Atahualpa Garibay. Corresponsal
San Diego. California., 24 jul (AMEXI).- Diecinueve presuntos miembros de una organización de tráfico de personas fueron acusados de coordinar el contrabando de decenas de migrantes no autorizados a Estados Unidos desde México.
La mayoría de estos cruces se realizaban a bordo de embarcaciones individuales a través del océano Pacífico.
De los acusados, nueve ya han sido detenidos, mientras que un gran jurado presentó una acusación formal contra 14 de ellos, y se presentó una denuncia contra otros cinco.
«El Departamento de Justicia se ha comprometido a desmantelar las operaciones transnacionales de tráfico de personas que se aprovechan de los migrantes y amenazan nuestra seguridad nacional», afirmó la Vicefiscal General Lisa Monaco.
Desmantelan red de tráfico de personas
“Las organizaciones nefastas como la acusada en este caso podrán responder por sus presuntos delitos en los tribunales estadounidenses», dijo.
Los nueve detenidos fueron arrestados en los puertos de entrada o en otras ubicaciones de San Diego durante un operativo conjunto de varias agencias la semana pasada.
Los demás acusados están prófugos. Las autoridades ejecutaron órdenes de cateo en presuntos escondites en San Diego y Los Ángeles, incautando más de $100,000 dólares y dos cajas de municiones. Anteriormente, se habían confiscado más de $120,000 dólares durante la investigación.
Según la acusación, los implicados participaron en una prolongada conspiración para introducir ilegalmente a personas desde México hacia Estados Unidos por tierra y mar.
La organización utilizaba lanchas y embarcaciones personales para transportar a los migrantes a lugares costeros como Sunset Cliffs, Bird Rock en La Jolla e Imperial Beach, California, principalmente de noche y en condiciones peligrosas.
Las motos acuáticas eran preferidas por su velocidad y capacidad para acercarse rápidamente a la costa, facilitando la evasión de las autoridades.
Cruces através del Pacífico
Los acusados también se encargaban de transportar a los migrantes dentro de Estados Unidos, coordinándose con otros conductores para llevarlos a destinos como Los Ángeles, Santa Bárbara y Las Vegas. La organización cobraba entre $7,000 y $16,000 dólares por persona traficada, generando decenas de miles de dólares que eran trasladados de San Diego a México.
“Los casos de tráfico de personas son de máxima prioridad porque hay vidas en juego”, declaró la Fiscal Federal del Distrito Sur de California, Tara McGrath.
“Ya sea corriendo una moto acuática por la costa sin chalecos salvavidas o transportando un tractocamión repleto de personas, los traficantes exponen a los vulnerables migrantes a un peligro extremo y priorizan el lucro sobre la vida humana”.
“Todos los aspectos del tráfico de personas -ya sea por tierra, mar o aire- ponen vidas en peligro”, señaló Christopher Davis, agente especial en funciones del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Diego. “HSI y nuestras agencias asociadas están comprometidas a frenar esta actividad ilegal que está diseñada únicamente para enriquecer a los codiciosos traficantes”.
«Esta acusación sirve como aviso a las organizaciones criminales transnacionales que operan a lo largo de nuestra frontera costera de que es sólo cuestión de tiempo antes de que sean llevados ante la justicia», dijo Patricia McGurk-Daniel, Agente Jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector San Diego. «Nuestro enfoque sigue siendo la protección de nuestra nación, y vamos a aprovechar todos los recursos disponibles para que estos criminales rindan cuentas por sus acciones».
¿Cuántos años de cárcel podrían enfrentar los detenidos?
Los detenidos incluyen a Edgar Jiménez Macías, Alex Ceja Guzmán, Tobías Julián Burgara González y Junior Zavala Ramírez, todos de México, quienes enfrentan cargos de conspiración por introducir extranjeros con fines lucrativos. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 15 años de prisión y multas de hasta $250,000 dólares. Otros detenidos, también de México, enfrentan cargos similares y podrían recibir hasta cinco años de prisión y multas de hasta $250,000 dólares.
La investigación fue realizada por el Grupo de Trabajo Marino del HSI de San Diego, la Patrulla Fronteriza y la Guardia Costera de los Estados Unidos, con apoyo de diversas agencias federales y locales.
Las acusaciones son parte de una operación de las Fuerzas Operativas de Lucha contra la Droga y el Crimen Organizado (OCDETF) y del Grupo Operativo Conjunto Alpha (JTFA). Estas iniciativas buscan desmantelar las organizaciones delictivas transnacionales que operan en la región, utilizando un enfoque multiinstitucional y dirigido por fiscales.
