Comisiones legislativas del Congreso del Estado de México (EMX) iniciaron el análisis de una iniciativa que presentó la diputada local de Morena, María del Carmen de la Rosa Mendoza. El proyecto busca endurecer las sanciones contra quienes utilicen drones para vigilar, obtener información o planear delitos como robo, abigeato y despojo, con penas que podrían alcanzar hasta 18 años de prisión.
La propuesta plantea reformas al Código Penal mexiquense para incorporar como agravante el uso de aeronaves pilotadas a distancia. El documento sancionará a quienes utilicen estos aparatos como herramienta para:
- Observar el comportamiento de personas.
- Identificar condiciones de inmuebles.
- Recopilar información previa para cometer actividades ilícitas.
De acuerdo con la exposición de motivos, el Código Penal contempla actualmente penas de hasta 12 años de prisión por robo y abigeato, así como 10 años por despojo. Por esta razón, la legisladora consideró necesario actualizar el marco jurídico ante las nuevas modalidades delictivas que emplean tecnología.
Buscan frenar nuevas formas de planeación del delito
La diputada María del Carmen de la Rosa argumentó que recientemente se ha detectado el empleo de drones como mecanismo de observación y estudio previo para cometer delitos patrimoniales, situación que —afirmó— genera preocupación e incertidumbre entre la ciudadanía.
La iniciativa considera aplicar el aumento de penas cuando las aeronaves estén equipadas con dispositivos capaces de captar fotografías, video o audio, ya sea de forma directa o mediante medios electrónicos, para vigilar o premeditar conductas ilícitas.
Además del incremento en prisión, también se propone elevar las multas económicas de uno a tres tantos del valor de lo robado, sin excluir otras sanciones cuando existan agravantes adicionales o se configuren otros delitos relacionados.
Iniciativa entra a etapa de análisis
Durante el arranque de la revisión legislativa, la diputada promovente expresó apertura y disposición política con las distintas bancadas para fortalecer el contenido del proyecto mediante observaciones y ajustes técnicos que permitan consolidar el dictamen y el proyecto de decreto.
En su momento, los grupos parlamentarios coincidieron en la importancia de la propuesta legislativa y, al mismo tiempo, expresaron sus puntos de vista para perfeccionar su contenido.
Por último, la diputada autora de la iniciativa expresó la importancia de recabar la opinión técnica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a fin de robustecer la propuesta, pues reconoció su importancia como institución encargada de la procuración y administración de justicia en el territorio mexiquense.
Sostuvo que reducir la incidencia delictiva es un elemento clave para fortalecer el Estado de derecho, brindar mayor certeza a la población y contribuir al desarrollo económico de comunidades y zonas urbanas del Estado de México.
La propuesta deberá continuar su proceso de discusión y análisis en comisiones antes de ser dictaminada y, posteriormente, enviada al pleno para su eventual votación.
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