La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca (FGJO) emitió una alerta por el incremento en los casos de extorsión en todas sus modalidades y anunció la creación de un grupo especial para combatir a los implicados en este delito que afecta severamente a la población y al sector empresarial de la entidad.
El fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla, precisó que tan sólo en los meses de abril, mayo y junio se reportaron 300 casos de extorsión, de los cuales únicamente en 11 casos se activaron acciones para detener a los responsables, lo que evidencia la complejidad que enfrentan las autoridades para esclarecer estos ilícitos y llevar a los perpetradores ante la justicia.
De acuerdo con datos estadísticos de la institución, 45% de los casos de extorsión en el último trimestre se concentró en la región del Istmo de Tehuantepec, mientras que en los Valles Centrales se registró 27%, posicionándose como las zonas con mayor incidencia delictiva. La Costa, la Cuenca del Papaloapan y la Sierra Norte reportaron, cada una, 9% de los casos denunciados.
En la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, encabezada por el Gobernador @salomonj, dimos seguimiento a las acciones, estrategias y avances orientados a fortalecer la seguridad, la prevención del delito y el acceso a la justicia en Oaxaca.
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— Bernardo Rodríguez Alamilla (@FiscalOaxaca) June 16, 2026
Amenazas y cobro de piso: las modalidades más recurrentes
El análisis realizado por la Fiscalía revela que las amenazas para causar daños a las víctimas continúan siendo la modalidad más recurrente de extorsión, al representar 58.3% de los casos, seguido de las exigencias relacionadas con presuntos cobros de piso, con 25%, mientras que los fraudes constituyen 8.3% de las denuncias atendidas.
Las investigaciones también permitieron identificar que los extorsionadores suelen utilizar el nombre de organizaciones criminales para generar temor y presionar a las víctimas.
En 25% de los casos hicieron referencia al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); otro 25% correspondió a particulares sin filiación delictiva aparente, otro tanto a personas no identificadas; y 16.7% a individuos que se ostentaban como integrantes de «Los Michoacanos».
El fiscal estableció además el perfil de los criminales que cometen las extorsiones y precisó que son jóvenes menores de 35 años, aunque también se han identificado implicados mayores de 50 años. En este último caso, se relaciona a personas que han estado en la cárcel o que enfrentan procesos en reclusorios, lo que sugiere que el delito se perpetúa desde los centros penitenciarios.
Llamadas desde penales: Santa Martha Acatitla encabeza la lista
Respecto al origen de las llamadas de extorsión, los datos recabados señalan que una parte importante proviene de centros penitenciarios del país como el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, vinculado con 47.16% de los casos analizados.
Le sigue el Centro de Reinserción Social de Altamira, con 18.18%; el Reclusorio Norte, con 14.20%; el Centro de Reinserción Social de Ciudad Victoria, con 9.09%; y el Centro de Reinserción Social de Pachuca, con 3.98%, en tanto que otros centros penitenciarios concentran en conjunto el 7.39% restante.
Coparmex: pérdidas económicas superan los 400 millones de pesos
Respecto a las pérdidas económicas, el último informe del Consejo Empresarial de Coparmex establece daños por encima de los 400 millones de pesos en Oaxaca, cifra que refleja el impacto devastador que la extorsión tiene en el tejido productivo de la entidad, afectando principalmente a comerciantes, empresarios y pequeños propietarios.
En la mesa del Consejo Estatal de Seguridad se acordaron acciones inmediatas para enfrentar el delito de extorsión y entre las medidas más relevantes destaca la creación de un grupo especial que irá en busca de los responsables de cometer estos delitos.
Este cuerpo operativo contará con capacidades de inteligencia, investigación y reacción rápida para desmantelar las células delictivas dedicadas a esta actividad ilícita.
Las autoridades llamaron a la ciudadanía para denunciar cualquier intento de extorsión a través de los canales oficiales y garantizaron que los datos de los denunciantes serán protegidos. «No paguen, denuncien», fue el mensaje reiterado por el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, quien aseguró que la lucha contra la extorsión es una prioridad para su administración.
