Con 35 expedientes legales por diversas irregularidades, usuarios de agua potable de Veracruz y Medellín de Bravo exigieron este viernes, ante el Poder Judicial federal, el retiro de la concesión por 30 años que se otorgó a empresarios españoles constituidos en el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) en 2016, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
En los juzgados del Séptimo Circuito con sede en Boca del Río, usuarios organizados pidieron que el desacato de la sentencia para regularizar los certificados sanitarios que exigen las NOM-230-SSA1-2002 y NOM-179-SSA1-1998 para administrar el agua y saneamiento de Veracruz y Medellín de Bravo sea la punta para resolver los demás expedientes y retirar la concesión.
El 4 de noviembre del 2024, un juez federal sentenció al Grupo MAS a presentar los certificados sanitarios, los cuales no ha presentado después de ocho meses, por lo que manifestantes exigen que se resuelva el retiro de la concesión que se le otorgó en el 2016 bajo el esquema de inversión pública-privada para dar servicio a más de 400 mil usuarios en Veracruz y Medellín de Bravo.
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¿A qué está obligado el Grupo MAS?
La concesión obliga a Grupo MAS a prestar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de manera continua y bajo estándares de calidad.
Además, al saneamiento de aguas residuales, que se mantengan debajo de los volúmenes que se generan y que un porcentaje considerable se vierte al mar a través de los drenajes pluviales.
En caso de no cumplir, la empresa se arriesga a una multa equivalente a 230 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y a la terminación anticipada del contrato, con la posterior reversión de los servicios a los municipios, sin costo.
Debido a esta situación, la mañana de este 5 de septiembre, decenas de usuarios que promovieron este amparo se manifestaron a las afueras del edificio del Poder Judicial federal en Boca del Río, para que la empresa privada cumpla con este requisito federal.
