Representantes de 17 comunidades mayas del municipio de Hopelchén solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver de fondo el amparo relacionado con la contaminación del agua por plaguicidas que afecta a la Región de los Chenes, una zona limítrofe con Yucatán y Quintana Roo.
Los representantes jurídicos advirtieron que la decisión del máximo tribunal del país es urgente, debido a los riesgos sanitarios y ambientales que enfrentan las comunidades mayas por la exposición prolongada a residuos de plaguicidas en fuentes de agua para consumo humano.
La solicitud surge ante la discusión programada para este 26 de marzo, en la que se analizará el proyecto de sentencia elaborado por la ministra María Estela Ríos González.
Proyecto de sentencia evitaría resolver el fondo del problema
Durante una conferencia virtual desde la Ciudad de México, asesores legales y representantes comunitarios señalaron que, aunque el proyecto reconoce múltiples omisiones del juez Primero de Distrito en Campeche, propone devolver el expediente para reponer el procedimiento.
Las comunidades consideran que esta medida postergaría la solución de un problema que, aseguran, afecta desde hace años la salud y el acceso al agua potable.
«En lugar de que sea el máximo tribunal del país el que resuelva la grave situación de contaminación, se evita el fondo del problema», señalaron los representantes comunitarios.
Además, denunciaron que las autoridades responsables han omitido proporcionar información sobre la calidad del agua, así como monitorear la presencia de residuos de plaguicidas en el acuífero.
Plaguicidas representan riesgo para la población maya
De acuerdo con los representantes, en el territorio se aplican plaguicidas altamente peligrosos sin controles adecuados ni medidas de prevención para las comunidades cercanas.
Indicaron que diversos estudios públicos han detectado residuos de plaguicidas en el acuífero de la península, tanto en agua de pozos para consumo humano como en muestras de orina y sangre de habitantes.
Estas condiciones, afirmaron, implican riesgos a la salud por exposición prolongada, especialmente para niñas, niños y personas mayores.
Por ello, sostienen que la calidad del agua en distintos puntos de Hopelchén no es apta para uso y consumo humano, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de las comunidades mayas.
Autoridades federales señaladas por omisiones
Las comunidades señalaron como responsables por presuntas omisiones a diversas dependencias federales:
- Comisión Nacional del Agua
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
- Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
- Secretaría de Salud
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
- Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
Según los representantes, estas instituciones han fallado en monitorear, informar y prevenir los efectos de los plaguicidas en la región.
SCJN atrajo el caso por su trascendencia
En mayo de 2025, la Suprema Corte decidió atraer el amparo al considerar el interés y la trascendencia del caso, particularmente por su relación con:
- derecho humano al agua
- derecho al medio ambiente sano
- derechos de los pueblos indígenas
Este hecho, subrayaron los representantes comunitarios, refuerza la necesidad de una resolución de fondo y no únicamente la reposición del procedimiento.
17 mil firmas respaldan a comunidades mayas
La solicitud también cuenta con el respaldo de 17 mil firmas recabadas mediante la plataforma Change.org.
Los representantes insistieron en que se requieren acciones urgentes para modificar la política en materia de plaguicidas y proteger la salud de las comunidades mayas.
«El proyecto de la ministra ignora que se necesitan medidas inmediatas para proteger la salud de las familias mayas que han sufrido por años la contaminación de su agua», señalaron.
La Suprema Corte sesionará para determinar si resuelve el fondo del amparo o si devuelve el expediente al juzgado, como propone el proyecto.
De esta decisión dependerá si las comunidades mayas de Hopelchén obtienen una respuesta definitiva a la contaminación del agua por plaguicidas, el mismo problema que las llevó a solicitar la intervención del máximo tribunal del país y que hoy mantiene a 17 comunidades en espera de justicia ambiental y sanitaria.
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