La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró siete predios por desmonte ilegal que suman dos mil 608 hectáreas ubicados en Campeche, Yucatán y Quintana Roo y señaló como causante de esta depredación a la comunidad menonita.
“Todos los predios afectados se ubican en zonas donde se registra la expansión de las actividades del grupo poblacional menonita”, indicó la dependencia al señalarlo como responsable de la transformación sin autorización alguna de áreas de selvas en monocultivos agroindustriales.
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Del 28 de mayo al 14 de junio, inspectores de la Profepa realizaron operativos en los mencionados estados, que derivaron en la clausura de siete predios por la remoción de vegetación y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin autorización, además del aseguramiento de herramientas y maquinaria pesada.
Resultado de los desmontes en 2 mil dos mil 608.9 hectáreas, el personal federal aseguró 108.5 metros cúbicos de madera en rollo y escuadría, tres torres agrícolas, un implemento agrícola de rastra con 36 discos, una cosechadora y tres tractores agrícolas.
En Yucatán, Campeche y Quintana Roo cambiaron el uso del suelo
La dependencia informó de seis operativos: dos en Calakmul y Hopelchén, en Campeche; dos en Tekax, Yucatán y dos en José María Morelos y Othón P. Blanco, en Quintana Roo, sin embargo, no informó de la aprehensión de posibles responsables de la comunidad menonita.
Las zonas afectadas suman 2,608.9 hectáreas de selvas, divididas así: Campeche 702 ha, en Yucatán 606.4 ha y en Quintana Roo 1,300.5 ha.
Inspectores de la Profepa y elementos de la Guardia Nacional, de la Sedena y la policía estatal acudieron al paraje San Diego Buenavista, municipio de Tekax, Yucatán, donde constataron que la vegetación natural fue reemplazada por un terreno nivelado.
En el lugar se apreciaron raíces, troncos y ramas carbonizadas como resultado del corte, derribo, seccionado y eliminación por fuego de arbolado adulto, arbolado joven o renuevo y vegetación herbácea que crecía en el sitio con el uso de maquinaria.
Sedena, Guardia Nacional y la policía estatal participaron en la clausura de los predios
También se encontraron un camino de acceso trazado con maquinaria pesada y cubierto con “sascab”, perforaciones en el subsuelo, la construcción de una estructura fija de concreto al costado, así como un sistema de riego por aspersión, todo ello en 350 hectáreas afectadas.
En Quintana Roo personal de la Profepa y elementos del Ejército Mexicano acudieron al ejido de Piedras Negras, del municipio de José María Morelos, donde detectaron el cambio de uso de suelo en 10.68 hectáreas de terreno forestal con vegetación nativa de selva.
En ese lugar fueron removidas sin autorización mil 57 metros cúbicos de especies nativas de selva, como Thrinax radiata, Zumaia loddigesii, y caoba, Swietenia macrophylla, listadas en el Apéndice II de la CITES y en la NOM-59-SEMARNAT-2010.
De igual manera, en el ejido Juan Sarabia de Othón P. Blanco fueron desmontadas 437.517 hectáreas, en perjuicio de especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010: jobillo, Astronium graveolens, la palma de guano kum, Cryosophila argéntea; la palma chit, thrinax radiata, y la palma zamia, Zamia polymorpha.
Profepa mantendrá operativos para detener y revertir daños ambientales
Con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, de la Sedena y de la policía estatal, inspectores detectaron en Hopelchén, Campeche derribo y arranque de vegetación forestal en un total de 527 hectáreas de selva y establecimiento de cultivos agrícolas.
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Al carecer de la autorización de cambio de uso de suelo emitida por la Semarnat se impuso la medida de seguridad de clausura total temporal; además, de que fueron asegurado tres tractores agrícolas, una cosechadora y un remolque, así como 108.5 metros cúbicos de madera, herramientas y maquinaria de rastra con 36 discos.
La Profepa advirtió que mantendrá acciones operativas permanentes para detener y revertir las afectaciones ambientales de los ecosistemas forestales en las selvas de la península de Yucatán, con el objeto de asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y la reparación de daños en las zonas afectadas.
