Pobladores del Puerto de Sisal, ubicado a 75 kilómetros al noroeste de Mérida, cerraron los accesos a la comunidad en protesta por la detención de uno de sus líderes, presuntamente detenido por la invasión de terrenos federales en el litoral costero.
Diversos residentes expresaron con carteles y a gritos su inconformidad por la aprehensión esta mañana de un individuo apodado “El Mulato” en la terminal de autobuses de Oriente del Puerto de Sisal, lo que consideraron un “atropello”.
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Conflicto por tres terrenos
El conflicto está relacionado con la apropiación y labores de desmonte o retiro de dunas en tres polígonos que suman 36 mil metros cuadrados, por lo que autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) levantaron la denuncia respectiva ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La dependencia señaló que dichos pobladores pretenden ocupar tres superficies con terrenos ganados al mar de la costa de Sisal de 10 mil 400 m2, 12 mil 600 m2 y 14 mil 784 m2, de ahí que levantó la querella correspondiente.
Los inconformes, vinculados a los invasores, colocaron troncos, piedras y otros obstáculos en la carretera de acceso a Sisal, comunidad considerada Pueblo Mágico –perteneciente al municipio de Hunucmá– por sus atractivos naturales, en donde habitan unas 2 mil personas.
La Semarnat advirtió el pasado 14 de este mes que dichos terrenos son propiedad de la nación, por lo que nadie puede disponer de ellos para su aprovechamiento y uso con fines comerciales o de habitación sin contar con una concesión.
Protestas por permisos de concesión a inversionistas privados
Los manifestantes expresaron que las autoridades han otorgado permisos de concesión de terrenos a inversionistas privados en Sisal, de ahí que también exigen derechos de usufructo. “El pueblo ya se cansó de que solo se aplique la ley a unos cuantos. Si van a investigar, que lo hagan parejo”, expresó una inconforme.
Desde hace algunos meses, pobladores de la comisaría de Hunucmá iniciaron labores de desmonte para ocupar esos terrenos con el fin de lotificarlos para su ocupación y venta, con el argumento de que les corresponde su posesión por ser habitantes de la comunidad.
El pasado 11 de marzo hubo un enfrentamiento entre pobladores y elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional por la tala ilegal de manglares y la subsecuente intervención de las autoridades federales para asegurar un terreno.
En ese entonces, los pobladores se opusieron a la diligencia federal, bloquearon el acceso principal al pueblo y atacaron a los agentes con palos y piedras. Un proceso de diálogo posterior ofrecido por las autoridades aminoró la tensión.
