Un tribunal del Estado de México dictó 150 años de prisión contra Adrián Mauricio Sánchez Mitre, excomisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, tras encontrarlo culpable de secuestro exprés con fines de robo y extorsión, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
La sentencia se suma a una condena previa de 40 años de cárcel por homicidio, lo que consolida un perfil de alta peligrosidad criminal dentro de una estructura institucional.
Excomisario de Nicolás Romero acusado de privación ilegal de la libertad
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 4 de enero de 2023 en el mercado “29 de Junio”, donde la víctima operaba un puesto de ropa. El entonces mando policial llegó acompañado por seis policías municipales, quienes, bajo sus órdenes, sometieron, esposaron y trasladaron a dos personas en patrullas oficiales.
Las víctimas permanecieron privadas de la libertad durante aproximadamente dos a tres horas, periodo en el que el exfuncionario exigió 10 mil pesos a cambio de su liberación. Aunque el pago no se concretó, fueron liberadas bajo amenazas de muerte, configurando el delito de secuestro exprés agravado.
Operación Enjambre: combate a redes criminales dentro del Estado
La detención de Sánchez Mitre se realizó en el marco de la Operación Enjambre, estrategia enfocada en desarticular redes de corrupción dentro de corporaciones municipales vinculadas al crimen organizado.
En este operativo participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en coordinación con la fiscalía estatal.
El caso forma parte de una serie de acciones contra funcionarios y exfuncionarios señalados por vínculos con estructuras delictivas o por utilizar cargos públicos para facilitar delitos de alto impacto.
La sentencia contra el excomisario no solo representa una sanción ejemplar, sino que evidencia la infiltración del crimen en corporaciones locales y la utilización del aparato de seguridad pública para delinquir, uno de los principales desafíos estructurales para la justicia en México.
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