Ante el intento oficial de cerrar el acceso público a la zona arqueológica de Chichén Itzá para evitar el ingreso de vendedores ambulantes, éstos rompieron el cerco, ocuparon espacios del sitio y permitieron el paso gratuito de turistas nacionales y extranjeros sin mayores incidentes.
Desde el lunes, las autoridades tanto del INAH como de CULTUR pretendieron cerrar el acceso sur de ingreso al sitio derivado de la falta de acuerdo en las pláticas que sostienen con representantes de organizaciones que se autodenominan del pueblo maya y que se niegan a ser reubicados.
Las autoridades determinaron ayer que el Centro de Atención a Visitantes (CATVI) y el antiguo parador turístico operado por el Patronato CULTUR permanecerán cerrados al público.
Cierre del acceso al público
“La medida se adopta de manera preventiva, con el fin de atender aspectos operativos y de coordinación interinstitucional que permitan asegurar la mejor experiencia de visita en el sitio”, indicaron las instituciones, las cuales acordaron restablecer la operación habitual a la brevedad posible.
Este conflicto afecta la operación del sitio arqueológico más visitado del país, con cerca de 2 millones de visitantes nacionales y extranjeros al año, que también es fuente de disputa entre autoridades y comerciantes ambulantes.
Los “artesanas” y “artesanos” del llamado Concejo Indígena de Gobierno de Pisté expusieron “el bloqueo ilegal y arbitrario de una vía pública de acceso cometido por la policía en la oscuridad de la noche”.
Las autoridades buscan dar solución al problema del ambulantaje que derivó en invasión de rutas de acceso, acoso a los visitantes y reiteradas negativas de los comerciantes a reubicarse en otros lugares.
Violación de acuerdos con comerciantes
En un comunicado, dicha representación de los vendedores ambulantes planteó que “el Gobierno del Estado ha cometido un acto de traición contra nuestro pueblo y nuestros acuerdos, mandando a colocar rejas en el parador principal de la Zona Arqueológica de Chichén Itzá, violando las mesas de diálogo y los acuerdos establecidos con la comunidad”.
“Nosotros ya teníamos todo listo para que el convenio fuera firmado en beneficio del pueblo maya y de nuestras familias. Hoy intentan imponerse y cerrar el paso a los derechos de nuestra gente”, aseguraron.
La organización, que representa a unos 20 mil vendedores que a diario se introducen a la zona arqueológica, se dicen herederos de la civilización maya, que son artesanos y pequeños productores, que viven de esta actividad, sin embargo, se han negado de manera sistemática a limitar el número de comerciantes y a la reubicación pese a existir áreas para su actividad.
