La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) expuso que hubo omisiones de las fiscalías generales de la República (FGR) y del estado por el extravío de las denuncias que el periodista Alejandro Leyva Aguilar presentó antes de que lo asesinaran.
La presidenta del organismo, Elizabeth Lara Rodríguez, denunció que las carpetas contenían las denuncias que el comunicador interpuso por los actos de intimidación de los que era objeto, las cuales, dijo, eran importes pues eran antecedentes directamente vinculados con su seguridad.

Las denuncias
Refirió que fue el 15 de junio de 2025 cuando el periodista, asesinado el 22 de julio en San Pablo Etla, hizo la denuncia por amenazas que recibía a través de redes sociales y por teléfono, dando los números de las personas que lo pretendían intimidar.
Sin embargo, admitió que «no podemos hablar ni tener certeza de que las amenazas contra el periodista Alejandro Leyva fueron causadas por el gobernador o funcionarios estatales o el crimen organizado, más bien identificados a particulares generando campañas de odio contra la víctima».
Lara Rodríguez aclaró que la DDHPO sí apoyó al comunicador con asesoría para el levantamiento de un cuadernillo de antecedentes para que hiciera valer su denuncia en la Fiscalía.
Mencionó que Alejandro Leyva se negó inicialmente a pedir medidas de protección, pero al continuar las amenazas, buscó integrarse al mecanismo de protección a periodistas de la FGR, que recibió su solicitud, pero se negó a otorgar las medidas de seguridad.
Incluso, comentó que la DDHPO acompañó al periodista a conocer el estatus de su carpeta de investigación en la Fiscalía, donde les informaron del extravío del expediente, por lo que levantaron una hoja circunstanciada y se pidió una indagatoria interna para conocer quiénes incurrieron en la pérdida de la carpeta.
El organismo exigió se deslinden responsabilidades por estas omisiones y se avance en las investigaciones, pues -puntualizó- la protección de quienes ejercen el periodismo es fundamental para salvaguardar la libertad de expresión.
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