En picada cae una red de aviadores integrada por exfuncionarios y particulares dedicados a la venta de plazas de maestros en el Estado de México, así lo informa la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEM).
La Fiscalía precisa que ejerció acción penal contra 33 exservidores públicos, funcionarios en activo y particulares, presuntamente vinculados a esta red que simuló la contratación de docentes y otros trabajadores para desviar recursos de la nómina estatal.
De ese total, 26 ya fueron vinculados a proceso por los delitos de fraude y abuso de autoridad, mientras 27 permanecen en prisión preventiva justificada en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
La situación jurídica de una persona más está pendiente de resolverse y cinco promovieron juicios de amparo contra órdenes de aprehensión.
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¿Cómo operaron el esquema para las plazas irregulares?
De acuerdo con la investigación ministerial, el esquema que desde 2021 operaba está red de defraudadores se hacía mediante la asignación irregular de plazas a personas que no desempeñaban las funciones para las que fueron contratadas.
O que, bajo la figura de “aviadores”, cobraban para sí o para terceros recursos provenientes de la nómina gubernamental.
Las indagatorias iniciaron tras denuncias presentadas los días 11 y 26 de febrero, así como el 4 de mayo de este año, por el gobierno estatal, a través de la representación legal de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología.
En las denuncias se reportaron 459 movimientos de alta en plazas docentes, cuyos supuestos beneficiarios no ejercían función alguna.
¿Quiénes participaron en la red de defraudadores?
La Fiscalía sostuvo que en la red participaron:
- Exsubsecretarios y exdirectores generales
- Delegados administrativos
- Directores de área
- Subdirectores y capturistas de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad, la Oficialía Mayor y la actual Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
¿En qué consistía el mecanismo de alta de personal de confianza?
El mecanismo consistía en dar de alta a personas de confianza, principalmente familiares y amigos, en plazas docentes o administrativas.
En muchos casos los expedientes carecían de soporte documental, no contaban con Formato Único de Movimiento de Personal o estaban incompletos, pero aun así fueron registrados en los sistemas de personal y nómina.
Las altas se hacían en el Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal y en la plataforma META 4, utilizada para la dispersión de pagos.
Según la Fiscalía, algunos movimientos fueron asignados a planteles inactivos para evitar que las irregularidades fueran detectadas.
Una vez concretadas las altas, los reclutadores o terceros retenían las tarjetas de nómina y retiraban los depósitos.
A los titulares de las cuentas les entregaban una cantidad menor por permitir el uso de sus datos personales. En algunos casos, por cada 200 mil pesos cobrados por concepto de sueldo, los falsos docentes recibían apenas 6 mil pesos.
¿Qué hicieron los capturistas?
El Ministerio Público documentó que capturistas de menor rango realizaron más de 70 movimientos irregulares y recibían cinco mil pesos por cada alta.
También detectó que algunos registros se hacían durante la madrugada y que se alternaban las cuentas de acceso para ocultar la operación.
¿A dónde asignaron las plazas?
Las plazas irregulares fueron asignadas principalmente a centros de trabajo ubicados en:
- Almoloya de Alquisiras
- Amecameca
- Ecatepec
- Luvianos
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Metepec
- Tejupilco
- Texcoco
- Toluca
- Zinacantepec
- Y Zumpango
¿Cuánto se calcula que ganó esta red?
La Fiscalía estimó que la red obtuvo de manera ilícita más de 96 millones de pesos sólo entre enero de 2025 y febrero de 2026, al recibir alrededor de cuatro millones de pesos quincenales, además de aguinaldos, primas vacacionales y bonos.
El monto podría aumentar si se acredita la continuidad de las operaciones desde 2021.
¿Qué revelan los expedientes?
En el expediente también se señala que varios investigados se asignaron una o más plazas docentes con salarios aproximados de 50 mil pesos mensuales, que mantenían con licencias presuntamente irregulares para conservar derechos laborales, efectos jubilatorios o ingresos en caso de perder cargos de confianza.
La carpeta de investigación consta de 30 tomos y alrededor de 12 mil fojas, con entrevistas, peritajes, documentos e inspecciones.
La Fiscalía sostuvo que aún revisa la posible participación de otros servidores públicos y dependencias.
Entre los investigados se encuentran exfuncionarios de alto nivel de la administración estatal 2017-2023, servidores públicos en activo de la Oficialía Mayor y de la Secretaría de Educación, así como particulares señalados como reclutadores.
También aparece relacionado un servidor público de la SECTI hallado sin vida el pasado 2 de abril, caso que se investiga bajo protocolo de homicidio.
