La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos comenzó a citar a declarar a los 15 integrantes del Cabildo de Cuernavaca, incluido el alcalde José Luis Urióstegui Salgado, como parte de las investigaciones por el asesinato del regidor de Morena y activista social Gabriel Rivas Ríos, ocurrido el pasado 4 de noviembre.
El fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó que las comparecencias también alcanzarán a otros funcionarios de la administración municipal, debido a que varias de las líneas de investigación están relacionadas con decisiones del Ayuntamiento y conflictos que el regidor mantenía en el ejercicio de sus funciones.
La investigación se concentra, entre otros aspectos, en la oposición que Rivas Ríos sostuvo contra proyectos inmobiliarios y en sus diferencias con otros integrantes del gobierno municipal por la autorización de licencias para establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas.
Sin embargo, Blumenkron Escobar precisó que las indagatorias no se limitan a esos conflictos, pues existen otras líneas relacionadas con la actividad política del concejal, las cuales también deberán agotarse para esclarecer el homicidio.
Asesinato del regidor de Cuernavaca: amenazas denunciadas forman parte de la investigación
El llamado a comparecer de los integrantes del Cabildo ocurre después de las primeras diligencias ministeriales, que incluyeron el aseguramiento de la oficina y pertenencias del regidor asesinado, así como la revisión de antecedentes relacionados con las amenazas que había denunciado.
Antes de su muerte, Gabriel Rivas Ríos había presentado denuncias penales por amenazas que vinculaba con su participación en movimientos ambientalistas contrarios a desarrollos inmobiliarios en Cuernavaca.
Entre sus principales causas se encontraba la defensa del predio conocido como La Cazahuatera, una superficie de selva baja caducifolia ubicada al oriente de la capital morelense, donde la empresa Portenta Hábitat proyectaba construir un complejo residencial.
El regidor también había manifestado públicamente su oposición a otros proyectos inmobiliarios que consideraba perjudiciales para la ciudad, además de cuestionar decisiones administrativas relacionadas con el crecimiento urbano.
Advertencias sobre posibles problemas con la delincuencia
Otra de las vertientes que rodean el caso está relacionada con las denuncias públicas que el propio regidor realizó semanas antes de su asesinato, cuando aseguró haber recibido advertencias por su oposición a la revisión y eventual autorización de nuevas licencias para la venta de alcohol.
Rivas Ríos señaló entonces que el secretario del Ayuntamiento, Óscar Cano, y la regidora del Partido Acción Nacional (PAN), Paz Hernández Pardo, tenían conocimiento de esas amenazas.
Según las declaraciones que hizo públicas el concejal, ambos le habrían advertido que su negativa a respaldar determinadas autorizaciones dentro de la comisión municipal encargada del tema podría ocasionarle problemas “con la maña”, expresión utilizada para referirse a grupos de la delincuencia organizada.
Estos señalamientos constituyen antecedentes de las diferencias que el regidor mantenía dentro del Ayuntamiento, aunque hasta el momento la Fiscalía no ha establecido públicamente que alguna de esas controversias haya sido el móvil del asesinato.
Alcalde, síndica y regidores deberán comparecer
El Cabildo de Cuernavaca está integrado por 15 servidores públicos: el presidente municipal José Luis Urióstegui Salgado, la síndica Paula Trade Hidalgo y 13 regidores de distintas fuerzas políticas, entre ellas PAN, Morena, PRI, Movimiento Ciudadano y Partido Verde Ecologista de México.
Las comparecencias anunciadas por el fiscal buscan recabar información sobre los conflictos, denuncias y diferencias que Gabriel Rivas Ríos mantuvo durante los meses previos a su asesinato.
- El concejal fue asesinado el 4 de noviembre en la colonia Ejidos de Acapantzingo, donde fue localizado dentro de su vehículo.
A seis días del crimen, la Fiscalía mantiene abiertas distintas líneas de investigación, mientras familiares, amigos y organizaciones sociales han exigido el esclarecimiento del homicidio y que se investiguen los posibles intereses políticos y económicos relacionados con las causas que defendía el regidor.
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