Morelia, 15 sep. (AMEXI).- Cada 15 de septiembre los michoacanos desde hace 16 años claman justicia para las víctimas y sobrevivientes del atentado con granadas ocurrido en Morelia al conmemorarse la celebración del Grito de Independencia, y también piden reabrir el caso.
Es así que cada sexenio, familiares de las víctimas y sobrevivientes de ese hecho terrorista registrado un día como hoy 15 de septiembre pero de 2008, piden al presidente en turno que se reabra la investigación y se esclarezca los hechos y detengan a los verdaderos culpables.
Lo anterior, en virtud de que después del atentado fueron detenidas tres personas que posteriormente fueron liberadas al comprobarse que eran inocentes.
“Nos dijeron en la Fiscalía del Estado que iban a ver eso, pero si no encontraron a los culpables en los primeros años, ahora es mucho más difícil”, consideró la señora Bravo.
Mich, a 14 Septiembre 2024. Piden abrir el caso del atentado en Michoacán. AMEXI/Foto/ Archivo
El ataque perpetrado con granadas hace 16 años contra personas que festejaban el Grito de Independencia en pleno Zócalo de Morelia, Michoacán, hecho inédito en nuestro país y calificado oficialmente como terrorismo, tuvo un saldo de ocho muertos y más de 130 lesionados, pero a la fecha esta impune.
En aquellos años con la sentencia final emitida por un Tribunal Colegiado Federal los magistrados resolvieron en definitiva la absolución de cuatro sujetos a los que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) acusó de pertenecer a Los Zetas.
Resultaron inocentes los presuntos culpables
En ese entonces, a quienes se consideraban responsables del ataque a la postre se descubrió que fueron arrestados ilegalmente y torturados para que se declararan culpables.
El informe de la PGR indicó que los tres detenidos fueron capturados en Antúnez, Michoacán, durante un operativo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
En dicho reporte se dijo que los capturaron con una antena de telefonía celular, en un cuarto vacío y semidestruido, frente a un sitio de taxis y a un costado de una escuela secundaria.
Los vecinos y taxistas del sitio donde supuestamente fueron atrapados los presuntos “zetas”: Julio César Mondragón Mendoza, Juan Carlos Castro Galeana y Alfredo Rosas, señalaron que “esos de la PGR tienen años que no realizan un operativo en esta región”.
Posteriormente se conoció en el expediente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que los tres detenidos fueron llevados al balneario El Pedregal, propiedad de «El Becerro», líder de la Familia Michoacana en esa región, donde ellos los golpearon y torturaron para que se declararan culpables.
Luego fueron entregados a las autoridades, para cobrar la recompensa de un millón de pesos que daba la PGR por la captura de los responsables.
Respuestas y seguimiento de la CNDH
Casi un año después, el 17 de julio de 2009, la CNDH informó a las esposas de los detenidos que por esa razón «se actualiza una causal de no competencia» del organismo «para seguir conociendo de sus quejas».
Ellas, las esposas, acudieron a la CNDH para denunciar el secuestro y tortura de Juan Carlos Castro Galeana, Julio César Mondragón Mendoza y Alfredo Rosas Elicea, quienes fueron sometidos por un comando armado para inculparse de los atentados.
Además, los obligaron a presentarse como miembros de Los Zetas, el brazo armado del cártel del Golfo, situación que fue negada por el juez, pues nunca se comprobó el hecho.
¿Cómo fueron las confesiones?
De acuerdo con el registro de las confesiones, el ataque tuvo como finalidad «calentar» la plaza de Michoacán y desatar una ofensiva entre el Gobierno federal hacia La Familia Michoacana.
A las pocas horas del doble atentado, esa organización criminal se deslindó y advirtió que daría con los responsables para entregarlos al gobierno del entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.
Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México. AMEXI/Foto/ Felipe Calderón – Wikipedia, la enciclopedia libre
Por medio de la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales Ibáñez, la PGR admitió que dio con los detenidos.
Lo anterior, gracias a una llamada anónima en la que indicaron que los supuestos responsables estaban en una casa de la población de Antúnez, del municipio de Parácuaro.
Los agentes que fueron por ellos reconocieron que los acusados estaban vendados, amarrados de los pies y esposados.
La PGR difundió en un video a los detenidos, en cuyas imágenes «explicaban» la manera en que supuestamente aventaron las granadas, versión que fue ampliamente difundida por la televisión.
Las esposas de Cabrera, Mondragón y Rosas Elicea: Esperanza Fajardo Ortiz, Judith Medina Ayala y Julia Sánchez Vázquez, respectivamente, acudieron a la CNDH desde septiembre de 2008, a los pocos días de que sus cónyuges fueron presentados por la procuraduría como presuntos responsables.
En respuesta, el organismo que en ese momento presidia José Luis Soberanes, les aseguró que será el juez de la causa el que se pronuncie «en relación con la culpabilidad o no de sus familiares», quienes desde noviembre pasado fueron enviados al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.
AMEXI/FOTO/ José Luis Soberanes – Wikipedia, la enciclopedia libre
Este deslinde quedó asentado en el oficio 32411, con fecha del 17 de julio de 2009 y firmado por el primer visitador general de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, quien es mencionado como uno de los aspirantes a suceder a Soberanes en la CNDH, en noviembre próximo de ese año.
Remite CNDH a las esposas de los detenidos a PGR y Defensoría Pública Federal
La queja presentada ante la CNDH fue contra los agentes del Ministerio Público y un defensor de oficio, en el sentido de que no sólo avalaron la declaración bajo tortura, sino que permitieron que rindieran su declaración con los ojos vendados.
Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos remitió a las mujeres al Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Esta resolución de la CNDH marca que el caso no está esclarecido, pero eso no es todo. Al no haber sentencia no se conoce la verdad de los hechos, y tampoco hay responsables que reparen el daño que más de ocho familias reclaman.
Víctimas de los hechos terroristas
Entre las víctimas de este hecho terrorista se encuentran una mujer que perdió una de sus piernas y varios menores de edad que aún padecen secuelas de la explosión de las granadas.
La situación para ellos se ha agravado, porque si bien la Ley de Víctimas contempla que tendrían derecho a un apoyo económico subsidiario, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ha aceptado hasta ahora inscribirlos en el registro de víctimas.
AMEXI/Foto/ : Raúl Plascencia Villanueva – Wikipedia, la enciclopedia libre
Ello, hasta que finiquiten un trámite, que incluye que un juez ordene su reconocimiento legal, situación que también se les ha negado en las sentencias.
“Hemos sido olvidados por las comisiones de víctimas, actualmente nos encontramos en una situación de vulnerabilidad y a la fecha no hemos superado las consecuencias (…) es evidente que existieron fallas en la indagatoria y que la PGR vulneró los derechos humanos de los probables responsables.
«Esta situación también conlleva a que el día de hoy se vulnere nuestro derecho a la verdad y a la justicia”, indicaron las víctimas en el escrito de queja que ya interpusieron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Reyna Velasco, la abogada que representa legalmente a ocho de las víctimas, consideró que este es un caso que ejemplifica tanto la incapacidad de la investigación que se padece en todos los niveles en México, como la inoperancia de la CEAV para brindar apoyo a las víctimas de un hecho de violencia tan paradigmático, como fue este ataque.
El caso comienza a desmoronarse
El caso comenzó a desmoronarse el 27 de mayo de 2015, cuando el juez a cargo del proceso determinó absolver y ordenar la libertad inmediata de los detenidos, al considerar que el proceso no podía continuar debido a la presunta tortura, con la cual se obtuvieron las confesiones de los implicados.
Seis meses más tarde, en noviembre de 2015, la PGR (hoy Fiscalía General de la República) consiguió revivir temporalmente el caso, luego de que un Tribunal Unitario revocó la sentencia absolutoria y ordenó la reaprehensión de los implicados, para que se les practicara el denominado Protocolo de Estambul, que sirve para confirmar huellas de tortura.
Sin embargo, los implicados –ya liberados– promovieron y ganaron un juicio de amparo que nuevamente frena el caso. La Procuraduría intentó apelar dicha determinación y el expediente llegó este año al Primer Tribunal Colegiado, cuyos magistrados resolvieron, en junio de 2014, confirmar el amparo.
Es así como se logró la absolución de Alfredo Rosas Elicea, «El Socio» o «El Valiente»; Juan Carlos Castro, «El Grande», y Julio César Mondragón Mendoza, «El Tierra Caliente», quienes habían sido señalados falsamente como autores materiales de los atentados del pasado 15 de septiembre de 2008, en Morelia.
Además, dictó arraigo domiciliario contra cuatro personas que quederon bajo investigación por estos mismos hechos, informó Marisela Morales Ibáñez, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
