Expresidentes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, señalan que el combate a la corrupción en el Estado de México (Edomex) debe traducirse en sanciones efectivas, recuperación de recursos públicos desviados.
En la presentación de la décima quinta edición de la revista semestral Experiencia Anticorrupción, los exfuncionarios resaltaron la importancia de una mayor participación de la sociedad en la vigilancia de las instituciones.
Asimismo, en el evento realizado este jueves en la Escuela Judicial del Edomex, en Toluca, reconocieron avances en la construcción del sistema anticorrupción.
Sin embargo, también señalaron deficiencias que deberán atenderse ante las reformas previstas en el país para combatir la corrupción.
Lee: IMSS y Anticorrupción multan empresa
¿Cómo la ciudadanía creerá en las instituciones?
Josefina Román Vergara, expresidenta del CPC, sostiene que la ciudadanía difícilmente confiará en las instituciones mientras los responsables de actos de corrupción no enfrenten consecuencias y el dinero sustraído del erario no sea recuperado.
“Cada peso que sea público y que alguien se hubiera llevado debe regresar a las arcas”, expresó.
Consideró que los mecanismos de fiscalización, investigación y sanción deben funcionar de manera coordinada para impedir que las irregularidades queden impunes.
¿Qué resultados hay por el combate a la corrupción?
En tanto que, Marco Antonio González Castillo cuestionó que, después de casi una década de esfuerzos institucionales, los resultados sigan siendo limitados.
Criticó la duplicidad de procedimientos de fiscalización, pues una sola obra pública puede ser auditada hasta por cuatro dependencias.
Propuso simplificar los mecanismos de control y evitar que los requisitos para integrar el CPC terminen por excluir a ciudadanos que mantienen vínculos directos con los problemas de sus comunidades.
La corrupción no debe ser una estadística
En su intervención, José Guadalupe Luna Hernández advirtió que la corrupción no debe reducirse a estadísticas o estructuras burocráticas.
Lo anterior, dijo, porque las consecuencias de la corrupción se manifiestan en:
- Extorsiones cometidas por servidores públicos
- Abusos contra personas privadas de la libertad
- Y despojos de propiedades mediante redes de complicidad
Señala que la participación social es indispensable para impedir que los organismos encargados de combatir prácticas de corrupció sean capturados por intereses particulares.
No basta solo con acreditar legalidad del gasto público
Luis Manuel de la Mora Ramírez afirmó que tampoco basta con acreditar la legalidad del gasto público, sino que debe verificarse si los recursos cumplieron su propósito social.
Advierte que las políticas anticorrupción sin presupuesto ni acciones concretas quedan reducidas a buenas intenciones.
Por su parte, José Martínez Vilchis, primer presidente del CPC mexiquense, recordó las dificultades que enfrentó la instalación del sistema, particularmente por la falta de recursos y las resistencias institucionales para aceptar que un órgano ciudadano encabezara la coordinación de las autoridades.
¿Qué señala el actual presidente del CPC?
En contraste, Alberto Gándara Ruiz Esparza, actual presidente del CPC y del Comité Coordinador, defendió los avances del modelo mexiquense, aunque reconoció que las 60 prioridades de la Política Estatal Anticorrupción derivaron en más de 230 acciones, cuya complejidad obliga a revisar los mecanismos para medir sus resultados.
Destacó que el Edomex cuenta con una estructura que contempla sistemas anticorrupción en sus 125 municipios, característica que consideró una fortaleza ante eventuales modificaciones al modelo nacional.
Gándara informó que el próximo 21 de octubre se rendirá el informe del Comité Coordinador en la sede del Instituto Electoral del Estado de México, donde se expondrán los resultados del último año.
El encuentro dejó planteada la necesidad de que el sistema evolucione de la construcción de instituciones hacia resultados verificables, particularmente en la prevención, sanción de irregularidades y recuperación del patrimonio público.
