Un hombre detenido con 41 vejigas natatorias de totoaba, especie protegida del Alto Golfo de California, lo condenaron a cuatro años de prisión y a pagar 19 millones 27 mil 591 pesos por la reparación del daño ambiental, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La sentencia contra Jorge “N” se obtuvo mediante una investigación conjunta de la FGR y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que acreditaron un delito contra la biodiversidad, agravado por su finalidad comercial y por la afectación a un área natural protegida.
El caso se remonta al 10 de diciembre de 2019, cuando elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal de Seguridad Pública detuvieron al acusado en Sonora, a bordo de un vehículo con placas de California, Estados Unidos.
Durante la inspección encontraron 35 envoltorios que contenían 41 vejigas natatorias de totoaba (Totoaba macdonaldi), ocultas en la unidad.
Acreditan afectación al ecosistema de la vaquita marina
Durante el juicio oral, especialistas de la Profepa presentaron dictámenes periciales que permitieron identificar la especie, cuantificar el daño ambiental y demostrar la finalidad comercial del tráfico ilegal.
Las pruebas fueron consideradas por el Tribunal de Enjuiciamiento para determinar la responsabilidad penal del acusado y establecer la reparación económica por afectaciones a la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.
Esta región, compartida por Baja California y Sonora, constituye el hábitat de la vaquita marina, especie en peligro crítico de extinción cuya supervivencia se encuentra amenazada, entre otros factores, por las redes utilizadas para capturar ilegalmente totoaba.
La FGR precisó que el sentenciado incurrió en un delito previsto en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal.
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Buscan aumentar penas por tráfico ilegal de especies
La Profepa y la FGR calificaron la resolución como un precedente importante en el combate a los delitos ambientales, particularmente aquellos relacionados con el aprovechamiento ilegal de especies protegidas.
Ambas instituciones señalaron que continuarán fortaleciendo sus investigaciones y la integración de expedientes para conseguir sentencias condenatorias y garantizar la reparación del daño ambiental.
Asimismo, informaron que el sector ambiental federal trabaja en propuestas para endurecer las sanciones contra el tráfico ilegal de especies.
