pertenecen ni cuántos de estos procedimientos han concluido con sentencias condenatorias.
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La mandataria aseguró que su gobierno mantiene una política de tolerancia cero a la corrupción, mediante acciones de fiscalización, modernización administrativa y mecanismos de participación ciudadana.
Digitalizan más de 400 trámites gubernamentales
Como parte de las medidas anunciadas, Ávila Olmeda destacó que actualmente más de 400 trámites estatales pueden realizarse mediante plataformas digitales, con el objetivo de reducir tiempos de atención y evitar la intervención de intermediarios.
“Estamos cerrando espacios a la corrupción y poniendo la tecnología al servicio de la gente. Hoy, más de 400 trámites pueden realizarse de manera digital, lo que permite agilizar procesos, eliminar intermediarios y ahorrar tiempo y traslados a la ciudadanía”, expresó.
Entre las herramientas implementadas se encuentran la Ventanilla Digital y el Modelo Único de Atención Ciudadana (MUAC), que ofrecen servicios y orientación a distancia.
Estos mecanismos incluyen atención mediante videollamadas con intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y servicios en lenguas indígenas.
Más de 42 mil atenciones ciudadanas en Baja California
La gobernadora informó que las Unidades Móviles para la Atención a Quejas y Denuncias han brindado más de 42 mil atenciones en los siete municipios de Baja California.
A través de estos módulos, los ciudadanos pueden presentar reportes sobre posibles irregularidades en el servicio público, incluso de manera anónima.
No obstante, las autoridades no detallaron cuántas de esas atenciones corresponden a denuncias formales por corrupción ni el número de investigaciones administrativas o sanciones derivadas de los reportes recibidos.
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Baja California se encuentra entre las diez entidades federativas que han publicado reformas constitucionales y leyes secundarias relacionadas con anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas.
