El gobierno de Morelos someterá a escrutinio del Congreso estatal la prohibición de que las motocicletas locales circulen con placas de otros estados, particularmente de Guerrero, debido a que esta característica es parte del fenómeno criminal en el que se utiliza dichos vehículos para cometer delitos, entre ellos asesinatos dolosos.
La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, declaró que la propuesta será enviada al Poder Legislativo, una vez que los diputados se reincorporen a las sesiones ordinarias en febrero próximo y será parte de otras iniciativas que buscarán aceptación inmediata de los representantes populares.
¿Por qué buscan prohibir documentos de Guerrero?
En entrevista, la mandataria morelense subrayó que la propuesta de reformas a las leyes de Tránsito y de Transporte para que ninguna motocicleta circule con permisos o placas del estado de Guerrero, tiene como objetivo frenar -por un lado- la ejecución de delitos a bordo de estos vehículos de dos ruedas y dificultar su robo, mientras que por el otro lado permitirá la rápida identificación de esos automotores, sus propietarios y eventuales responsables.
La medida, aclaró, será impositiva para las motocicletas que circulen en el territorio de Morelos, en tanto que los turistas quedarían exentos de dicha medida.
Fallaron intentos previos para ordenar a motocicletas
Desde 2015, las autoridades de seguridad de Morelos vieron en las motocicletas un vehículo de uso habitual para la comisión de actos ilícitos a manos de delincuentes tanto comunes, como organizados, desde el robo de vehículos hasta los asesinatos dolosos.
La idea del Gobierno de Morelos era poner orden con la portación de chalecos numerados para pilotos y para sus acompañantes; sin embargo, la medida ocasionó malestar y protestas de los grupos de conductores, también llamados “bikers”.
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En 2022 el ordenamiento de las motocicletas pasó por evitar que portaran permisos del Guerrero, ya que se detectó por esos años una gran cantidad de documentos y placas de carácter irregular y hasta falsos; las acciones legales incluyeron el cierre de oficinas de gestoria vehicular lideradas por particulares.
La propuesta tampoco caminó, principalmente, por oposición de diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC) y Nueva Alianza (NA), a quienes las autoridades de entonces recriminaron no sólo por “evitar el avance gubernamental”, sino también por “colaborar” con grupos delictivos, lo que de suyo solo mantenía la violencia en las calles.
