La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró un inmueble y aproximadamente dos mil litros de diésel en el municipio de Jiutepec, en Morelos, como resultado de un cateo efectuado dentro de una investigación por el presunto almacenamiento ilegal de hidrocarburos.
La Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Morelos cumplimentó la diligencia, una vez que se obtuvo la orden judicial correspondiente.
Con ello, las autoridades federales procedieron al aseguramiento del predio y de los materiales localizados en su interior, los cuales quedaron bajo resguardo para la integración de la carpeta de investigación.
La investigación federal
Durante la intervención, personal de la Policía Federal Ministerial adscrito a la Agencia de Investigación Criminal contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.
En el lugar se localizó un tanque con capacidad de hasta 25 mil litros que contenía alrededor de dos mil litros de un líquido con características propias del diésel.
De acuerdo con la información oficial, el hallazgo refuerza las líneas de investigación relacionadas con el probable almacenamiento ilícito de hidrocarburo, un delito del orden federal que se encuentra bajo competencia directa de la FGR.
Los objetos asegurados
Además del combustible, durante el cateo, las fuerzas federales aseguraron libretas y blocks con diversa información, dinero en efectivo y una computadora, objetos a los que se les considera indicios relevantes para el desarrollo de la indagatoria, por lo que quedaron a disposición de peritos especializados.
Expertos en criminalística, fotografía, química, así como en ingeniería y arquitectura forense analizarán dicho material para determinar su posible relación con los hechos que se investigan y fortalecer los elementos probatorios del caso.
Resguardo del inmueble y continuidad de las indagatorias
Al concluir la diligencia, el inmueble quedó formalmente asegurado y bajo custodia de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca para que el Ministerio Público de la Federación continúe con las investigaciones correspondientes y, en su momento, determine las responsabilidades legales que procedan.
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